Salud y regulación
El Gobierno habilitó la venta de vapeadores y tabaco calentado: control sanitario, negocio millonario y foco en el consumo joven
El Gobierno dio un giro en la política sobre productos de nicotina: este lunes oficializó un nuevo marco regulatorio que habilita la comercialización de vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina en la Argentina. La decisión, impulsada por la ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación, deja atrás un esquema prohibicionista vigente durante más de una década y busca imponer controles en un mercado que ya operaba, en gran medida, en la informalidad.
La medida también revierte restricciones más recientes: en marzo de 2023 se había prohibido específicamente la importación y comercialización de productos de tabaco calentado, mientras que desde 2011 regía una prohibición sobre los cigarrillos electrónicos. Ahora, ambos segmentos quedan alcanzados por un sistema que combina regulación sanitaria, trazabilidad y fiscalización comercial.
El cambio de enfoque responde a un diagnóstico compartido por las autoridades: la prohibición no logró frenar el consumo ni la circulación de estos productos. Por el contrario, dio lugar a un mercado paralelo sin controles sobre su composición, origen o condiciones de fabricación. Según estimaciones del sector, en la Argentina hay alrededor de 1,2 millón de usuarios de dispositivos electrónicos, lo que configura un negocio informal cercano a los 150 millones de dólares anuales.
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la creación de un registro obligatorio. A partir de ahora, todos los productos deberán declarar su composición, cumplir estándares de calidad y contar con trazabilidad. Solo podrán comercializarse aquellos que estén debidamente autorizados, mientras que los que queden fuera de las categorías previstas no podrán importarse ni venderse en el país.
La normativa también introduce restricciones específicas para desalentar el consumo en menores. Se prohíben diseños atractivos para niños y adolescentes, el uso de celebridades o mensajes engañosos, y se limitan los sabores permitidos: solo se autorizan variantes de tabaco -y mentol en el caso de las bolsitas de nicotina-. Además, se prohíben los dispositivos descartables, considerados una de las principales puertas de entrada al consumo juvenil.
El foco en los jóvenes no es menor. Datos citados por el propio Ministerio de Salud indican que los vapeadores y cigarrillos electrónicos registraron una prevalencia de consumo del 35,5% entre adolescentes en el último año, ubicándose entre las sustancias más utilizadas en ese grupo etario.
En paralelo, la medida tiene un impacto económico relevante. La nueva regulación destraba proyectos de inversión que habían quedado en suspenso, como el de la multinacional Philip Morris International, dueña de Massalin Particulares en el país. La empresa había anunciado en 2023 un plan de 300 millones de dólares para producir localmente insumos de tabaco calentado, con potencial exportador y generación de divisas por unos 100 millones anuales.
El nuevo marco también abre el juego a otros actores del sector, como British American Tobacco, que ya cuenta con productos en estas categorías a nivel global. En mercados como el Reino Unido o la Unión Europea, estos dispositivos representan una porción creciente del negocio, en algunos casos superior al 40% de los ingresos de las compañías.
Desde el oficialismo, la apuesta es doble: por un lado, mejorar la capacidad de control estatal sobre productos que ya circulan; por otro, formalizar una actividad que hoy no tributa y reducir el peso del contrabando. “Los esquemas de prohibición absoluta, frente a mercados dinámicos, pueden favorecer la persistencia de canales ilegales”, sostienen en los fundamentos de la medida.
Sin embargo, la regulación reabre un debate de fondo: hasta qué punto ordenar el mercado implica, también, legitimar el consumo.