Cámaras, micrófonos y hasta un streaming para espiar en directo a Julian Assange, el hombre más buscado del mundo

Julian Assange fue uno de los hombres más buscados de todo el planeta en la segunda década el nuevo milenio. Cara visible de WikiLeaks y de algunas de las filtraciones más relevantes de la historia reciente, este programador australiano vivió seis años de su vida recluido en la embajada ecuatoriana de Londres para evitar las extradiciones y a Estados Unidos. Ahora un juicio en Madrid sentenciará si, en esos años, Assange fue espiado por varios servicios secretos a través de un empresario español, encargado de la seguridad de la embajada en la que vivió, para quien la Fiscalía pide 13 años de prisión por grabar no solo a la víctima, también a políticos, periodistas, abogados y diplomáticos que se reunieron con él.

Assange fue uno de los fundadores de WikiLeaks en 2006. La página web se convirtió pocos años después en el escaparate de las filtraciones que expusieron las grandes vergüenzas ocultas de Estados Unidos: el vídeo del asesinato de 12 personas bajo el fuego de un helicóptero Apache en Bagdad en 2007, las torturas en las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib o decenas de miles de 'cables' de inteligencia sobre el espionaje estadounidense, entre otros, a los gobiernos de Francia, Japón, Alemania o Italia.

El activista australiano se instaló en 2012 en la embajada ecuatoriana de Londres para evitar su extradición. Por un lado, las autoridades de Suecia le acusaban de haber agredido sexualmente a dos mujeres, algo que él negaba y que terminó en archivo. Por otro, Estados Unidos abrió su propia investigación, condenó a la soldado Chelsea Manning por ser su fuente y Assange se atrincheró en la embajada, a escasos metros de Hyde Park, mientras su vida era monitoreada, grabada y se daban órdenes para retransmitirla en directo por streaming.

Este espionaje será juzgado en la Audiencia Nacional en Madrid, algo que es posible porque aunque los hechos ocurrieron en el centro de Londres, el principal acusado es un empresario español: David Morales, exmilitar destinado durante años en los Balcanes ahora aquejado de una grave enfermedad cuya empresa, Undercover Global, gestionaba la seguridad de la embajada donde se escondía Assange. Según las acusaciones, Morales monitorizó desde Cádiz que sus trabajadores grabaran todas las reuniones del activista australiano con abogados, médicos, periodistas y políticos durante al menos un año.

Según explica él mismo, Morales fue militar antes de montar su propia empresa privada de seguridad en 2008. Fue en 2015 cuando el gobierno de Ecuador adjudicó la seguridad de su embajada londinense a esta empresa radicada en la localidad gaditana de Puerto Real, a más de 2.000 kilómetros, para reforzar la protección del edificio y controlar las entradas y salidas durante la estancia de Assange. Un contrato firmado cuando Rafael Correa era presidente de Ecuador y que evolucionó a mediados de 2017, pocos meses después de la llegada de Lenin Moreno al poder en Quito y de que Suecia levantara los cargos contra él. Según las acusaciones del caso, en ese momento las órdenes de David Morales cambiaron: tenía que grabar todo lo que hacía Assange. Imagen y sonido.

Hasta ese momento el circuito interno de cámaras solo captaba imágenes del interior de la embajada para controlar quién entraba y salía del edificio. Los empleados de Morales cambiaron los aparatos de forma clandestina para que también recogieran sonido y, en la práctica, grabaran las conversaciones. También pusieron micrófonos ocultos, uno de ellos escondido en la parte de abajo de un extintor de la sala de reuniones de la embajada. Según el relato que hace la Fiscalía, incluso llegaron a copiar los teléfonos y agendas de políticos y periodistas que visitaban al fundador de WikiLeaks.

Toda la información iba directa al Servicio Nacional de Inteligencia (SENAIN), la agencia ecuatoriana de espionaje. En un momento dado, sostienen las acusaciones de este proceso judicial, grabar no fue suficiente y el empresario español acusado dio la orden de retransmitir en directo las reuniones de Assange. Se estableció así un enlace para dar en streaming la vida del fundador de WikiLeaks con dos espectadores: los servicios secretos de Ecuador y “los amigos de Estados Unidos”. Todo mientras el empresario español pagaba a escondidas a funcionarios de Ecuador para seguir teniendo el contrato de la embajada.

El espionaje a uno de los hombres más buscados del planeta pasó desapercibido hasta que en 2019 la Audiencia Nacional aceptó abrir una investigación. El despacho de Baltasar Garzón, que junto con el letrado Aitor Martínez también fue espiado mientras ejercían la defensa de Assange, presentó una querella que ya apuntaba a los hechos que, años después, se han convertido en el auto de procesamiento.

Esa primera querella aportó tres declaraciones de testigos protegidos clave para levantar el secretismo que pesaba sobre el espionaje coordinado que habían ejecutado sobre Assange durante años. Los registros posteriores del juzgado en el domicilio del acusado y la sede de su empresa terminaron por revelar todo el material que ha llevado a la Audiencia Nacional a abrir juicio contra él seis años después.

Correa, Varoufakis y hasta Pablo Iglesias

Saber de lo que hablaba Julian Assange dentro de la embajada de Ecuador mientras WikiLeaks funcionaba a pleno rendimiento era la caza mayor de cualquier servicio de inteligencia de primer nivel. No solo por lo que él pudiera revelar, sino por las personas con las que se reunía en el edificio. Los trabajadores de la empresa gaditana de seguridad documentaron sus conversaciones y encuentros con amigos, médicos y colaboradores pero también con políticos, periodistas, diplomáticos y sus propios abogados.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa y su familia, por ejemplo, fueron “objeto de espionaje”. Y también se documentaron sus reuniones con dirigentes latinoamericanos como Evo Morales (Bolivia), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) o José Mujica (Uruguay) así como con el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias. Las visitas de diversos dirigentes de este partido a Assange desde su llegada a Londres han sido públicas desde el nacimiento de la formación en 2014. La Fiscalía también ubica al exministro griego Yanis Varoufakis entre los testigos del caso.

El espionaje, según las acusaciones, no se limitó a grabar las reuniones de Assange. El personal de la embajada se quedaba los teléfonos de las personas que iban a visitarle y, mientras tanto, sacaban fotos a los móviles, sus tarjetas SIM, los números de serie IMEI e, incluso, de los mensajes que recibían. Llegaron incluso a conseguir las contraseñas para acceder al teléfono y el correo electrónico de la actriz Pamela Anderson durante una de sus visitas.

Dos personas se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional cuando el tribunal ponga fecha al juicio: el empresario y exmilitar gaditano David Morales y su colaborador, el belga Michel Wallemacq, que según las acusaciones participó activamente en el plan de espionaje urdido en Cádiz y ejecutado en Londres. Para el primero Assange pide 20 años de prisión por los 13 que solicita la Fiscalía. Se le atribuyen dos delitos de revelación de secretos, otro más de cohecho por los sobornos que pagó para retener el contrato y uno adicional de tenencia ilícita de armas por las dos pistolas Browning que la Policía encontró en su casa durante los registros.

El tribunal, que ya ha abierto juicio oral contra ambos, tiene pendiente hacer pública la lista de testigos que comparecerá en el juicio, aunque en el proceso hay pocas dudas de que una de las comparecencias ineludibles será la Julian Assange. Quedó en libertad en junio del año pasado tras llegar a un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos y pasar un lustro en la cárcel británica de Belmarsh. Ahora lleva una vida discreta en Australia con una aparición pública pendiente de fecha: su testifical en el juicio por el espionaje que padeció en la embajada de Ecuador en Londres.