El cierre del Gobierno de EE.UU. más largo de la historia parece estar tocando a su fin. Ya van 42 días con los fondos federales congelados, lo que se tradujo en salarios sin pagar, programas sociales suspendidos –como el SNAP para alimentos para 42 millones de estadounidenses–, así como la perspectiva de la multiplicación de las primas de los seguros médicos por la negativa de la Administración Trump a aprobar una prórroga del Obamacare que reclamaba la mayoría demócrata para reabrir el gobierno.
Este martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, felicitó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune, por la aprobación en la cámara alta de un paquete legislativo para la reapertura del Gobierno: “Felicidades a John y a todos por esta gran victoria. Estamos reabriendo nuestro país. Nunca debió haber estado cerrado, nunca debió haber estado cerrado”.
¿Por qué la Administración Trump entró en cierre del Gobierno?
El shutdown en EE.UU. ocurre porque algo tan socorrido en otros países, como es una prórroga automática de los presupuestos, no está prevista en la legislación estadounidense. Las cuentas hay que aprobarlas obligatoriamente de año fiscal en año fiscal –de 1 de octubre a 1 de octubre–. Y, si no se aprueba con mayoría cualificada –60 senadores de 100–, se entra automáticamente en un cierre del Gobierno que supone la congelación de fondos federales.
La única manera de salir del cierre es con la aprobación de nuevas cuentas o una prórroga temporal de la anterior, para lo cual también hace falta una mayoría cualificada.
Y este lunes por la noche la mayoría republicana sumó cinco miembros de la bancada demócrata, más los tres que ya tenía –dos y un independiente– para sumar 60 votos en una votación que sacaba del Senado el bloqueo y pasaba la pelota a la Cámara de Representantes, donde será suficiente una mayoría simple. Ahora mismo los republicanos tienen 219 escaños frente a los 214 de los demócratas –hay dos vacantes, uno de cada partido–.
¿Qué se vota?
El paquete legislativo que se aprobó el lunes por la noche por 60-40 gracias a los ocho demócratas disidentes proporciona fondos para reabrir el gobierno hasta finales de enero, incluyendo el programa de asistencia alimentaria SNAP. Así mismo, garantiza el pago retroactivo a los trabajadores federales suspendidos temporalmente, algo que la Casa Blanca había dejado en el aire.
El texto da vía libre a la financiación para mantener en funcionamiento gran parte del gobierno federal durante los próximos dos meses, hasta el 30 de enero, por medio de una medida provisional. En líneas generales, es como una prórroga presupuestaria, en tanto que financia las operaciones gubernamentales a sus niveles actuales.
Sin embargo, el paquete también incluye varios proyectos de ley para financiar otras operaciones gubernamentales, como programas agrícolas y de construcción militar, así como fondos para veteranos, durante todo el año fiscal, hasta septiembre de 2026.
Además, el paquete garantiza que los estados recibirán un reembolso por el dinero que gastaron para mantener en funcionamiento el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el programa WIC (Mujeres, Bebés y Niños) durante el cierre del gobierno.
El acuerdo, si bien solo extiende la financiación para el gobierno federal hasta el 30 de enero, financiaría la ayuda alimentaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) hasta septiembre de 2026.
Colas para alimentos
Estados Unidos es ese país en el que el presidente, Donald Trump dispone de 20.000 millones para rescatar a la Argentina de Javier Milei antes de las elecciones, pero no libera 5.000 millones para prorrogar los subsidios a la compra de alimentos para las familias vulnerables (SNAP). El país cumplió 41 días de cierre del gobierno y eso supone que se cortan los fondos públicos para partidas como el SNAP.
Y, en estas semanas fueron apareciendo las colas del hambre por las ciudades, los programas sociales se quedan sin fondos, hay millones de familias que no tienen para comer, niños sin leche en polvo y escuelas infantiles que se cierran. Del mismo modo, hay controladores aéreos que ya no reciben sus salarios, y los parques dejan de cuidarse, los museos llevan semanas cerrados y los correos no llegan a sus destinos.
EE.UU. también es ese país en el que hay colas de empleados públicos en bancos de alimentos porque no tienen para comprar comida, pero, al mismo tiempo, sí hay dinero para que el presidente se pase los fines de semana jugando al golf o presumiendo en sus viajes por todo el mundo de sus habilidades para llevar “billones de dólares” al país y la paz a todos los confines del planeta.
A diferencia de otros países, en EE.UU. los salarios a veces son semanales, muchas veces son quincenales y en ocasiones pueden ser mensuales. Y eso significa que ya hay empleados federales que ya empezaron a no recibir sus salarios, a consecuencia del cierre del gobierno que arrancó el pasado 1 de octubre, y que se encuentran con grandes dificultades para pagar la hipoteca, las facturas de los servicios y la comida para sus familias.
“Sabemos que con cada semana que pasa, si el gobierno sigue cerrado, cada vez más personas se quedarán sin ahorros y necesitarán apoyo para alimentar a sus familias”. Quien habla es Radha Muthiah, la presidenta de Capital Area Food Bank, un banco de alimentos que abrió cinco nuevos puestos alrededor de Washington DC para atender a empleados federales en Maryland.
Alivio para los empleados federales
El paquete busca revertir algunas de las decisiones de la administración Trump durante el cierre del Gobierno, como despidos masivos. Así, la medida provisional reincorpora a los empleados federales que habían sido despedidos y los protege contra futuras acciones similares.
También prevé el pago retroactivo de los salarios de los empleados federales que fueron suspendidos o trabajaron sin cobrar durante el cierre del gobierno, algo que tradicionalmente se hace, pero que la Administración Trump amenazó con no garantizar.
El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde los congresistas estuvieron ausentes desde septiembre para evitar debates incómodos para la Casa Blanca, como los archivos de Epstein o los asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico.
Pero este lunes, tras aprobarse el paquete legislativo en el Senado, el presidente del Congreso, Mike Johnson, convocó a los congresistas para regresar a Washington con la intención de votar este miércoles.
A continuación, se enviaría el texto al presidente de EE.UU., Donald Trump, para su firma.
¿Y qué no se vota?
En el texto no está algo por lo que pelearon los demócratas durante esos 41 días: una solución para el vencimiento de los subsidios para la atención médica –Obamacare– al que se enfrentan unos 20 millones de estadounidenses que ven cómo sus primas del seguro se pueden multiplicar por dos o por tres en 2026.
Lo que sí consiguieron los demócratas escindidos es una promesa del líder de los republicanos en el Senado para una votación a mediados de diciembre, antes de que expiren los subsidios, pero sin garantías de qué van a votar los republicanos, y sin siquiera garantías de una votación en la Cámara de Representantes.
En este sentido, los demócratas no lograron su principal demanda durante el cierre del gobierno: la extensión de los subsidios de atención médica de los que dependen muchos de los 24 millones de personas que adquieren un seguro a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, conocido como Obamacare) para sufragar sus gastos.
Cisma demócrata: los ocho escindidos
La decisión de los ocho demócratas que votaron con los senadores fue calificada de “traición” y “patética” por algunas de las voces más prominentes del Partido Demócrata. “En mi opinión, fue una votación muy, muy mala”, dijo el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont. El grupo de disidentes estaba compuesto por varios senadores que se jubilan el próximo año, así como por varios exgobernadores.
Jeanne Shaheen, de New Hampshire. Shaheen está en su último mandato y lideró en numerosas ocasiones la negociación para poner fin al cierre. Se conformó con la promesa del líder de la mayoría del Senado, John Thune, de Dakota del Sur, de someter a votación en diciembre los subsidios para la salud. “Este era el único acuerdo posible. Era nuestra mejor oportunidad para reabrir el gobierno e iniciar de las negociaciones para extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), de los que dependen decenas de millones de estadounidenses para controlar sus gastos”, declaró en una conferencia de prensa tras la votación del domingo por la noche.
Maggie Hassan, de New Hampshire. Desde el principio, Hassan enfatizó que las amenazas a la ayuda alimentaria federal habían agravado la urgencia de la situación. “Tras semanas de conversaciones bipartidistas”, declaró el domingo, “voté hoy a favor de la reapertura del gobierno para que podamos retomar la labor de ayudar a los habitantes de New Hampshire”.
Angus King, de Maine. King es un ex gobernador y senador independiente que se alinea con el Partido Demócrata. Votó desde el principio a favor de la reapertura del gobierno, pero también desempeñó un papel clave en las negociaciones. Declaró reiteradamente que se opone a utilizar el cierre del gobierno como táctica de negociación, pero también quería que el Congreso extendiera los subsidios para la atención médica.
Dick Durbin, de Illinois. Durbin es otro senador en retirada tras una larga trayectoria en el Senado. Durbin ocupa el segundo puesto de la bancada demócrata, si bien se distanció del líder, Chuck Schumer (de Nueva York), tras afirmar que el cierre del gobierno había causado demasiado sufrimiento al pueblo estadounidense. En una declaración previa a la votación, Durbin, quien argumentó que los republicanos eran los responsables del cierre del gobierno, afirmó: “Este proyecto de ley no es perfecto, pero toma medidas importantes para mitigar el daño causado por su cierre. No solo financiaría completamente el programa SNAP para el próximo año, sino que también revertiría los despidos masivos que la Administración Trump ordenó durante el cierre”.
Jacky Rosen, de Nevada. Rosen se mostró cada vez más irritada a medida que el cierre se prolongaba y los republicanos se negaban a ceder ante las demandas de los demócratas sobre los créditos de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA). A medida que el cierre afectaba cada vez más al transporte aéreo, la economía de su estado natal, Nevada, un estado clave en las elecciones, también se veía amenazada. En un comunicado, Rosen afirmó que Trump y los republicanos “están instrumentalizando su poder de maneras alarmantes para infligir un dolor y sufrimiento inimaginables a la clase trabajadora”.
Catherine Cortez Masto, de Nevada. Cortez Masto también señaló que el impacto en los viajes fue particularmente perjudicial para Nevada y que las repercusiones en los programas de asistencia alimentaria generan una nueva sensación de urgencia.
John Fetterman, demócrata por Pensilvania. Fetterman, elegido en 2022, criticó a los demócratas por aprovechar el cierre del gobierno para exigir concesiones en materia de salud. “Pido disculpas a nuestros militares, a los beneficiarios del programa SNAP, a los empleados públicos y a la Policía del Capitolio que llevan semanas sin cobrar”, dijo en redes sociales. “Nunca debió haber llegado a esto. Fue un fracaso”.
El senador Tim Kaine de Virginia. Kaine, exgobernador de Virginia, fue uno de los últimos demócratas en unirse al grupo dispuesto a votar a favor del proyecto de ley. Para él, el factor decisivo fue la cláusula del proyecto de ley de financiación que impide a la Administración Trump llevar a cabo más despidos masivos, un asunto clave para su estado. Calificó el acuerdo como una “moratoria contra las irregularidades”. Y dijo: “Los despidos masivos indiscriminados y las reducciones de personal que han traumatizado a los empleados federales desde el día de la investidura ya no se pueden realizar”.
¿Y la Cámara de Representantes?
En el sistema estadounidense, ambas cámaras del Congreso deben aprobar el plan de gastos para enviarlo al presidente y que este lo promulgue.
Los republicanos tienen mayoría (219-214), pero siempre hay alguna fuga que puede poner en aprietos al presidente de la Cámara, Mike Johnson (Luisiana). Y los demócratas presentarán objeciones porque insisten en mantener los fondos para la atención médica.
El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, afirmó que el partido se opondrá al proyecto de ley, lo que obligaría a los republicanos en la Cámara a aprobarlo prácticamente sus votos.
Las consecuencias económicas
El cierre del gobierno federal más largo en la historia de Estados Unidos parece que dejará huella en una economía ya debilitada.
Alrededor de 1,25 millones de empleados federales no recibieron sueldo desde el 1 de octubre. Miles de vuelos fueron cancelados, una tendencia que se espera que continúe esta semana hasta que se reabra la Administración. La adjudicación de contratos gubernamentales se ralentizó y millones de beneficiarios de ayuda alimentaria vieron interrumpidos sus beneficios.
La mayor parte de la actividad económica perdida se recuperará cuando el gobierno reabra, ya que los empleados federales recibirán los salarios atrasados. Sin embargo, algunos vuelos cancelados no se reprogramarán, las comidas perdidas en restaurantes no se compensarán y algunas compras pospuestas no se realizarán.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que un cierre de seis semanas reducirá el crecimiento del cuarto trimestre de este año en aproximadamente 1,5 puntos porcentuales, informa The Associated Press. Esto supondría una reducción a la mitad del crecimiento con respecto al tercer trimestre. La reapertura debería impulsar el crecimiento del primer trimestre del próximo año en 2,2 puntos porcentuales, según las proyecciones de la CBO, pero se perderán permanentemente unos 11.000 millones de dólares en actividad económica.
El cierre actual agrava los problemas que ya enfrenta la economía, como la lenta contratación, la persistente inflación elevada y los aranceles del presidente Donald Trump, que generaron incertidumbre en muchas empresas.
Aproximadamente 650.000 empleados federales no trabajaron durante el cierre del gobierno, lo que probablemente aumentará la tasa de desempleo en unos 0,4 puntos porcentuales en octubre, hasta el 4,7%, desde el 4,3% registrado en agosto, cuando se publicó el último informe. Todos estos trabajadores se contabilizarán como empleados una vez que el gobierno reabra sus puertas.
En total, los empleados federales habrán dejado de percibir unos 16.000 millones de dólares en salarios a mediados de noviembre, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Esto supuso un menor gasto en comercios y restaurantes, y probablemente una reducción de los viajes durante las fiestas. Es probable que las grandes compras se pospongan, lo que ralentizará la economía en general.
Durante el cierre, Trump amenazó con no pagar los salarios atrasados, pero el acuerdo alcanzado en el Congreso compensará esos salarios perdidos una vez que el gobierno reabra sus puertas.