La revancha de Diputados: la estrategia opositora para modificar y dilatar la sanción de la reforma laboral

“Cuando la CGT conduce estas cosas no pasan. Son un grupo de generales retirados que no creen que se pueda pelear y ganar”, suspiró un referente sindical del peronismo el día después de que el Senado hubiera aprobado la reforma laboral de Javier Milei. Horas antes, la policía había reprimido y vaciado la plaza del Congreso en unos pocos minutos, dejando una doble postal de desamparo opositor: afuera, las calles vacías, y adentro, una nueva mayoría oficialista que rozó, con facilidad, los casi dos tercios de la cámara. Una mayoría contundente que el Gobierno buscará replicar, dentro de dos semanas, en la Cámara de Diputados.

La cuenta regresiva de la pelea final del proyecto de modernización laboral comenzó mucho antes de que el Senado le hubiera dado media sanción. Mientras Patricia Bullrich negociaba los cambios que le permitieran posicionarse como la arquitecta detrás del gran triunfo libertario, el peronismo ya depositaba todas sus esperanzas en la Cámara de Diputados. Incluso la conducción de la CGT, que desactivó la posibilidad de un paro general atento a acordar con el Gobierno algunos cambios en el proyecto –como el sostenimiento del 6% de los aportes a las obras sociales o la prórroga de la obligatoriedad de las cuotas solidarias–, organizó su estrategia de confrontación pensando en los diputados, más que en los senadores.

El Senado estaba perdido, sostenían, los gobernadores le habían soltado la mano a los sindicatos y habían priorizado colaborar con el Gobierno, pero Diputados era otro escenario. Los múltiples diputados sin tierra, sumados a los ex libertarios heridos y los aliados enojados, habilitaban una esperanza. No de rechazar el proyecto, que el PJ Nacional advierte que será aprobado desde la derrota electoral, pero sí de modificarlo. 

Para el peronismo y el sindicalismo, la batalla es más simbólica que política. Saben que no tienen el número para rechazar la reforma laboral de La Libertad Avanza –que fracciona vacaciones, recorta el salario ante casos de accidentes fuera del trabajo, disminuye la indemnización, desfinancia al INCAA y modifica el modelo sindical argentino–, pero apuestan a dilatarlo. “Nuestro objetivo es sacarlo de extraordinarias. Patearlo para afuera es lo más cerca de un triunfo político que vamos a estar”, señala, resignado, un dirigente peronista de una provincia del Norte.

Los puntos débiles

Las conversaciones ya comenzaron. El diputado sindical Sergio Palazzo, titular de La Bancaria, ya comenzó a acercarse a los diputados de otros espacios. Palazzo conversa con Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot con el massismo, el socialista Esteban Paulón con el radicalismo no mileísta. Los armadores opositores porotean artículos y sondean voluntades al interior de cada bloque aliado: la estrategia opositora es un mosaico de intereses y partidos cuyo éxito depende, fundamentalmente, de hasta qué punto los aliados menos fieles del Gobierno estén dispuestos a pelearse con Milei. 

Las primeras proyecciones dan un escenario favorecedor para el oficialismo. Si se trasladan los votos del Senado a la Cámara de Diputados, replicando las actitudes de los bloques y los gobernadores, el Gobierno cuenta con una base de 131 votos para sancionar la reforma laboral. Son los 95 de LLA, los 12 del PRO, los 3 tucumanos de Osvaldo Jaldo, los 3 salteños de Gustavo Sáenz, los 3 cordobeses que responden a Martín Llaryora, entre otros.

Del otro lado hay una base de 109 votos en contra, entre los que se encuentra Unión por la Patria, la izquierda y un variopinto conglomerado de radicales no mileístas, socialistas, lilitos y ex pichettistas, como el propio Pichetto, que integra el interbloque Unidos. 

Provincias Unidas será una bancada clave, ya que estaba dividida en varios grupúsculos que no terminan de definir postura. Algunos, como la santafesina Gisela Scaglia, ya adelantaron que votarán a favor en general, pero que votarán en contra en algunos artículos, como el del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una creación de Federico Sturzenegger que Bullrich modificó durante el debate en el Senado. 

El objetivo de la oposición es ir articulando con los votos positivos más blandos y armar un esquema que le permita, en la votación en particular, rechazar algunos artículos. Uno de los que fue recibiendo mayores críticas, según recopilan algunos de los armadores opositores, es el que recorta el sueldo en el caso de sufrir un accidente por fuera del ámbito de trabajo. Es el artículo 208, una incorporación de último momento de Sturzenegger en el proyecto de ley que varios diputados, incluso, no sabían que existía hasta que lo empezaron a ver en los medios de comunicación. 

El artículo sostiene que, en caso de que el trabajador sufra “un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo”, el empleador podrá pagarle solo el 50% de su salario. Eso en el caso de que el accidente fuera resultado de una “actividad voluntaria”. Pero si fuera una enfermedad que no fuera resultado de una acción “conciente” del trabajador –desde cáncer a dengue– el empleador podrá bajarle el salario a un 75%. 

“Es lo más indignante que hay y estamos viendo de eliminarlo”, deslizó un opositor que suele jugar con el Gobierno.

Otro punto es el FAL, que apunta a financiar con los aportes a la seguridad social las indemnizaciones de los trabajadores despedidos. Algunos gobernadores advierten sobre el peligro de desfinanciar la ANSES y sostienen que, pese a los cambios que introdujo Bullrich, votarán en contra. 

Los estatutos derogados por la ley, como el del periodista, y el desfinanciamiento del INCAA también componen un título –es el último de todos en el proyecto– que la oposición advierte que, con el lobby adecuado, se podría voltear. Aunque siempre con la misma salvedad: todo lo que se elimine en Diputados tendrá que ratificarse, luego, en el Senado. 

El Gobierno y los sindicatos

Mientras la oposición hace cálculos matemáticos, Martín Menem se jacta de tener el número para aprobar la reforma tal como vino del Senado. El riojano se muestra confiado de que, pese a las presiones de algunos aliados –como el PRO, que está presionando para volver a habilitar a las billeteras virtuales como agentes de cobro de los sueldos–, logrará sancionar el proyecto sin cambios antes de que terminen las sesiones extraordinarias.

Milei quiere abrir las sesiones ordinarias el 1 de marzo con un discurso televisado en hora pico por la noche y, como frutilla del postre, con la reforma laboral sancionada. “La reforma que (Mauricio) Macri no pudo impulsar la hicimos nosotros”, presumen en LLA, en donde más de uno está haciendo cálculos de que, si la reforma laboral se aprueba con holgura, el próximo paso será aprobar la reforma electoral. Un experimento fallido en la ley Bases, que propone desde la eliminación de las PASO hasta el diseño de un sistema uninominal por circunscripciones electorales, y que el caputismo todavía quiere impulsar.

El sindicalismo, mientras tanto, analiza su siguiente paso. Todavía persisten los pases de factura por el fracaso de la movilización del miércoles –los sindicalistas más combativos denuncian, puertas adentro, que la CGT estaba al tanto de que el Gobierno buscaría desarticularla, ya fuera con infiltrados o habilitando a que grupos de izquierda tiraran las bombas molotov– y no existe una postura unificada sobre la estrategia a seguir. 

Las dos CTA y la UOM convocarán, en la próxima semana, a un nuevo paro y movilización. La CGT, en cambio, todavía no sabe si volverá a repetir la experiencia fallida de la movilización o convocará, finalmente, a un paro general. Durante el fin de semana, los contactos de los pesos pesados de la central gremial se multiplicaron y hay expectativa de que, en los próximos días, se convoque a una nueva reunión del consejo directivo. Aunque en los otros sindicatos no se hacen grandes expectativas. “Ellos ya cerraron lo suyo”, mascullan.

MCM/CRM