Punto de Encuentro es un espacio de Amnistía Internacional para amplificar las voces y miradas de periodistas, comunicadoras y fotógrafas que trabajan en temas relacionados con mujeres y disidencias.
En un contexto de violencia creciente contra activistas de derechos humanos y ante la reducción de estas agendas en muchos medios masivos de comunicación, Amnistía Internacional y elDiarioAR se unen para dar un espacio destacado a contenido federal e inclusivo.
El rol de periodistas feministas ha sido clave en los avances de los últimos años y el ejercicio profesional riguroso y libre es clave para garantizar esas conquistas que son para toda la sociedad.
Punto de Encuentro pretende ser precisamente un espacio de coincidencia, pero también de debate constructivo. Porque no se puede ser feminista en soledad.
Sin medicación, sin insumos y sin respuestas: el aborto legal en crisis en Salta
La interrupción voluntaria del embarazo dejó de estar garantizada por el sistema público. El desfinanciamiento nacional y la inacción provincial afectan especialmente a las comunidades indígenas del norte salteño.
El derecho a decidir, conquistado con lucha, hoy se sostiene a fuerza de redes feministas ante la ausencia del Estado.
Sobre la tierra rojiza de Tartagal, a más de 360 kilómetros de la capital salteña, aún se sostiene uno de los derechos más golpeados de los últimos años: el derecho a decidir. En el norte de Salta, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo –garantizado por la Ley 27.610 desde 2021– se enfrenta a un desmantelamiento sistemático que opera en silencio, y que nuevamente va camino a convertirse en un privilegio de clase.
En este contexto las comunidades originarias son las más afectadas. Lejos de los centros urbanos, las mujeres wichí, guaraníes y chorotes enfrentan no solo la falta de insumos médicos, sino también barreras culturales, lingüísticas y territoriales. “Hoy estamos sintiendo lo peor que puede pasar en un país”, dijo Nancy López, líder weenhayek-wichi de la comunidad Ocku Puckie en Salta. “El hospital ya no te da nada. Antes te daban una tableta y vos comprabas otra. Ahora sólo te dan un papel para que compres todo. Y muchas veces no tenés ni para una”, expresó apenas pasadas las 8 de la mañana de un martes, ya que ni bien terminase de hablar tendrá que salir a los “territorios” para continuar el trabajo de lucha y resistencia de las comunidades indígenas.
En el norte de Salta, hablar de aborto implica también romper silencios: sin recursos, sin traducciones y sin respuestas, las comunidades organizan talleres como espacios de resistencia.
Ese “papel” es una receta. Un papel que, traducido al mercado, vale 110.432 pesos: el costo actual de una caja de misoprostol en farmacias privadas, según confirmó la médica Miranda Ruiz, garante de IVE/ILE en el Hospital Público Juan Domingo Perón. Ese hospital —el tercero más grande de la provincia— ya no cuenta con stock de medicamentos. “Desde la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria se dan 15 turnos todos los lunes a la mañana. Pero no tenemos medicación desde hace meses” por lo que “se les da receta para que compren”, resumió Ruiz, quien en 2021 había sido imputada por aborto sin causal, pero fue sobreseída poco más de un año después por el Poder Judicial salteño.
Un Estado ausente, una ley quebrada
Macarena Villena, médica de familia e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, lo dijo sin rodeos: “Tenemos ley, pero no tenemos medicación. El acceso está quebrado. Y se está elitizando”. Aseguró que desde marzo, no hay distribución pública de misoprostol ni de mifepristona en Salta. Como efectora asegura que las compras que venían haciendo la provincia también se interrumpieron. “Nos dijeron que no hay autorización para seguir comprando. Y lo poco que llega no cubre la demanda”, denunció. Este medio intentó comunicarse con las autoridades a cargo —Javier Sapura, supervisor de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera de Salud de Salta, quien dijo estar de licencia; y Patricia Leal, en Maternidad e Infancia; y — pero no recibió respuestas a las consultas.
Macarena Villena, médica del Hospital Juan Domingo Perón: “Tenemos ley, pero no medicación. El acceso está quebrado y se está elitizando”.
Lo cierto es que desde diciembre de 2023, el gobierno nacional de Javier Milei avanzó con una política de recorte total en los programas de salud sexual y reproductiva. No se autorizaron partidas para compra de medicamentos, anticonceptivos ni insumos básicos. Además, se desarmaron programas y equipos técnicos, y se interrumpieron las líneas de capacitación a profesionales. El Ministerio de Salud no renovó contratos ni continuó la distribución de misoprostol y mifepristona, esenciales para garantizar abortos seguros.
La consecuencia es clara y en la provincia el aborto legal dejó de ser gratuito y pasó a ser un privilegio. “Estamos atendiendo mujeres que pueden trasladarse, que tienen obra social o que logran reunir el dinero. Las demás ni siquiera llegan a pedir turno”, explicó Villena. “¿Qué pasa con ellas? ¿Dónde están? ¿A quién recurren?”, se preguntó la profesional de la salud que fue una de las impulsoras públicas del debate por el aborto legal, seguro y gratuito en Salta. No tiene respuesta.
Para Villena, que ejerce en el principal epicentro de la provincia, el problema que se vive en Salta tiene nombre y apellido. “No hay voluntad política para garantizar la ley. El gobernador Gustavo Sáenz es antiderechos. Se alinea con Nación, que dejó de enviar medicación. Y mientras tanto, la provincia no reclama ni demanda nada. Se quedan callados, como si no fuera su responsabilidad”, denunció.
Las cifras que el Estado conoce (y desoye)
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta (OVcM) registró, en 2024, un total de 4.621 interrupciones voluntarias del embarazo. La demanda se concentra en mujeres de entre 21 y 30 años -- 1.331 en el grupo de 21 a 25 años, y 1.223 en el de 26 a 30—. Esta franja, que representa más del 55% de los abortos realizados, coincide con una población en edad fértil, activa, muchas veces jefa de hogar.
Aún así, hay otro dato, más urgente y más oscuro: durante el 2024 se realizaron 83 IVE y 19 ILE en niñas y adolescentes de entre 10 y 15 años. Más de cien casos en menores, lo que significan casos atravesados por la violencia sexual, la falta de educación sexual integral, el miedo y el silencio. Ante lo que debería ser motivo de escándalo y la posibilidad de reforzar las políticas públicas, estas se desmantelan.
La conversación como herramienta de cuidado y de acceso: en las comunidades indígenas, el debate sobre aborto sólo puede darse en lengua propia y con respeto a la cultura.
Las interrupciones legales del embarazo, por causales como violación o riesgo de vida, sumaron 382 en todo el año. Febrero fue el mes con más casos (49), y julio el más bajo (12). Por edades, la distribución es similar: la mayoría de las ILE (93) se realizaron en mujeres de 21 a 25 años, seguidas por el grupo de 26 a 30 (85). Pero la presencia de niñas en esos datos (19 entre 10 y 15 años) revela un dato más profundo: la violencia estructural sigue operando en los cuerpos más vulnerables, sin que haya una respuesta estatal integral.
La comparación entre IVE e ILE por grupo etario refleja el mismo patrón, donde el aborto en Salta se muestra como una necesidad transversal, concentrada en mujeres jóvenes, con capacidad reproductiva activa. La diferencia es que la ILE, por definición, representa situaciones críticas. Y esas situaciones no son atendidas como tales.
Si algo dejó el debate público por el derecho al aborto fue la consciencia de que detrás de cada cifra hay una historia. Sin embargo, hoy se visibiliza una ausencia porque mientras los números muestran la demanda, el sistema de salud pública no está preparado para responder. “El derecho a decidir está condicionado a lo que consigas en la farmacia o a lo que puedan donar las redes feministas”, sentenció Villena.
Las barreras invisibles: idioma, territorio, cultura
En las comunidades indígenas, esas barreras se vuelven muros. “Siempre he dicho que si hablo de aborto, las mujeres no lo aceptan. Creen que es un crimen”, dijo Nancy López. Pero esa resistencia no es caprichosa, puesto que muchas veces es producto del desconocimiento, de la falta de información en la lengua materna, de protocolos que no consideran las culturas locales. “Los papeles están en castellano y con palabras que muchas no entendemos. Si no entendés, no podés aceptar”, explicó.
Por eso, un grupo de mujeres indígenas impulsó la creación de cartillas traducidas al wichí y al guaraní, acompañadas por audios en lengua originaria. “Cuando lo escuchan en su idioma, lo entienden. Y ahí empieza el debate”, contó Nancy. Relató que este año, con esfuerzo propio, lograron hacer talleres en dos comunidades. En uno de ellos participaron 78 mujeres. Pero sin movilidad, sin talleristas, sin financiamiento estatal, la tarea es lenta. “Avanzamos igual. Despacio, pero avanzamos”, repitió Nancy.
Nancy López, líder weenhayek-wichi de la comunidad Ocku Puckie, sostiene talleres, huertas y una radio comunitaria: “No tenemos ayuda, pero seguimos”.
Fue en diciembre del 2021, que un grupo de mujeres, entre las que se encontraba Nancy López, dieron a conocer la creación de una herramienta pensada desde sus territorios, sus lenguas y sus cuerpos. Se trató de “Cuerpos y libertades”, una colección de materiales traducidos e interpretados a los idiomas wichí, guaraní, toba y chorote, que adapta los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación para la atención integral en casos de violación sexual y para el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE).
Más de veinte personas participaron de este trabajo colectivo junto a traductores especializados, que asumieron el desafío de trasladar al lenguaje propio de cada comunidad no solo las palabras, sino los sentidos, las prácticas y los derechos. El objetivo era garantizar que cada persona pueda tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva sin que la barrera idiomática sea un obstáculo. “No hay anticonceptivos. No hay nada”
En Tartagal, Pamela Justiniano -responsable de la Dirección de Mujeres y Diversidad- denunció una situación alarmante. “No hay anticonceptivos. Ni pastillas, ni inyectables, ni preservativos. Hace meses que no llega nada”, expresó. En ese sentido, dijo que la falta de insumos básicos deja a miles de mujeres y personas del colectivo LBGTIQ+ sin posibilidad de elegir, sin protección frente a infecciones, sin alternativas. “Los kits de salud sexual están vacíos. Y los programas de atención en barrios y comunidades están paralizados”, detalló.
Además de los insumos, también dijo que faltan vínculos institucionales. Para ingresar a las comunidades indígenas, dijo que su equipo necesita autorización desde el CIC Rural. Pero, con el cambio de autoridades, esa articulación se cortó este año. “La nueva dirección no responde. Hay que mandar notas, esperar semanas. Y muchas veces nos dicen que no”.
Justiniano también afronta una gestión con recortes. “Nos dijeron que no hay recursos para seguir haciendo territorio. Que salgamos lo menos posible”, lamentó. Ante ello, la planificación de acciones ahora se reconfigura desde la precariedad: visitan comedores y merenderos con recursos propios, recolectan ropa en eventos, y apelan a la colaboración de negocios locales para ayudar en fechas clave como el Día de la Madre o del Niño.
Información: clara pero también accesible. Traducidas al wichí, guaraní, toba y chorote, las cartillas “Cuerpos y libertades” fueron creadas por mujeres.
La situación también se agrava por los obstáculos logísticos. “Antes realizaban operativos desde una articulación multidisciplinaria, donde llegaban a los territorios equipos de Salud, Educación, Género”, entre otros. También, la oficina que dirige Pamela casi fue trasladada a la terminal de Tartagal, lejos del circuito de instituciones claves como el 911 o Ciudad Judicial. “Nos negamos, porque es fundamental estar cerca. Es el único recurso humano que tenemos para acompañar a una mujer en situación de violencia. No se puede ir sola”, insistió.
La red, la trinchera, la esperanza
Sin Estado, sin medicamentos, sin recursos, lo que queda es la red, sean profesionales, indígenas y feministas. “Volvimos a coordinar con el Socorro (Rosa de Salta) como antes de que exista la ley. Armamos redes de donación de medicación. Y esto no debería pasar. Ya no”, dijo Villena. A modo de ejemplo, contó que en Cafayate, gracias al esfuerzo de una psicóloga del hospital, logran entregar parcialmente misoprostol a quienes consiguen la mifepristona por su cuenta.
Lo cierto es que la urgencia por garantizar el derecho a decidir también se une a la urgencia por comer. En un contexto socio económico alarmante para el país, las salidas se sostienen desde las redes, principalmente de mujeres. Nancy López, contó que mientras intentan dialogar sobre el derecho al aborto, en paralelo llevan adelante otros procesos, como la elaboración de huertas comunitarias y trabajos con artesanas junto a organizaciones de la sociedad civil. Además, sostienen la Radio La Voz Indígena, sin auspicios. “No tenemos ayuda, pero seguimos. Porque la radio siempre fue nuestra herramienta para decir la verdad”, manifestó.
Sin anticonceptivos ni insumos, las acciones en territorio se reconfiguran con recursos propios y voluntad colectiva. En Tartagal, la urgencia es diaria
En la diaria, desde la Dirección de Mujeres y Diversidad son testigos del deterioro social. “Las mujeres vienen y te dicen que no tienen ni para comer. Te muestran fotos de casas hechas de plástico. Es tremendo cómo está golpeando la crisis”, contó. En muchos casos, la ayuda se reduce a un módulo alimentario esporádico o a gestiones que hacen con el área de Desarrollo Humano o colectivos barriales.
La situación en comunidades indígenas es particularmente delicada. “Hay mucha discriminación, cuesta mucho que se acerquen. Y cuando lo hacen, si no podemos darles algo concreto, se sienten defraudadas”, expresó. Sin capacitaciones ni recursos sostenidos, la tarea de acompañar se vuelve cuesta arriba.
A pesar de todo, Justiniano afirmó que siguen saliendo al territorio, aunque sea “arañando”. Sostienen talleres, acompañan trámites judiciales y se organizan en red. “No vamos a dejar de salir. Aunque sea con lo que tenemos, vamos a seguir llegando”, afirmó.
En la misma sintonía, Nancy López dijo que están “tratando de que no se caiga todo. Es difícil, pero si avanzamos lento, avanzamos igual. Como decimos entre nosotras: hay que arañar el año (hacer todas las acciones posibles), pero hay que llegar”. En esa frase está la síntesis de una lucha que no claudica y que se enfrenta al desprecio de quienes gobiernan.
ML / MA
Sobre la tierra rojiza de Tartagal, a más de 360 kilómetros de la capital salteña, aún se sostiene uno de los derechos más golpeados de los últimos años: el derecho a decidir. En el norte de Salta, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo –garantizado por la Ley 27.610 desde 2021– se enfrenta a un desmantelamiento sistemático que opera en silencio, y que nuevamente va camino a convertirse en un privilegio de clase.
En este contexto las comunidades originarias son las más afectadas. Lejos de los centros urbanos, las mujeres wichí, guaraníes y chorotes enfrentan no solo la falta de insumos médicos, sino también barreras culturales, lingüísticas y territoriales. “Hoy estamos sintiendo lo peor que puede pasar en un país”, dijo Nancy López, líder weenhayek-wichi de la comunidad Ocku Puckie en Salta. “El hospital ya no te da nada. Antes te daban una tableta y vos comprabas otra. Ahora sólo te dan un papel para que compres todo. Y muchas veces no tenés ni para una”, expresó apenas pasadas las 8 de la mañana de un martes, ya que ni bien terminase de hablar tendrá que salir a los “territorios” para continuar el trabajo de lucha y resistencia de las comunidades indígenas.