Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal expresaron su “profunda preocupación” ante el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 impulsado por el Consejo de la Magistratura, al advertir que el crédito asignado implicaría una reducción del 8% en términos generales y del 74% en el rubro Bienes de Uso.
A través de un comunicado, los magistrados alertaron que, de mantenerse esa previsión, se vería “gravemente afectado el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”, a la que calificaron como un “pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
En ese sentido, remarcaron que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera son condiciones “indispensables” para asegurar la efectiva independencia judicial, y advirtieron que “asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”.
El pronunciamiento también hizo hincapié en la necesidad de contar con recursos para avanzar en la modernización del sistema judicial y para garantizar la implementación del nuevo sistema procesal penal federal.
Según señalaron, la fuerte reducción en el presupuesto para Bienes de Uso “impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica”, considerados elementos claves para ofrecer “un servicio de justicia eficiente y moderno”.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades”, concluyeron los jueces, en defensa del “equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”.
Postergan la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal
El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.
Según la Resolución 1034/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, la nueva fecha para la puesta en marcha del sistema acusatorio será el 20 de abril de 2026, a las 00:00 horas.
La medida, firmada por la ministra Patricia Bullrich, se fundamenta en la necesidad de consolidar los avances realizados, culminar inversiones en infraestructura y tecnología, y garantizar condiciones institucionales óptimas para el funcionamiento definitivo del nuevo modelo procesal.
Desde 2014, la reforma procesal penal enfrenta obstáculos de implementación que han generado la coexistencia de regímenes distintos, complicando la operatividad del sistema federal y la administración eficiente de justicia penal.
En los últimos años, el Ministerio de Justicia realizó aportes en infraestructura, equipamiento tecnológico, capacitación y fortalecimiento institucional tanto para la Procuración General de la Nación, la Defensoría General y el Poder Judicial, como también la puesta en valor de edificios emblemáticos como la sede “Raúl Alfonsín” y “La Monedita”.
El proceso de implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal seguirá avanzando en otras jurisdicciones del país, con el objetivo de consolidar un esquema de trabajo conjunto entre los organismos del sistema y asegurar la sostenibilidad de la reforma más allá de mandatos políticos.
Con información de NA.