Corte total en Puente La Noria y tensión con la Policía por el reclamo de trabajadores de La Salada

Trabajadores de La Salada que reclaman la reapertura de sus comercios cortaban esta mañana de manera total el Puente La Noria, luego de la detención de Jorge Castillo, líder del polo más grande de Latinoamérica.

Son más de 300 los feriantes que cortan de manera total Camino Negro, por lo que hay fuerte presencia policial en la zona, lo que genera grandes demoras en el tránsito. Los manifestantes se enfrentan a las fuerzas de seguridad que intentasn aplicar el protocolo antipiquetes. Hubo piedrazos y balas de goma.

“Hace cinco ferias que no trabajamos, la clausuraron y no tenemos respuesta. Yo soy carrero, transporto la mercadería de los puesteros y nos quedamos sin laburo”, expresó uno de los trabajadores.

Por su parte, la miniustra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, apuntó al gobierrno de Axel Kicillof por la situación con los feriantes de La Salada: “Estamos trabajando para liberar el tránsito en el Puente La Noria, pero nuestras fuerzas federales están siendo atacadas con una lluvia de piedras. ¿La Policía Bonaerense de Kicillof va a aparecer siempre tarde? ¿Es tierra de nadie? En la provincia de Buenos Aires se tiene que terminar con la doctrina pro delincuentes. Con los violentos no se dialoga, se los identifica y se los detiene”, posteó la funcionaria libertaria en su cuenta de X.

El pasado 22 de mayo, Jorge Castillo, conocido como el Rey de La Salada, fue detenido luego de más de 60 allanamientos dispuestos por la Justicia y llevados a cabo por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia de Buenos Aires y el Conurbano durante los cuales además se secuestró documentación de interés y grandes sumas de dinero en efectivo, y se clausuró la feria.

En una operación sin precedentes, la Justicia Federal y la PFA concretaron los procedimientos en simultáneo en distintas ferias, oficinas, domicilios y depósitos vinculados a una compleja estructura de evasión fiscal y lavado de activos que operaba desde el polo comercial conocido como “La Salada”, en Lomas de Zamora.

El operativo, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nro 2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Luis Antonio Armella y la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora a cargo de la Dra. Cecilia Incardona, es el resultado de una investigación iniciada en 2023 por la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, que logró identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 personas involucradas y múltiples maniobras de blanqueo de capitales.

Durante los allanamientos —que contaron con la participación de la Dirección General de Aduanas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la División Canes y personal especializado— se procedió al secuestro de importante documentación contable y societaria, dispositivos electrónicos, soportes digitales, así como dinero en efectivo, valores y registros de operaciones financieras que serán clave para el avance de la causa.

Asimismo, fueron detenidas varias personas, entre ellas los principales operadores y responsables de la administración de las ferias investigadas, tales como “Megapolo La Salada” y la feria “Urkupiña”, las que ya enfrentan imputaciones por asociación ilícita, lavado de activos y evasión impositiva agravada.

Uno de los detenidos es Jorge Castillo, más conocido como el Rey de La Salada, detrás de una de las ferias más importantes del país.

Las medidas fueron impulsadas tras meses de vigilancia, análisis de movimientos patrimoniales, que permitieron reconstruir la ruta del dinero desde las ferias hasta sociedades constituidas para aparentar operaciones lícitas.

En tanto, se detectó que una empresa, operaba como estructura contable legalizada para el presunto blanqueo de las millonarias recaudaciones en efectivo provenientes del comercio informal.

La operación, considerada de alto impacto por su alcance y objetivos, pone en el centro de la escena las conexiones entre comercio informal, delitos económicos complejos y estructuras de lavado en una de las zonas comerciales más emblemáticas del país.

Un pedido desde EEUU

Ya a principios de mayo, el Gobierno acusó recibo de las observaciones sobre los desafíos a la propiedad intelectual que la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos detalló en un informe que incluía a la feria de La Salada como mercado de productos falsificados y piratería tanto en Lomas de Zamora como en el Once y a lo largo de todo el país.

Allí, la administración Trump hace referencia al comercio irregular online de mercadería, a través de las redes sociales, así como al crecimiento de la piratería en Internet, y se queja de la “casi inexistente” legislación penal que sancione esa práctica.

En aquel momento, la Cancillería reaccionó ante el llamado de atención, que se repite todos los años, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, comprometió que la fiscalización se haría a partir de junio, aduciendo que el cambio de gobierno obligó a reestructurar organigramas y la agenda oficial de actividades.

“Está el tema de La Salada, de la venta por Internet. Ellos lo que dicen es: ustedes tienen la legislación, pero no tienen el enforcement, es decir, la aplicabilidad de la ley”, indicó. Hasta que, días después, la Justicia decidió actuar y arremeter contra la feria y sus principales directivos.

En ese aspecto, la Secretaría de Comercio comunicó días atrás que se encuentra asimismo en pleno desarrollo de un nuevo plan nacional de fiscalización en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior.

La cuestión de las patentes va más allá del enorme mercado informal que funciona paralelamente, pero a la vista, y la industria nacional farmacéutica tradicionalmente se enfrentó con las presiones de los lobbies norteamericanos para que se cumplieran las prácticas vigentes en el hemisferio norte.

Sobre el particular, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) emitió hace tiempo un comunicado en el que destaca que “si bien se mantiene a la Argentina dentro de la Priority Watch List, el gobierno de los Estados Unidos ha cambiado radicalmente su visión en lo que respecta al sector farmacéutico, pues ha desistido de objetar la política legislativa y regulatoria en materia de patentes farmacéuticas”.

La lista de EEUU

Si se observa la lista de países suministrada por la Administración de Joe Biden salta a la vista que la observación excede esos desafíos de larga data a la propiedad intelectual achacados a la Argentina.

Figuran Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela. Y en la lista de naciones seguidas, aunque no en orden prioritario, están Argelia, Barbados, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Guatemala, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía y Turkmenistán.

El gobierno norteamericano lleva más de una década mencionando sistemáticamente al complejo informal que funciona en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, al cual en su momento definió como “uno de los mayores mercados al aire libre de Latinoamérica” de comercio irregular.

Pero incorpora a la lista la continua venta online de productos falsificados a través de las redes sociales y el crecimiento de la piratería en internet, que adjudica a la “casi inexistente” legislación penal que sancione esa práctica.

“Los infractores rara vez reciben sentencias”

“La Policía argentina generalmente no actúa de oficio y cuando hay procesos legales estos languidecen con excesivas formalidades. Cuando algún caso llega a juicio, los infractores rara vez reciben sentencias”, lamentó el informe.

El organismo norteamericano señaló como otro desafío actual que “los innovadores sectores químico y del agro tienen una protección inadecuada contra el uso comercial desleal y frente a las filtraciones de tests y otros datos generados para obtener la aprobación de productos”.

En ese sentido, se alude a las limitaciones del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) que, según los norteamericanos, “continúa operando con un número reducido de examinadores de patentes, con recursos limitados que desafían la contratación y retención” de personal.

“La Argentina hizo un progreso limitado en materia de protección y cumplimiento de propiedad intelectual en 2023”, insistió el informe.

La evaluación de los Estados Unidos sobre propiedad intelectual, marcas y patentes se hace en contacto con cada uno de los países mediante una comisión mixta (TIFA, por sus siglas en inglés) y el foro de innovación, donde cada parte da su punto de vista y hace consideraciones sobre los temas planteados.

La visión institucional

Mario Grinman, presidente la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), había señalado que en los primeros meses del año “se observa una pequeña reducción de la venta ilegal, tanto en la comparación intermensual como en relación al mismo período de 2023. La cantidad de puestos de venta ilegal disminuyó en promedio en el bimestre febrero-marzo de 2024 un 6,3% respecto al mismo período de 2023”.

“La misma se concentra particularmente en algunas zonas, como Once y la Avenida Avellaneda. Estos barrios concentran las 10 cuadras más afectadas por la venta ilegal en toda la Ciudad de Buenos Aires”, explicó.

Asimismo, detalló: “Si nos enfocamos en piratería, en cambio, experimentó un fuerte crecimiento, destacándose Once como la zona de mayor influencia. Esta área de la Ciudad encabezó las falsificaciones en los rubros de Indumentaria y calzado, y de óptica, fotografía, relojería y joyería”.

Con información de agencias.

IG