“Mucho ruido y pocas nueces”, dijo este lunes el gobernador bonaerense Axel Kicillof para referirse al blanqueo de “dólares bajo el colchón” anunciado la semana pasada por el Gobierno nacional. Fue el preanuncio de lo que luego terminaría de aclarar el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, que en la provincia continuarán aplicando los controles para fiscalizar movimientos en dólares.
“Pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes”, dijo Girard. Y precisó: “No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”.
El llamado “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos” apunta a una relajación de los controles que realiza el Estado para transacciones que van desde consumos personales con tarjeta, transferencias bancarias, extracciones en efectivo y hasta compra de inmuebles y vehículos.
Para el gobernador bonaerense, estas medidas parecen “un intento de blanqueo permanente, pero sin aprobación legislativa. Lo que parece haber cambiado es el régimen informativo”. Y detalló que el único sustancial se produjo en el régimen informativo que permitía alertar sobre operaciones sospechosas. “Antes, si alguien sin ingresos o con un salario bajo empezaba a comprar vehículos o inmuebles por 50 mil dólares al mes, eso generaba una alerta. Ahora, ese umbral se elevó y la alerta desaparece”, señaló.
Con las medidas anunciadas por el equipo económico que comanda el ministro Luis Caputo, ARCA dejará de recolectar información de los bancos cuando se produzcan operaciones por más de $ 50 millones para individuos. Hoy, Kicillof dejó en claro que eso no correrá en la provincia donde ARBA continuará aplicando los mismos criterios de control.
Girard, por su parte, advirtió: “Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados. No apunta a ahorros acumulados, sino que apunta a que no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo. Pero la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta. Eso deja a las y los contribuyentes en un limbo legal”.