La historia oculta del superyate de lujo detenido en Barcelona propiedad del gran oligarca de la industria militar de Rusia

Principales hallazgos:

En marzo de 2025, un bufete de abogados estadounidense firmó un acuerdo para representar al ciudadano ruso Sergei Chemezov en sus esfuerzos por levantar las sanciones en su contra. En una declaración pública sobre el acuerdo, presentada y divulgada en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos (Foreign Agents Registration Act, FARA), se describe a Chemezov como “un empresario y filántropo reconocido internacionalmente”.

El documento no menciona el hecho de que el conglomerado estatal ruso Rostec, que Chemezov ha dirigido durante 18 años, fabrica armas y desempeña un papel central en la maquinaria de guerra de Rusia. De hecho, Rostec suministra hasta el 80% de las armas utilizadas por el ejército ruso en su guerra contra Ucrania, incluidos aviones de combate, helicópteros de combate, misiles, drones, tanques y sistemas de artillería.

Chemezov y Vladímir Putin son amigos desde hace muchos años. Forjaron su amistad en la agencia de espionaje soviética, KGB. Chemezov parece contar con la confianza de su excamarada espía, como demuestra el hecho de que haya estado durante tantos años al frente del gigante armamentístico ruso Rostec.

Las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron a Chemezov en 2014, y que en 2022 se hicieron extensivas a su familia, guardan relación con su implicación en la guerra de Rusia en Ucrania y su posición dentro del entorno más próximo de Putin.

Las sanciones han afectado visiblemente a Chemezov. Tras la segunda ronda de medidas impuestas contra él y su familia en 2022, contrató abogados en Estados Unidos y en la Unión Europea —algunos de forma directa, otros a través de su hijastra y de una empresa offshore— para impugnar las restricciones.

Sin embargo, este paso ha tenido consecuencias inesperadas. Los intentos de descongelar el activo extranjero más caro vinculado a Chemezov, un lujoso yate de recreo, han revelado que el oligarca del sector de la defensa tiene activos de gran valor en el extranjero a través de testaferros.

El complejo entramado para ocultar la propiedad del superyate de Chemezov permite vislumbrar cómo la élite del poder en Rusia maniobra para preservar su patrimonio fuera del país y evadir las sanciones, con el asesoramiento de importantes bufetes de abogados de Occidente.

El yate que desveló el secreto

El superyate Valerie, de 85 metros de eslora, rebautizado en 2022 como Meridian A, fue construido para la navegación de recreo, pero lleva casi tres años y medio sin utilizarse. El barco, con un valor estimado de unos 121 millones de euros, no ha podido salir del puerto de Barcelona desde marzo de 2022. Las autoridades españolas inmovilizaron el yate poco después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, debido a la supuesta conexión del barco con Sergei Chemezov, una figura clave en la industria de defensa rusa.

En ese momento, Chemezov ya estaba sometido a las sanciones impuestas por la UE y Estados Unidos tras la invasión rusa del este de Ucrania y la anexión de Crimea en 2014, lo que implicaba que todos los activos que poseyera o controlara en territorio europeo o estadounidense debían permanecer congelados.

Aunque es muy probable que Chemezov sea el propietario real del yate, nunca ha figurado como titular legal de la embarcación. La propietaria formal era su hijastra, Anastasia Ignatova, cuya ocupación oficial —profesora de ruso— difícilmente justificaría los ingresos necesarios para adquirir un yate valorado en 121 millones de euros. Incluso así, su nombre aparecía solo al final de una red de empresas offshore.

El hecho de que el yate estuviera registrado a nombre de la hijastra de Chemezov a través de sociedades offshore se hizo público unos meses antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, cuando el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) publicó su investigación Pandora Papers, basada en una filtración de documentos fiduciarios procedentes de las Islas Vírgenes Británicas.

En la primavera de 2022, poco después de que el yate fuera inmovilizado, la Unión Europea y Estados Unidos incluyeron a la hijastra de Chemezov en sus listas de sanciones, reforzando así la prohibición de usar o vender la embarcación. Es el activo más valioso hasta ahora relacionado con Chemezov, lo que quizá explique la prontitud con la que sus abogados trataron de revertir las restricciones. Los abogados españoles, en representación de una sociedad offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas y propietaria del yate, intentaron impugnar la decisión de las autoridades de inmovilizar la embarcación. Además, recurrieron ante el Tribunal de la UE para solicitar que se eliminara de las decisiones de sanción toda referencia a la hijastra de Chemezov como propietaria del yate.

The Kyiv Independent ha analizado las sentencias de los tribunales españoles. El proceso judicial en España resultó revelador. Lejos de liberar el yate, puso de manifiesto información inédita sobre el modo en que Chemezov habría registrado sus bienes en el extranjero para ocultar su titularidad, sin ser objeto de cuestionamiento alguno en Rusia por su ostentoso nivel de vida en el exterior.

Las autoridades españolas se habían estado documentando a conciencia. La Agencia Tributaria española llevó a cabo su propio estudio sobre el entramado de sociedades propietarias del yate. La agencia descubrió que la propiedad del yate se transfirió a la hijastra de Chemezov el 17 de abril de 2018, después de que ella adquiriera la empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Sightview Consultants Limited. Esta empresa offshore poseía acciones en otra empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Linkpoint Services Limited, que era propietaria del yate en ese momento.

Además, las autoridades españolas hallaron indicios de que Chemezov podría haber sido el propietario real del yate desde su construcción en 2011, aunque figuraba a nombre de un ciudadano ucraniano que actuaba como testaferro.

Conexión ucraniana; apartamento en las Torres Trump

Los expedientes judiciales de las autoridades españolas no revelan el nombre del hombre que fue, al menos formalmente, el primer propietario del superyate Valerie. Sin embargo, los expedientes mencionan tres detalles importantes sobre él. En primer lugar, trabajó en la gestión de una filial del conglomerado ruso Rostec, dirigido por Chemezov. En segundo, que tenía vínculos con MSA Marmara Yachting LLC, una empresa dedicada al mantenimiento de yates. Y por último, que falleció repentinamente a finales de 2017.

Estos detalles apuntan a Borys Kogan, un empresario de Odesa, ciudad ucraniana situada en la costa del mar Negro. Según la investigación de Kyiv Independent, Kogan falleció en octubre de 2017 supuestamente de un paro cardíaco, un día después de su 61 cumpleaños. Era cuatro años más joven que Chemezov.

Kogan era copropietario del Grupo Kaalbye, que en su día fue uno de los principales actores en el transporte marítimo de armas. Las empresas del Grupo Kaalbye estaban registradas en Ucrania y en jurisdicciones extraterritoriales. MSA Marmara Yachting, que proporcionaba tripulaciones para yates de lujo, también formaba parte del grupo.

El nombre de Kaalbye aparece en reportajes de medios de comunicación internacionales y se vincula con el transporte de armas fabricadas en Rusia. Además, la empresa declaró públicamente que había transferido cohetes de la NASA a Orbital Sciences Corporation. La página web del Grupo Kaalbye ya no está activa y algunas de sus empresas se han disuelto.

Pero, aunque dirigía un negocio de logística con sede en Ucrania, Kogan tenía vínculos con las altas esferas de Rusia. Formó parte del consejo de administración de RT-Logistika, una filial del conglomerado estatal ruso Rostec, dirigido por Chemezov. RT-Logistika también participó en el transporte de armas rusas.

Según las filtraciones de datos sobre ciudadanos rusos revisadas por el Kyiv Independent, Kogan tenía pasaporte ruso, además de ciudadanía ucraniana.

Kogan atrajo la atención de la prensa estadounidense por invertir casi dos millones de dólares (1,7 millones de euros) en un apartamento en una de las Torres Trump de Manhattan. Según los registros inmobiliarios de la ciudad de Nueva York revisados por el Kyiv Independent, en 2012 Kogan firmó una hipoteca a nombre de su hija, Julia Kogan, para que pudiera comprar el lujoso apartamento esquinero con vistas a la Quinta Avenida y al Crown Building. A principios de 2017, Julia Kogan vendió el apartamento.

Según descubrió el Kyiv Independent, esta no era la única propiedad en Estados Unidos en la que Kogan había invertido. En 2014 también firmó una hipoteca de 700000 dólares (605.000 euros) a nombre de su otra hija, Arina Kogan, para comprar un apartamento en Brooklyn. Tras la muerte de Borys Kogan en 2020, el apartamento se vendió.

Kogan era considerado el propietario del yate Lady K (antes Thunder B), de 50 metros de eslora, que, según se informa, compró a los descendientes del difunto oligarca ruso Boris Berezovsky. El yate fue visto en Odesa, donde vivía Kogan.

Una fuente cercana a Borys Kogan explicó al Kyiv Independent que le oyó decir que “lo compró por varios millones de dólares”. La fuente habló bajo condición de anonimato debido a las posibles repercusiones del caso.

Sin embargo, las nuevas revelaciones de las autoridades españolas sugieren que Kogan también era propietario del yate Valerie, de 85 metros y mucho más caro, en nombre del amigo de Putin, Chemezov.

Según la Agencia Tributaria española, citada en la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Kogan estaba detrás de las sociedades offshore Sightview Consultants y Linkpoint Services Limited que se utilizaron como entramado para ocultar la propiedad del yate.

Tras su muerte, la hijastra de Chemezov figuraba como nueva propietaria de las empresas y, con ellas, del yate. Según los materiales examinados en el tribunal español, Kogan “mantenía una relación de subordinación” con Chemezov en lo que respecta a la obtención de beneficios económicos. Los documentos judiciales también muestran que la familia de Chemezov utilizó el yate Valerie mientras Kogan fue el titular legal.

Nuevo propietario, posible falsificación de documentos

Las audiencias judiciales de 2023 revelaron que es probable que la hijastra de Chemezov ya no sea la propietaria formal del yate, aunque no está claro cuándo cambió la titularidad. El empresario ruso Albert Avdolyan la ha sustituido como titular legal.

Los abogados contratados por la empresa offshore Sulberg Services Limited afirman que Avdolyan compró el yate a la hijastra de Chemezov en julio de 2021, lo que significaría que tomó posesión antes de que se impusieran las sanciones a la hijastra.

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se aportó al tribunal un contrato de compraventa de julio de 2021, documentos bancarios de pago fechados en enero de 2022 —previos a las sanciones impuestas a la hijastra— y un certificado de titularidad real de agosto de 2022, emitido cuando la hijastra ya figuraba en la lista de sancionados.

Las autoridades españolas señalaron la notable diferencia temporal —más de un año— entre la fecha de la firma del contrato de compraventa y la fecha del certificado de titularidad real. También encontraron otros detalles sospechosos. El contrato de compraventa se firmó entre dos partes privadas, por lo que su fecha es difícil de verificar de forma independiente.

Además, la sentencia judicial indica que la venta del yate se realizó mediante la venta de acciones de Delima Services Limited (ahora Sulberg Services Limited), registrada en las Islas Vírgenes Británicas, sucesora de Linkpoint Services. Sin embargo, no está claro por qué el acuerdo de venta de las acciones de Delima se firmó con la hijastra de Chemezov. Las acciones de Delima eran propiedad formal de Sightview Consultants, otra sociedad offshore propiedad directa de la hijastra. Sightview figuraba como la vendedora, y no la propia hijastra, que “no podía vender lo que no era de su propiedad”. El pago se realizó a través de un banco estatal ruso controlado por el Gobierno ruso y el documento no indica qué acciones pagó la sociedad offshore de Avdolyan a la hijastra de Chemezov. “Esto pone en duda la realidad o la autenticidad del pago de las acciones”, se afirma en los documentos judiciales.

Las autoridades españolas concluyeron que la primera fecha oficialmente acreditada de la venta del yate correspondía a agosto de 2022 y que se había intentado simular una operación anterior a la imposición de las sanciones.

La sentencia judicial afirma que las autoridades españolas dudan del entramado en torno a la titularidad del yate proporcionada por los abogados. En otras palabras, no creen que Avdolyan comprara realmente el yate para sí mismo y creen que él también es un testaferro de Chemezov.

Además, Avdolyan está estrechamente relacionado con Chemezov. Es un multimillonario ruso que era copropietario de la empresa rusa de telecomunicaciones YotaDevices junto con el conglomerado estatal ruso Rostec, dirigido por Chemezov.

Las autoridades españolas, citadas en la sentencia judicial, comparan el papel de Avdolyan en la fortuna de Chemezov con el que desempeñó en su día el fallecido Borys Kogan. Lo describen como una forma de fiducia cum amico, en la que Avdolyan actúa como “persona de confianza o representante” que figura formalmente como propietario del buque.

En febrero de 2025, la UE impuso sanciones a Avdolyan. La apelación contra la inmovilización del yate fue presentada en nombre de Sulberg Services Limited, representada ante los tribunales por el abogado español Héctor Sebastián Sbert Pérez, experto en litigación, fraude y recuperación de activos, quien no respondió a las preguntas enviadas por The Kyiv Independent por correo electrónico.

¿Puede España o Estados Unidos confiscar el yate?

Un cambio de propiedad del yate bajo sanciones podría interpretarse como un intento de eludir las restricciones. “Estas circunstancias apuntan a una de las formas más comunes de eludir las sanciones. El hecho de que el acuerdo se firmara entre dos partes privadas podría indicar que la venta del yate se fechó retroactivamente”, afirma Tetiana Khutor, directora del Instituto de Ideas Legislativas, un think tank de juristas ucranianos centrado en la corrupción y sanciones.

Curiosamente, el intento de eludir las sanciones podría haber tenido lugar no solo si la venta del yate se hubiera producido realmente en agosto de 2022, después de que se impusieran las sanciones a la hijastra de Chemezov.

Según los abogados, incluso si hubiera ocurrido en julio de 2021 podría considerarse una evasión de las sanciones. En ese momento, Chemezov ya estaba sujeto a sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos en relación con la invasión rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014, que preveían la congelación de los recursos que controlaba, incluso de forma indirecta.

“El yate, en esencia, ya estaba congelado desde 2014”, ha afirmado Anatoly Yarovyi, socio principal del Colegio de Abogados Internacionales, con sede en Chipre. “Esto significa que, legalmente, no podría haberse vendido en 2021 ni en 2022, independientemente del hecho de que la hijastra de Chemezov aún no hubiera sido designada en ese momento”, concluye. Es decir, la venta del yate a Avdolyan no debería haberse producido ni en 2021 ni en 2022.

Según la legislación española, la evasión de sanciones aún no constituye un delito penal, ya que no se ha codificado formalmente, y las autoridades españolas no pueden actuar de manera autónoma para confiscar un yate únicamente por ese motivo.

“Hasta la fecha, la legislación española solo contempla responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las sanciones”, señala Tetiana Khutor. Sin embargo, según los expertos, las autoridades españolas sí podrían perseguir otros delitos, como la falsificación de documentos o el blanqueo de capitales. Además, Estados Unidos también podría intervenir en el caso.

“Un caso similar es la incautación en Mallorca del yate Tango, perteneciente al conocido oligarca ruso Viktor Vekselberg, realizada por las autoridades españolas en cooperación con el Grupo de Trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia”, afirma Yarovyi. “La declaración jurada presentada en Estados Unidos alegaba una conspiración para ocultar la propiedad mediante sociedades offshore, lo que constituía fraude bancario, blanqueo de capitales y evasión de sanciones. Estos hechos derivaron en una orden de incautación y en un procedimiento de decomiso de activos”.

En ese caso, se consideró que los tribunales de Estados Unidos eran competentes porque los pagos por el mantenimiento del yate se realizaron a través de cuentas bancarias de Estados Unidos. Por lo tanto, si Estados Unidos encontrara motivos para ello, podría solicitar la confiscación del yate vinculado a Chemezov.

Abogados con honorarios millonarios

Aunque los intentos de desbloquear el yate en España resultaron infructuosos, la familia Chemezov no se rindió.

En noviembre de 2024 se presentó ante el Tribunal de Justicia de la UE un recurso para impugnar las decisiones del Consejo relativas a las sanciones impuestas a la hijastra de Chemezov. A falta de una resolución publicada, todo indica que el tribunal aún no ha examinado el caso.

El letrado principal del Colegio de Abogados de Irlanda, Carsten Zatschler, que representa los intereses de Ignatova, la hijastra de Chemezov, se ha negado a hacer comentarios, amparándose en el código de conducta.

En marzo de 2025, Chemezov firmó un acuerdo con abogados estadounidenses para que lo representen e interpongan recursos extrajudiciales contra las sanciones de Estados Unidos. El acuerdo no solo beneficia a sus intereses, sino también a los de su mano derecha en Rostec, Vasily Brovko.

El acuerdo establece que los abogados pueden solicitar a las autoridades estadounidenses autorizaciones especiales que permitan a las personas sancionadas realizar determinadas transacciones en el país, así como presentar peticiones de exclusión de la lista con el fin de que se levanten las sanciones.

“Existen formularios que las personas sancionadas pueden presentar para obtener autorización para determinadas actividades o solicitar que se les retire la sanción. Eso es exactamente lo que está ocurriendo”, explica Benjamin L. Schmitt, investigador principal de la Perry World House de la Universidad de Pensilvania.

Los abogados de los bufetes estadounidenses Rathmell Short LLP y Stryk Global Diplomacy, mencionados en el acuerdo, no han respondido a las preguntas de The Kyiv Independent sobre sus actividades ni sobre si habían tenido éxito.

Se desconoce el valor de los acuerdos con abogados europeos, celebrados en nombre de la sociedad offshore Sulberg Services y en nombre de la hijastra de Chemezov. Sin embargo, el valor del acuerdo revelado en virtud de la ley FARA con los abogados estadounidenses resulta extraordinariamente alto: asciende a 2,6 millones de dólares (2,25 millones de euros) para la representación de tan solo dos clientes: Chemezov y Brovko.

Yudisud Tjong Trading LLC, una empresa comercial con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, realizó el pago. La empresa comercial se creó en julio de 2024, solo ocho meses antes de que se firmara el acuerdo con los abogados. Según los registros de comercio internacional, la empresa adquirió varios lotes de ropa masculina en India poco después de su creación, y eso es todo lo que se conoce sobre su actividad comercial.

Según los datos del Departamento de Economía y Desarrollo de Dubái facilitados al Kyiv Independent por el Diligencia Group, con sede en Reino Unido —que recopila datos del registro mercantil de Oriente Medio y África—, el propietario de la empresa pagadora figura como el ciudadano indonesio Yudisud Tjong.

¿Por qué una empresa de los Emiratos Árabes Unidos propiedad de un ciudadano indonesio pagaría millones de dólares a abogados estadounidenses para ayudar a ejecutivos sancionados de un conglomerado armamentístico ruso? Yudisud Tjong Trading LLC no ha respondido a un correo electrónico de The Kyiv Independent.

Una pregunta igualmente interesante es por qué Chemezov decidió impugnar las sanciones estadounidenses contra él, dado que sus activos extranjeros conocidos, como villas y un yate, se encuentran en la UE.

“Hay diversos motivos por los que personas como Chemezov pueden buscar el levantamiento de las sanciones en Estados Unidos, aun cuando la mayor parte de sus activos sancionados esté en Europa”, señala Anastassia Fedyk, profesora adjunta de Finanzas en la Haas School of Business de la Universidad de California en Berkeley. Según la experta, además de permitirles realizar ciertas operaciones en Estados Unidos —como transacciones bancarias—, este tipo de gestiones también podría tener un efecto estratégico en Europa. “Si perciben que la Administración estadounidense es más receptiva a levantar determinadas restricciones en este momento, pueden aprovecharlo como una oportunidad y tratar de usarlo más adelante como precedente para impugnar las sanciones de la UE”, explica.

Aun así, no ha habido señales de avance en el levantamiento de las sanciones internacionales contra Chemezov y su familia. Y los intentos por liberar el yate solo han servido para arrojar más luz sobre las personas que podría haber utilizado para ocultar su propiedad.

Esta investigación fue publicada anteriormente en The Kyiv Independent.