Socma, principal empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, busca llevar el caso Correo Argentino SA al Tribunal Superior de la Ciudad De Buenos Aires para intentar nuevamente apartar a la fiscal general Gabriela Boquin del concurso preventivo, según el escrito al que accedió elDiarioAR.
La Sala B de la Cámara Comercial, que interviene en el concurso de acreedores de la compañía Correo, rechazó este martes un recurso de inconstitucionalidad presentado por los directivos de Socma para derivar el caso a la Justicia porteña. Sin embargo, la empresa de los Macri podrá insistir con una queja ante el tribunal superior, máxima instancia de la Justicia de la Ciudad, gracias a dos antecedentes fijados recientemente por dicha instancia, explicaron fuentes judiciales del caso.
“El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, de aplicación a la materia y litigios ventilados en este fuero”, dijeron las camaristas al rechazar el planteo en apenas media carilla. Las juezas no analizaron la cuestión planteada por Socma y los alcances del caso.
El planteo de Socma sostiene que está en proceso el traspaso de parte de la Justicia nacional a la Ciudad (que no ha sucedido en el fuero comercial) y en antecedentes recientes, como el de una causa civil en la que el tribunal superior porteño estableció que tenía competencia sobre la Cámara Nacional Civil, según el escrito.
La empresa sigue sosteniendo en su escrito que la fiscal debe ser apartada por supuesta “parcialidad”, acusación que ya fue rechazada por Boquin en varios dictámenes.
El tribunal porteño al que apunta Socma está integrado por jueces elegidos por la Legislatura porteña y es presidido por Inés Weinberg de Roca, quien fue candidata de Macri para la Procuración General de la Nación. También integró el consejo de juristas que asesoró a Alberto Fernández para la reforma judicial. En el tribunal, también tiene un cargo el exviceministro de Justicia del gobierno de Cambiemos, Santiago Otamendi.
El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación.
El concurso de Correo se tramita en la Justicia comercial, que pertenece al Poder Judicial de la Nación. La fiscal depende del Ministerio Público Fiscal y la Procuración General de la Nación. Ninguno de esos órganos pertenece al ámbito de la Justicia porteña.
Socma es la principal accionista de Correo y comenzó a tomar un rol activo en el caso en 2020, tras la salida de Macri de la Casa Rosada. Correo está en proceso de salvataje pero si fracasa podría llevar a la quiebra a las principales empresas del grupo: Socma y Sideco. El concurso de acreedores ya suma 19 años.
La empresa de la familia del expresidente había recusado ante la Cámara Comercial a la fiscal Boquin por supuesta “parcialidad”, tras sus declaraciones en una comisión bicameral.
La recusación
En su recusación, Socma reprochó que la fiscal general hubiera declarado en agosto último ante la comisión bicameral de Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público sobre el presunto disciplinamiento a favor de los Macri que habría intentado ejercer la Procuración General de la Nación en su desempeño en el caso Correo. El jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal, niega presiones a Boquin.
La fiscal impulsa una investigación por supuesto vaciamiento de Correo por parte de los administradores de la familia Macri; y en 2017 frenó el acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y la compañía que implicaba una quita del 98,87% de la deuda de capital e intereses proyectados con el Estado nacional.
En diciembre, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, miembros de la Sala B de la Cámara Comercial que interviene en el caso, rechazaron la presentación de Socma por “inadmisible”. Primero, porque se realizó “fuera de tiempo” con respecto a los tiempos que plantea el propio Código Procesal Civil y Comercial para realizar recusaciones con causa. Segundo, porque los miembros del Ministerio Público Fiscal, como la fiscal Boquin, “no se encuentran entre los sujetos pasibles” de recusación en el fuero civil y comercial.
ED