El gendarme que disparó a Pablo Grillo, al borde del juicio oral
La agresión al fotorreportero Pablo Grillo por parte de un gendarme quedó al borde del juicio oral. La jueza federal María Servini recibió este 5 de mayo de 2026 un pedido formal para elevar a juicio oral la causa contra el Cabo Primero Héctor Guerrero, quien le disparó el 12 de marzo de 2025 una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, en el marco de una represión ordenda por Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad.
La querella sostiene que Guerrero utilizó su armamento de forma deliberadamente letal, efectuando disparos en ángulo horizontal directamente hacia el cuerpo de los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, en un contexto donde no existía riesgo para la integridad física de los efectivos actuantes.
Los hechos que fundamentan el pedido de elevación a juicio ocurrieron a las 17 de aquella jornada, cuando Grillo se encontraba registrando el operativo de seguridad con su cámara. Según la reconstrucción judicial, el Cabo Primero Guerrero integraba una hilera de gendarmes apostada en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Solís. A las 17:18:05, el uniformado efectuó un disparo con su pistola lanzagases que impactó de lleno en la zona frontal de la cabeza del fotógrafo, quien en ese momento se encontraba agachado realizando sus tareas profesionales y no participaba de ninguna conducta hostil.
El proyectil, una cápsula de gas lacrimógeno disparada a corta distancia y alta velocidad, provocó en la víctima una fractura encefalocraneana con pérdida de masa encefálica. Tras caer inconsciente en el pavimento, Grillo fue socorrido por otros manifestantes y trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde inició un largo y tortuoso proceso médico que lo mantuvo tres meses en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.
A lo largo de un año, debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas, incluyendo la implantación de prótesis craneales que sufrieron complicaciones. Recién en febrero de 2026, el fotoperiodista pudo regresar a su hogar, aunque todavía permanece bajo tratamiento ambulatorio y con secuelas neurológicas y físicas cuya magnitud total es incierta.
La acusación contra Guerrero no se limita únicamente al ataque contra Grillo, sino que incluye el cargo de abuso de armas agravado por otros cinco disparos efectuados entre las 17:14 y las 17:22 de ese mismo día. Los peritajes y registros audiovisuales permitieron determinar que, mientras la normativa internacional y los manuales de uso indican que este tipo de proyectiles deben dispararse en un ángulo de 45 grados para que su caída sea parabólica, Guerrero los dirigió de forma horizontal hacia la cara y el torso de los presentes.
La querella remarca que el gendarme, debido a su jerarquía y años de trayectoria en una fuerza federal, conocía plenamente la potencial letalidad de su conducta y se apartó de manera deliberada de los criterios de excepcionalidad que rigen el uso de la fuerza.
Más allá de la responsabilidad directa del Cabo Primero, la presentación ante la jueza Servini exige profundizar la investigación sobre la cadena de mandos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se sostiene que las acciones y omisiones de los jefes operativos y de la conducción política permitieron que Guerrero actuara con la convicción de que su accionar quedaría impune, poniendo en riesgo la vida de decenas de ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a la protesta.
El caso de Pablo Grillo se ha convertido en un emblema de la violencia institucional reciente, evidenciando cómo un arma considerada “menos que letal” puede ser utilizada como un instrumento de homicidio cuando se ignoran los protocolos mínimos de seguridad.
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