La Casa Rosada activó un operativo de contención para evitar que el Congreso le marque un límite a Adorni

La Casa Rosada entró en modo contención. Por primera vez desde que estalló la controversia patrimonial alrededor de Manuel Adorni, el Gobierno activó a toda su estructura política para evitar que el jefe de Gabinete quede expuesto a una derrota en el Congreso. Los miembros de la mesa política libertaria recibieron en las últimas horas una misión concreta: persuadir a los aliados históricos del oficialismo de que no acompañen los pedidos de interpelación y moción de censura impulsados por la oposición.

El objetivo inmediato es uno solo: impedir que el caso Adorni se transforme en una crisis institucional de dimensiones inéditas. El primer desafío aparece este jueves en el Senado. La convocatoria deberá terminar de definirse en la reunión de labor parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel, una de las dirigentes más críticas del jefe de Gabinete dentro del universo que rodea al mundo libertario. Allí, el peronismo intentará avanzar con aquella herramienta incorporada a la Constitución durante la reforma de 1994 y que nunca fue utilizada en la historia reciente del país.

La respuesta oficial llegó incluso antes de que la discusión escalara. El martes por la noche, la Jefatura de Gabinete envió una nota a la Cámara alta confirmando que Adorni se presentará el próximo 2 de julio a brindar su informe de gestión. En Balcarce 50 la decisión es presentada como una obligación institucional. Pero también funciona como una estrategia de fuga hacia adelante: exponer al funcionario en el terreno donde el oficialismo se siente más cómodo y evitar que la oposición imponga sus propios tiempos.

La línea argumental que el Gobierno está desplegando con sus socios parlamentarios es sencilla y busca correr la discusión del patrimonio de Adorni para trasladarla al terreno de la institucionalidad. El mensaje que hacen llegar a gobernadores, radicales y dirigentes del PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza, es que acompañar la moción de censura implicaría abrir un precedente que podría alterar el equilibrio entre poderes. El problema es que, a diferencia de otras discusiones legislativas, esta vez el oficialismo no encuentra un bloque naturalmente dispuesto a salir a defender a Adorni.

El argumento no termina de convencer a todos. Los aliados atraviesan una situación incómoda. Por un lado, no quieren aparecer alineados con una ofensiva liderada por el kirchnerismo, una bancada a la que acusan de incurrir en una evidente contradicción al cuestionar la ética pública de un funcionario mientras Cristina Kirchner cumple una condena por corrupción. Por otro, tampoco están dispuestos a quedar pegados a la defensa irrestricta de un jefe de Gabinete cuya imagen viene sufriendo un desgaste sostenido desde marzo.

El mensaje que comenzó a circular en las últimas horas va en esa dirección. “Presidente: los que estamos apoyando el cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, advirtió el PRO en un breve comunicado dirigido directamente a Milei. La UCR, en tanto, explora salidas intermedias que le permitan tomar distancia del funcionario sin quedar absorbida por una avanzada encabezada por Unión por la Patria. El escenario es tan delicado que, más que conseguir respaldos explícitos, el Gobierno ya considera un éxito lograr que muchos de sus socios simplemente no se sienten en sus bancas cuando llegue el momento de votar.

La situación produjo una paradoja difícil de ignorar. Patricia Bullrich, probablemente la principal crítica interna de Adorni, se convirtió al mismo tiempo en una de las dirigentes encargadas de evitar que el Congreso avance sobre él. Lo mismo sucede con otros referentes oficialistas que, en privado, admiten reparos sobre la estrategia de defensa adoptada por el funcionario, pero no quieren prestarse a una ofensiva que pueda terminar fortaleciendo a la oposición.

Por eso, el verdadero objetivo del Gobierno no es ganar una votación sino evitar que esa votación exista. En algunos despachos consideran que la salida más elegante para los aliados consiste directamente en no dar quórum. Otros exploran fórmulas intermedias que les permitan tomar distancia del caso Adorni sin aparecer acompañando una iniciativa impulsada por Unión por la Patria.

La preocupación de la Casa Rosada no termina en el Senado. Si logra atravesar esa instancia, el siguiente frente se abrirá en Diputados. Allí el panorama es más complejo porque la iniciativa para interpelar al jefe de Gabinete ya no está impulsada únicamente por el kirchnerismo, sino por un conjunto mucho más amplio de bancadas opositoras que aspiran a llevar el tema a comisión el próximo 23 de junio y, posteriormente, al recinto.

Mientras tanto, en Balcarce 50 intentan transmitir calma. Repiten que la economía “va viento en popa”, que la discusión alrededor del patrimonio de Adorni no modifica el rumbo general del Gobierno y que los argentinos están preocupados por otros asuntos. El problema es que la política parece estar empezando a pensar distinto. Después de tres meses, el caso hace tiempo que dejó de ser un asunto exclusivamente judicial y pasó a poner en jaque el capital simbólico y político del oficialismo. Aun así, Milei no tiene previsto alterar su agenda ni tomar distancia de su jefe de Gabinete. De hecho, el próximo sábado Adorni lo acompañará a Rosario en el acto por el Día de la Bandera, un gesto que en la Casa Rosada interpretan como una nueva señal de respaldo presidencial en medio de la tormenta.

Hasta hace poco, la pregunta era cómo defender a Adorni. Ahora el desafío consiste en evitar que el Congreso obligue a La Libertad Avanza a tomar una decisión que, por el momento, Javier Milei sigue decidido a postergar. El Presidente y su hermana ya tomaron partido: consideran al jefe de Gabinete inocente y amenazan, en caso de que la oposición avance en su moción de censura, con volverlo a nombrar en su cargo. La incógnita es si el resto del sistema político tiene la suficiente fuerza como para torcerle el brazo.

PL/MG