Fallo contra el protocolo antipiquetes
Ordenan investigar la represión a los jubilados y cuestionan el “modelo de combate” del Gobierno
En una resolución de fuerte impacto institucional, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el cierre de la investigación por la represión contra un grupo de jubilados frente al Congreso ocurrida en octubre de 2025. El fallo no solo obliga a reabrir el expediente para determinar las responsabilidades penales de los efectivos policiales y las autoridades políticas, sino que además apartó a los jueces de la Cámara Federal que habían intentado clausurar la pesquisa, calificando su actuación como prematura y arbitraria.
La decisión, adoptada por los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma, con la disidencia de Guillermo Yacobucci, se originó a partir de una denuncia presentada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la abogada de CORREPI, María del Carmen Verdú. El caso central que motorizó el reclamo fue el de Egidio Contreras, un jubilado de 75 años que, durante una de las movilizaciones de los miércoles, sufrió una fractura de húmero tras ser violentamente empujado por efectivos de la Policía Federal mientras se encontraba sobre la vereda.
En sus fundamentos, el juez Slokar fue especialmente crítico con el “paradigma beligerante de combate” que las fuerzas de seguridad aplicaron contra un sector de extrema vulnerabilidad. El magistrado señaló que el uso de la fuerza pública debe estar regido por los principios de proporcionalidad y razonabilidad, algo que —según las pruebas videográficas analizadas— estuvo ausente en el operativo. Para la mayoría del tribunal, el cierre de la causa sin haber realizado peritajes médicos ni haber identificado a los responsables directos constituyó una denegación de justicia que favorecía la impunidad en casos de violencia institucional.
El fallo de Casación subraya que los Estados tienen una “obligación reforzada” de proteger a quienes se manifiestan pacíficamente, especialmente cuando se trata de adultos mayores, protegidos por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y las Reglas de Brasilia. Los jueces advirtieron que la inacción judicial frente a estos excesos genera un “efecto amedrentador” o chilling effect, cuyo objetivo final es disciplinar a la sociedad y atrofiar el debate público mediante el temor a la represalia física.
Uno de los puntos más duros de la resolución fue el apartamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal. Casación consideró que estos magistrados habían emitido un juicio sesgado al ratificar el archivo solicitado por el fiscal Eduardo Taiano (el mismo que tramita la causa de la cripto $LIBRA que salpica a Javier Milei), quien sostenía que la policía simplemente había cumplido con su deber bajo el protocolo de seguridad vigente. Para el máximo tribunal penal, aceptar ese argumento sin investigar los hechos equivale a validar una “zona de excepción” donde los derechos constitucionales de reunión y petición quedan suspendidos por la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo.
La reapertura de la instrucción implica ahora una serie de medidas urgentes que el juzgado de origen había omitido sistemáticamente. Entre ellas, se destaca la citación a la víctima para que preste declaración testimonial, la realización de pericias forenses que acrediten la gravedad de las lesiones y la identificación precisa de la cadena de mandos que ordenó avanzar sobre los manifestantes. Según consta en el expediente, las imágenes televisivas de aquel 22 de octubre muestran a una treintena de jubilados rodeados por un despliegue desproporcionado de efectivos, lo que desmiente cualquier hipótesis de “resistencia a la autoridad” o peligro inminente para el orden público.
Este revés judicial para el Ministerio de Seguridad se produce en un contexto de creciente escrutinio internacional. Hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en su informe anual una mención específica sobre el retroceso en las libertades democráticas en Argentina, señalando el uso abusivo de gases químicos y la violencia física contra sectores que reclaman por derechos sociales básicos.