La deportación de un trabajador migrante reaviva la polémica sobre la política migratoria del gobierno de Milei

A dos meses de la promulgación de un decreto que endurece las condiciones de permanencia de extranjeros en el país, el gobierno de Javier Milei enfrenta fuertes cuestionamientos tras la deportación de Juan Pedro Martínez, un trabajador migrante afrouruguayo con familia en Argentina. El hecho, que tuvo lugar cuando fue a renovar su DNI por una causa penal de hace cinco años, es señalado por organizaciones sociales y sectores de la izquierda como una acción de amedrentamiento hacia la población migrante y trabajadora.

Martínez fue detenido por efectivos policiales cuando se presentó a renovar su documento. La medida, justificada por la causa penal antigua, derivó en su expulsión a Uruguay, en el marco del Decreto 366/2025, firmado por Milei a fines de mayo. La norma modifica aspectos clave de la Ley de Migraciones, la Ley de Ciudadanía y el acceso a la educación y la salud pública, instaurando nuevas causales de cancelación de residencia y facilitando los procesos de expulsión.

Desde el Frente de Izquierda, la dirigente Vanina Biasi denunció el caso como un “montaje para amedrentar” y convocó a una manifestación frente a la Dirección Nacional de Migraciones. “La acción fascista y racista del gobierno de Milei debe ser combatida con una lucha frontal”, escribió en sus redes sociales. Biasi, que primero afirmó que se había tratado de una contravención, señaló que “había tenido una causa penal hace 5 años, no una contravención. Es lo mismo, su causa ya siguió su trámite legal y no adeuda nada con la justicia. Lejos de estar cometiendo un delito estaba tramitando documentación que requiere migraciones. Hace 20 años que vive acá y tiene dos hijos”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se pronunció, recordando que Martínez “tiene una familia, dos hijos y una hija argentinos, y toda una vida en el país”, y denunció su deportación como una medida “intimidatoria” hacia las familias migrantes.

Una política migratoria más restrictiva

El caso de Martínez se produce mientras el Ejecutivo avanza con una reforma migratoria aún más profunda. El presidente Javier Milei anunció recientemente nuevas medidas para regular el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que —aunque todavía no fue publicado en el Boletín Oficial— cambiará sustancialmente el régimen migratorio vigente desde 2003.

Según informó la Casa Rosada, el decreto impondrá límites más estrictos al acceso de inmigrantes a los servicios públicos y establecerá causales más amplias de expulsión, incluso por delitos menores.

Desde su anuncio, las nuevas medidas fueron objeto de duras críticas por parte de organizaciones sociales, referentes en derechos humanos y partidos de la oposición, que advierten sobre la criminalización de la pobreza y la estigmatización de la población migrante. El CELS, además de denunciar el caso de Martínez, ya había advertido previamente sobre la gravedad del DNU, calificándolo como una reforma “xenófoba y arbitraria” .

La Argentina, país históricamente marcado por la inmigración —en especial europea—, enfrenta ahora un punto de inflexión que podría redefinir su perfil como sociedad de acogida.

CRM