La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, hoy rebautizada como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), intentó cobrar más impuestos a las grandes tecnológicas durante el gobierno de Alberto Fernández, pero en la mayoría de los casos no lo consiguió. El organismo apuntó por sus beneficios impositivos, con éxito dispar, contra Mercado Libre, Meta (Facebook), Uber y Netflix.
Las compañías tecnológicas son grandes jugadores en la economía global actual; sus ganancias son potenciadas con estrategias de elusión fiscal que, en muchos casos, son impulsadas por un lobby ante distintas instancias de poder y alimentadas por la cercanía entre empresarios y políticos, según pudo documentar la investigación transnacional La mano invisible de las Big Tech, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y Agencia Publica, con la participación de elDiarioAR en Argentina.
Mercado Libre, empresa emblemática de los “unicornios” argentinos que comenzó como una start-up en 1999, goza de exenciones impositivas del Estado desde 2007. La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York desde ese mismo año y se convirtió en una de las más potentes tecnológicas de América Latina, con ingresos netos que superaron los 20.000 millones de dólares en 2024, según sus estados financieros.
La empresa todavía recibe ayuda pública, que despertó acusaciones de lobby supuestamente realizado por su fundador, Marcos Galperín. Mercado Libre recibió US$ 298 millones de dólares como beneficios por exenciones impositivas y descuentos en los aportes patronales desde 2022 hasta junio pasado, según consta en la información presentada por la compañía ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.
En agosto de 2022, la AFIP —que se encarga de recaudar los impuestos en el país— presentó una denuncia administrativa interna contra Mercado Libre por presunta evasión de impuestos y de contribuciones patronales entre 2017 y 2019, al considerar que la compañía había obtenido los beneficios impositivos del Régimen de Promoción del Software sin cumplir con los requisitos para hacerlo, según confirmaron tres altas fuentes oficiales involucradas con el caso tanto en el Ministerio de Economía como en la agencia tributaria. Las fuentes mantuvieron la reserva de su identidad porque tanto la denuncia como otra información involucrada en esta investigación está protegida por el secreto fiscal. Aquel régimen del software fue reemplazado en 2019 por otro llamado Ley de Economía del Conocimiento, cuando la empresa fue acusada de hacer lobby para que se aprobara esa nueva normativa.
Para conseguir las exenciones impositivas de ese régimen (que estuvo vigente hasta 2019), las compañías debían demostrar que su actividad principal era la industria del software, lo que incluía la creación, el diseño, la producción y la implementación de sistemas informáticos. La denuncia argumentó que la mayor parte de la facturación de Mercado Libre provenía de las comisiones por las ventas de comercio electrónico, pero no de la generación de software que, además, la empresa destina a su propia actividad comercial. Finalmente, la autoridad de aplicación del régimen, la Secretaría de Economía del Conocimiento del gobierno de Alberto Fernández, dictaminó que la empresa estaba bien encuadrada dentro del beneficio porque consideraban que cumplían los requisitos.
¿Cómo impactaron los beneficios impositivos en los números de Mercado Libre? En 2019, el año que estuvo bajo investigación de AFIP, la compañía recibió descuentos del impuesto a las ganancias y de contribuciones patronales por US$19,9 millones, según consta en el balance que la compañía presentó ante la SEC de Estados Unidos.
La AFIP estaba encabezada en ese momento por Carlos Castagnetto, hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que la Dirección General Impositiva (DGI) era dirigida por la exsenadora santacruceña Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, el hijo de la entonces vicepresidenta. La denuncia contra Mercado Libre, llevaba la firma del entonces subdirector general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, Alejandro Otero, según pudo reconstruir esta investigación a través de distintas fuentes del organismo.
La denuncia administrativa fue elevada a la autoridad de aplicación del régimen, que era la Secretaría de Economía del Conocimiento, encabezada por Ariel Sujarchuk, quien reportaba al entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Sujarchuk consultó al área técnica y finalmente la directora nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento, Mariana Ferreira, que sigue en el cargo, firmó un dictamen rechazando la denuncia contra Mercado Libre con el argumento de que cumplía los requisitos para estar dentro del régimen, según funcionarios a cargo del asunto. Tres altos funcionarios involucrados en el caso confirmaron la información a este equipo.
Una de esas fuentes recordó que la compañía de Galperin, el hombre más rico de la Argentina, ya estaba inscripta en ese régimen desde 2007, autorizada entonces por el gobierno de Néstor Kirchner. Este equipo intentó contactar con los responsables de la AFIP en ese momento, así como con Sujarchuk y Ferreira, para conocer más detalles sobre esa resolución, pero los involucrados no respondieron la consulta. Se consultó a las autoridades de entonces y actuales de la Secretaría de Economía del Conocimiento, pero se ampararon en el secreto fiscal que resguarda la información tributaria de cualquier contribuyente, incluido Mercado Libre, para evitar comentarios.
No fue la primera vez que los técnicos de la agencia tributaria cuestionaron los beneficios fiscales que recibía Mercado Libre. Aunque con distinto color político, la AFIP también había intentado que la compañía pagara más impuestos durante el gobierno de Mauricio Macri, pero tampoco lo logró.
En septiembre de 2017, el entonces subdirector general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de AFIP, Juan Carlos Santos, había denunciado a la compañía con una premisa muy parecida a la que se intentó impulsar en 2022: que la mayoría de sus empleados no se dedicaban al desarrollo de software, sino al comercio electrónico.
La denuncia fue elevada al ministro de Producción de Macri, Francisco Cabrera. Dos meses más tarde, en diciembre de 2017, la demanda fue rechazada con el mismo argumento, según se pudo reconstruir con el testimonio off the record de dos de los altos funcionarios involucrados en la denuncia de 2022.
Mercado Libre estaba bien encuadrada en las ventajas impositivas y patronales que otorga el régimen, consideró el entonces ministro Cabrera. Alegó que la empresa se dedicaba a desarrollar software para quienes vendían por su plataforma y que cobraba comisiones por esas actividades, que a su vez representaban el 97% de sus ingresos. La denuncia de 2017 involucraba impuestos y contribuciones que la compañía había dejado de pagar por 500 millones de pesos argentinos, equivalentes entonces a US$28,5 millones, por los balances de años anteriores, según consta en la demanda de la AFIP.
Ante la consulta de este equipo, el exministro Cabrera explicó la decisión tomada al considerar que existía un decreto reglamentario de esa ley que explicitaba que daba por válidos los desarrollos de software para el propio uso de la compañía si el beneficiario final era un usuario externo, “como es el caso de los vendedores y compradores de Mercado Libre”. Y agregó: “No es solo una opinión técnica local; es la forma en la que están hechos estos regímenes de promoción en muchos lugares del mundo”.
Tres meses después del caso, en marzo de 2018, el entonces jefe de la AFIP, Alberto Abad, renunció a su cargo. La disputa por Mercado Libre fue una de las varias peleas internas que mantuvo durante el gobierno de Macri. Fue reemplazado por Leandro Cuccioli, que permaneció allí hasta 2019. Años después, en 2024, Cuccioli fue nombrado vicepresidente de Mercado Libre. La afinidad ideológica de Galperin con el macrismo es públicamente conocida, ya que durante su gestión el fundador de Mercado Libre volvió a vivir en Argentina tras 14 años instalado en Uruguay.
CLIP y elDiarioAR enviaron un cuestionario a Mercado Libre para preguntar por estas denuncias de AFIP y por la relación de Galperín con el gobierno de Macri, pero desde la compañía no respondieron las preguntas.
Los beneficios para Mercado Libre
El Régimen de Promoción del Software fue una iniciativa impulsada en 2004 por Néstor Kirchner para potenciar una industria conformada mayormente por pequeñas y medianas empresas argentinas con potencial de crecimiento. Aunque Mercado Libre ya destacaba en ese universo, todavía estaba lejos de convertirse en una de las empresas más valiosas de América Latina, como ocurriría años después.
El régimen tenía fecha de vencimiento a finales de 2019, y por eso el gobierno de Mauricio Macri promovió un marco normativo incluso más amplio llamado Economía del Conocimiento, que abarca también a la producción audiovisual, la biotecnología, los servicios geológicos, la nanotecnología y la industria aeroespacial, entre otras actividades. Para las empresas, el objetivo era mantener o, incluso, aumentar los beneficios impositivos que ya les otorgaba el Estado a través del régimen todavía vigente.
Macri presentó el proyecto de ley el 12 de marzo de aquel año, tras una reunión con este amplio sector. Allí estuvo junto a Galperín, entre otros empresarios. “Hoy presentamos el proyecto de ley para la Economía del Conocimiento. Es importante porque este sector es uno de los más dinámicos en el país: en 2018 generó US$ 5.300 millones en exportaciones y es nuestro tercer complejo exportador”, escribió el entonces presidente en su cuenta de Twitter.
Macri publicó este posteo junto a un video con el CEO de Mercado Libre: “Contento de estar enviando al Congreso este proyecto de Ley de Economía del Conocimiento, que va a ayudar muchísimo a generar empleo, a mantener a Argentina competitiva en una industria donde todos los países de la región están haciendo todo lo posible por atraer y retener el talento que nosotros tenemos. Esperamos que sea aprobado en el Congreso”, dijo Galperín ante la cámara.
A diferencia de la ley de software, el nuevo proyecto mencionaba explícitamente al comercio electrónico, principal actividad de Mercado Libre. Es decir, la compañía eludía de esta manera el cuestionamiento que le había hecho la AFIP (y que ya había rechazado el gobierno de Macri) por una interpretación sobre la creación de software. Altas fuentes del organismo tributario consultadas por esta alianza consideran que, de este modo, quedó zanjada la discusión de que Mercado Libre efectivamente estuviera encuadrada dentro del nuevo régimen de promoción impositiva.
La nueva ley también otorgaba beneficios: si el antiguo régimen reducía a las empresas beneficiarias el impuesto a las ganancias a una tasa efectiva del 12% y les recortaba el 70% de las contribuciones patronales, con la nueva norma pagarían 15% sobre sus ganancias y mantendrían la rebaja de aportes a la Seguridad Social del régimen anterior.
Poco más de un mes después de presentado el proyecto, el 24 de abril de 2019 fue aprobado por la Cámara de Diputados, con 182 votos a favor y sólo dos en contra. Se logró un inusual consenso entre la coalición gobernante, Cambiemos, y la oposición peronista. Únicamente votaron en contra los dos diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), una alianza de partidos trotskistas.
Nicolás del Caño, diputado del FIT, cuestionó durante el debate parlamentario que con la nueva ley se beneficiaba “la apropiación privada de las grandes empresas del conocimiento” y mencionó a “Galperin, un empresario amigo de Macri, que cuando el presidente presentó este proyecto se lo veía muy feliz haciendo lobby para que este Congreso sancione esta norma”.
El día de la aprobación, el CEO de Mercado Libre celebró por Twitter el “rotundo apoyo de todas las bancadas”. Una persona le recordó en un intercambio por esa red social que la izquierda había votado en contra, entonces el empresario le respondió: “Mientras tanto, el comunismo en China se enfoca en hacer crecer su industria del conocimiento, a la cual ven como una de las principales áreas de innovación y creación de riqueza y empleo. #izquierdadecabotaje #sintonizanenblancoynegro”.
Días después de la media sanción de la ley, el dirigente social peronista Juan Grabois acusó a Mercado Libre por supuestos “contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal”, al tiempo que objetó que incluyera a esta empresa entre los beneficiarios de las leyes del software y de la economía del conocimiento.
Como ocurrió en la Cámara de Diputados, en el Senado también hubo acuerdo entre los bloques mayoritarios para aprobar por unanimidad (49 votos a favor, cero en contra) la Ley de Economía del Conocimiento. El senador peronista Mario Pais, cercano al kirchnerismo, había sido crítico de la nueva ley durante el debate parlamentario por los beneficios para Mercado Libre y hasta adelantó que votaría en contra, pero finalmente apoyó la iniciativa.
“Tal vez no quiero que este esfuerzo fiscal vaya a grandes empresas como Mercado Libre o los laboratorios concentrados internacionales. Es que lamentablemente, con dolor en el alma, quería fundar mi voto negativo a este proyecto por las falencias de orden económico y constitucional que estoy señalando”, había argumentado el senador peronista.
El oficialista Esteban Bullrich, cercano a Macri, le contestó: “En lugar de pensar que es una pena que estas empresas crezcan, hay que pensar que ese crecimiento genera empleo. No sintamos vergüenza de que las grandes empresas se conviertan en más grandes”. El senador Federico Pinedo, cercano a Macri, también defendió a Mercado Libre.
Pais volvió a cargar contra la compañía: “Pero ya es grande Mercado Libre. Cuando fue chica, bienvenida sea la promoción y el esfuerzo fiscal de todos los argentinos para promoverlas. Una vez que son grandes, cuando son multinacionales, como Bayer, Gador, Roche, Pfitzer, Glaxo, que pueden incorporar innovación tecnológica, no sé si podríamos precisarlo”.
Macri promulgó el 10 de junio de 2019 la Ley de Economía del Conocimiento (se publicó en el Boletín Oficial) y, ese mismo día, inauguró junto a Galperin un centro de desarrollo de Mercado Libre en Buenos Aires. “Hace muy poquito hemos logrado algo que también es muy bueno: dialogando, acordando con los emprendedores, el gobierno, senadores, diputados, hemos logrado casi por unanimidad una nueva ley para fomentar, para impulsar aún más la economía del conocimiento”, celebró el entonces presidente.
La simpatía pública entre Macri y Galperin quedó plasmada en el apoyo electoral del empresario, que pedía públicamente el voto para el entonces presidente durante la campaña. “Porque quiero que mis hij@s vivan en una República Democrática, con una justicia independiente, con libertad de prensa y de opiniones, con libertades individuales y mirando hacia el futuro”, escribió el empresario más rico del país en su cuenta de X junto a una foto del presidente con la inscripción “Yo lo voto”.
De hecho, Galperin se anotó como fiscal de PRO, el partido político creado por Macri, para garantizar sus votos en la provincia de Buenos Aires el día de la elección. Además, su hermano, Nicolás Galperin, hizo tres donaciones a título personal a la campaña electoral de Macri, que buscaba su reelección, por un total de $357.644 (equivalentes a 8000 dólares) el último día de julio de 2019, según consta en los registros de la Cámara Nacional Electoral.
Una nueva ley
Pese a su aprobación casi unánime, la Ley de Economía del Conocimiento, que iba a comenzar a regir en 2020, comenzó a ser cada vez más cuestionada por el peronismo. Días después de que Alberto Fernández fuera electo presidente, en enero de 2020, el nuevo gobierno suspendió la aplicación del nuevo régimen y propuso una reforma que reducía los beneficios de las grandes empresas, como Mercado Libre.
Con la derrota de Macri consumada, Galperín fue recibido por Alberto Fernández pero después de ese encuentro, en febrero de 2020, comunicó que se volvía a radicar en Uruguay, una decisión que mantiene hasta la actualidad. El hombre más rico de Argentina, cuya fortuna es cercana a los US$ 10.000 millones (según el ránking de la revista Forbes), fue alcanzado por el aumento dispuesto por Fernández para el impuesto sobre los bienes personales.
En junio de 2020, en plena cuarentena, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Economía del Conocimiento con el apoyo unánime del peronismo gobernante y de la oposición rebautizada como Juntos por el Cambio (JxC): 247 votos a favor y 2 en contra, del partido izquierdista FIT. “Desde Cambiemos dijeron que no aceptaban discutir ningún tema que no estuviese vinculado con la pandemia, pero ahora, llamativamente, estamos discutiendo el restablecimiento de la Ley macrista de Economía del Conocimiento que pidió nada más y nada menos que Marcos Galperin”, se refirió el diputado Del Caño al régimen aprobado en 2019, suspendido en 2020, y que iba a reformarse con la nueva norma.
Los lobbies sobre la reforma fueron motivos de debate. La peronista Lucía Corpacci pidió a los diputados de la oposición “que reflexionen y no antepongan intereses personales ni hagan lobby solamente para los grandes”. Jorge Vara, diputado de Juntos por el Cambio, le contestó: “Creo que la relación costo-beneficio no es un problema de lobby. Nos acusaron de lobistas. Yo no sé dónde están los lobbies”.
En octubre de 2020, el Senado convirtió en ley el proyecto por 41 votos a cero, pero introdujo cambios en la ley. Una de las modificaciones se implementó sobre los porcentajes que se cobran del impuesto a las ganancias, que cambiarían según el tamaño de las empresas. Así como la primera Ley de Economía del Conocimiento de 2019 rebajaba el impuesto a las ganancias al 15% (la alícuota para el resto de los sectores era 30% en aquel entonces), en la nueva norma de 2020 los beneficios fiscales pasaron a depender del tamaño de la empresa: la tasa efectiva de las pequeñas firmas se redujo al 12%, la de las medianas subió al 18% y la de las grandes, al 24%.
Además, la nueva ley impuso un límite a la cantidad de empleados sobre los que podían desgravar las contribuciones patronales. Por último, se creó un Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento para apoyar a las pymes, financiado con el 4% de las ganancias de las grandes compañías, el 2% de las medianas y el 1% de las pequeñas.
Pese a la rebaja de beneficios a las grandes empresas en la segunda Ley de Economía del Conocimiento, gracias al boom del comercio electrónico por la pandemia, Mercado Libre logró en 2020 elevar su actividad y también la cantidad de millones de dólares desgravados de impuestos y contribuciones patronales, según los balances presentados ante la SEC de Estados Unidos. Pasó de obtener beneficios fiscales por US$19,9 millones en 2019 a US$23,3 millones al año siguiente.
La mira en las multinacionales
Mercado Libre no fue la única compañía tecnológica que quedó bajo la lupa por sus impuestos en Argentina. Las big tech se caracterizan a nivel global por elegir países de baja tributación para afincarse legalmente y, desde allí, prestar servicios en otros países y pagar allí la menor cantidad de impuestos posibles. En algunos casos, las autoridades argentinas fracasaron y en otros tuvieron éxito. Las compañías radicadas en países que firmaron convenios con Argentina para evitar la doble imposición tributaria salieron ganando, pero en caso contrario esas multinacionales quedaron expuestas ante los reclamos de AFIP.
Las big tech han comenzado a abonar desde 2024 un impuesto mínimo global del 15% en 55 países (sólo Brasil lo aplica en Latinoamérica) por un acuerdo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El presidente Javier Milei, que se autodefine como libertario, no lo implementó. En sintonía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no sólo rechazó el pago de este tributo, sino que amenazó en un memorando con sancionar a los países que lo apliquen. La mayoría de las big tech son de capital estadounidense.
La AFIP dirigida por Cuccioli hizo consultas internas en 2018 para saber si debía cobrarle el Impuesto a las Ganancias a la filial de Facebook por los servicios publicitarios de esta empresa que eran contratados por clientes argentinos para captar público local. Pero el departamento legal del organismo rechazó esa posibilidad. “No se verifica la existencia de una actividad desarrollada por la empresa extranjera en el territorio de la Nación”, expresó la consulta vinculante 54/2018 de la AFIP, que es pública. La resolución no menciona a Facebook sino con la sigla “XX” para resguardar el secreto fiscal, pero dos altos funcionarios del organismo confirmaron a elDiarioAR que se trató de la fililal argentina de la compañía estadounidense creada por Mark Zuckerberg.
Pero tres años más tarde, la AFIP revirtió la resolución. Un agente de retención (se desconoce su identidad) preguntó al organismo “si los servicios de publicidad destinados al mercado argentino que se contratan desde el país a Facebook Ireland Limited resultan comprendidos” por el tributo a la renta.
“En tal sentido, cuando los sujetos del país procedan a realizar el correspondiente pago a la empresa del exterior por los servicios prestados, corresponderá que retengan e ingresen a la AFIP el tributo que recaiga sobre tales beneficios”, agregó en la misma resolución el organismo, en ese momento dirigido por Mercedes Marcó del Pont, una dirigente cercana a Alberto Fernández. La opinión fue respaldada por el Ministerio de Economía, que entonces encabezaba Martín Guzmán.
Al año siguiente, Facebook Argentina tributó por impuesto a las ganancias $1.554 millones de pesos (US$8,7 millones al tipo de cambio oficial), es decir, el 5,4% de sus ventas, según consta en su balance. Pero en 2023, devaluación del peso mediante, pagó de $5.638 millones (US$6,9 millones) por impuesto a las ganancias, el 13,8% de sus ventas. Un aumento de más del doble que el año anterior, a pesar de que el valor en dólares es más bajo por la devaluación del peso argentino durante esos dos años. El aumento en los impuestos fue “significativo”, según los contadores consultados para esta investigación.
En su memoria, Facebook Argentina informa que su único cliente es Meta Platforms Ireland Limited, y que vende servicios, consultoría, asesoramiento y asistencia requeridos por la subsidiaria irlandesa “en relación con las actividades de soporte de marketing y ventas para el desarrollo, la expansión y el mantenimiento de las comunidades de usuarios, anunciantes y desarrolladores en Argentina”. La ley del Impuesto a las Ganancias establece que los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina.
Hubo otros casos. El Ministerio de Economía dictaminó sobre un caso de una plataforma online de reservas de hoteles y departamentos turísticos, según altas fuentes de AFIP. La cartera entendió que, más allá de que el impuesto a las ganancias no alude expresamente a los servicios digitales, no cabe duda de que las comisiones que cobra esta empresa del exterior por su prestación se encuentran alcanzadas por el tributo. Pero como esta compañía tiene residencia fiscal en Países Bajos, nación con la que Argentina tiene un convenio para evitar la doble imposición tributaria, y carece de un establecimiento permanente acá, el organismo resolvió que sólo debe abonar gravámenes en el país europeo.
Los funcionarios de la AFIP consultados aseguraron que lo mismo ocurrió con Netflix. El Ministerio de Economía -bajo la conducción de Guzmán- dictaminó que, aunque la actividad de la empresa de streaming se encontraría alcanzada por la presunción de ganancias de fuente local, como está radicada en Países Bajos y no tiene una sede argentina en la que se generen esos beneficios, entonces le toca tributar en el país europeo. Este equipo contactó a Netflix, pero desde la compañía no hicieron comentarios.
Uber también fijó su residencia fiscal en Países Bajos, pero el gobierno de Macri consideró que tenía establecimiento permanente en la Argentina, al entender que los choferes locales eran sus empleados.
Ante una consulta de la AFIP, que entonces dirigía Cuccioli, el Ministerio de Economía dictaminó en 2019 que Uber tenía presencia local. La agencia tributaria demandó a Uber el pago de impuestos y contribuciones patronales por 358,7 millones de pesos, equivalentes a US$7,7 millones. Altas fuentes de AFIP explicaron que en la Argentina hay dos sociedades similares llamadas Uber Argentina Sociedad Responsabilidad Limitada (SRL) y Uber International BV en Argentina, pero ninguna de las dos se hace cargo de pagar la deuda con el argumento de que carecen de establecimiento permanente y son entidades independientes de aquella que factura en Países Bajos.
Un vocero de Uber detalló ante la consulta de este equipo que el expediente “sigue en instancia administrativa” dentro de la AFIP, aún sin resolución.
Milei, el amigo de las Big Tech
Desde que asumió como presidente, Milei intentó acercarse a las Big Tech, una simpatía que fue también retribuida por estas compañías. Su relación con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y su política ultraliberal constituyen una esperanza de buenos negocios para estas multinacionales en Argentina. Una de las primeras giras de Milei como presidente, en junio de 2024, fue justamente una visita a Silicon Valley, California, la sede de muchas de estas Big Tech. Allí logró reunirse con los CEOs de varias empresas como Tim Cooke (Apple), Mark Zuckerberg (Meta) y Sundar Pichai (Google).
El interés fue recíproco desde el primer día en que asumió. Google fue la empresa más interesada en la Argentina dentro de este sector: ejecutivos locales, regionales y globales de la empresa ingresaron varias veces a los despachos oficiales desde la asunción del economista para hacer su presentación formal, pero también para conversar sobre posibles inversiones en el país. Fueron 14 reuniones oficiales entre empleados de Google y distintos funcionarios del gobierno argentino durante 2024, el primer año de Milei como presidente, según consta en el Registro Único de Audiencias.
Cuando todavía no se habían cumplido tres meses de haber llegado a la Casa Rosada, Cancillería y Google firmaron un acuerdo de cooperación “para el fortalecimiento tecnológico internacional”, según informaron en un comunicado. Pero más allá del anuncio, tanto el gobierno argentino como Google no volvieron a hacer públicas acciones conjuntas. Las relaciones entre las partes continuaron, con más reuniones.
Karan Bhatia, abogado estadounidense, ex representante comercial del gobierno de George W. Bush, se desempeña como vicepresidente de Asuntos de Gobierno de Google a nivel global. Bhatia estuvo en la Casa Rosada el 20 de mayo de 2024 para mantener reuniones de alto nivel, con la entonces canciller Diana Mondino y el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los dirigentes de mayor confianza de Milei. Durante esta última reunión se habló sobre “sobre el proceso de modernización” de Argentina y “también se conversó sobre proyectos de Google Argentina vinculados a la Inteligencia Artificial, TICs y herramientas para fortalecer procesos de aprendizaje”, indica el registro público.
Tras esas reuniones, Milei anunció durante su viaje a Silicon Valley que pondría en marcha una reforma para hacer más eficiente al Estado a través de la inteligencia artificial que desarrollaría Google. “Tuvimos una charla con la gente de Google, ellos tienen de hecho un módulo para hacer reforma del Estado, pero con inteligencia artificial, así es que vamos a estar avanzando en eso”, dijo el presidente argentino en una conversación con periodistas en la Casa Rosada. Un proyecto que algunos medios de comunicación compararon en ese momento con el acuerdo entre esta compañía y El Salvador, con el aval de su presidente Nayib Bukele.
Eleonora Rabinovich, líder de Asuntos de Gobierno para América Latina de Google, mantuvo reuniones en junio, julio y agosto con el vicejefe de gabinete argentino, José Rolandi para tratar este asunto, según consta en el registro. Sin embargo, casi un año después de esos encuentros, no hubo novedades sobre el supuesto acuerdo para digitalizar el Estado propuesto por la compañía. “No se firmó nada por ahora”, dijo un alto directivo de Google Argentina ante la consulta para esta investigación.
La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.
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