El INTA exoneró a Virginia Aparicio, la investigadora que lideró el estudio sobre el efecto de los plaguicidas en las personas

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, la investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que dirigió en Argentina el proyecto internacional Sprint, un estudio que analizó la presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo de personas voluntarias. La medida implica su salida definitiva del organismo y la inhabilita para continuar en la administración pública nacional.

La decisión fue formalizada mediante la resolución 366 del organismo y constituye la sanción disciplinaria más severa contemplada en el régimen de empleo público nacional. El caso pone punto final, al menos en el plano administrativo, a un proceso que comenzó a fines de 2023 con la apertura de un sumario sobre la ejecución del proyecto Sprint, una investigación financiada por la Unión Europea que generó fuerte repercusión por sus resultados sobre la exposición humana y ambiental a agroquímicos.

La exoneración se apoya en las conclusiones de la investigación interna realizada por el INTA. Según la resolución, las autoridades consideraron acreditadas conductas incompatibles con las obligaciones de una agente pública, vinculadas tanto a la gestión del proyecto como a la utilización de recursos institucionales.

Los argumentos del organismo

Uno de los principales cuestionamientos planteados por el Consejo Directivo se relaciona con la participación de José Luis Costa, investigador ya retirado del INTA y pareja de Aparicio, en distintas instancias del proyecto. El organismo sostuvo que Costa tuvo acceso a tareas de coordinación e información sensible de la investigación sin contar con una autorización institucional específica ni una formalización por parte de los órganos competentes.

La resolución sostiene que la investigadora utilizó atribuciones derivadas de su rol como coordinadora para otorgarle una participación relevante a una persona que carecía de vínculo laboral vigente con el instituto. Ese aspecto fue considerado una de las infracciones centrales para justificar la sanción.

El segundo eje de las observaciones apunta al manejo de los fondos europeos destinados al proyecto. El sumario analizó ingresos y gastos asociados a Sprint, incluidos desembolsos para el traslado de muestras biológicas al exterior. Según las autoridades, determinadas decisiones operativas vinculadas con esos recursos no habrían contado con las autorizaciones institucionales requeridas.

No obstante, la propia resolución aclara que los movimientos contables relevados no permiten concluir, por sí mismos, la existencia de un perjuicio económico equivalente para el Estado. También reconoce que no se acreditó un beneficio patrimonial directo para la investigadora. Aun así, el directorio consideró que las irregularidades detectadas alcanzaban la gravedad suficiente para aplicar la máxima sanción administrativa.

Un proyecto que generó controversia

El caso adquirió notoriedad pública por el contenido de la investigación. Sprint fue una iniciativa internacional coordinada desde Europa para estudiar la presencia de residuos de plaguicidas en ambientes rurales, alimentos, animales y personas.

En Argentina, el trabajo estuvo a cargo de un equipo radicado en Balcarce y contempló la toma de muestras biológicas y ambientales para evaluar distintos niveles de exposición a agroquímicos. Los resultados difundidos por los investigadores mostraron la presencia de diversas sustancias en muestras humanas y ambientales, lo que abrió un debate sobre los riesgos asociados al uso intensivo de plaguicidas y sobre las políticas de control vigentes.

La difusión de esos hallazgos ya había generado tensiones entre la investigadora y las autoridades del organismo. En los últimos años, el INTA tomó distancia institucional de la investigación y de la presentación de algunos resultados, mientras que sectores científicos, ambientales y académicos denunciaron que existía una presión política y administrativa sobre el equipo de trabajo.

La defensa de Aparicio

Según la investigadora, a fines de 2024 hubo consultas internas sobre sus funciones en SPRINT y a comienzos de 2025 fue citada a declarar. Su abogado, Mario Bolla, detalló que se le imputan ocho hechos, entre ellos un supuesto perjuicio material grave para la administración pública, que la defensa rechaza al recordar que el financiamiento fue europeo. Agregó que otros investigados por su intervención institucional recibieron propuestas de sanción mucho menores. Si se confirma la exoneración, anticipó, recurrirán a la Justicia contencioso administrativa federal.

Aparicio atribuye el proceso a la aparición de los datos y describe un clima de aislamiento: sus colegas se acercan poco y, dijo, “parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”. Ella y su abogado creen que la sanción ya está decidida por la conducción actual del organismo y sostienen que casi no tuvieron oportunidad de defensa.

Durante el trámite del sumario, Aparicio cuestionó la validez del procedimiento y planteó objeciones vinculadas con su derecho de defensa. También denunció un trato que consideró discriminatorio y sostuvo que las decisiones adoptadas durante la ejecución de Sprint formaban parte de un proyecto internacional aprobado institucionalmente.

Sin embargo, el Consejo Directivo rechazó esos planteos y concluyó que el procedimiento se había desarrollado dentro de las reglas administrativas vigentes. Sobre esa base resolvió aplicar la exoneración, la sanción disciplinaria más severa prevista para los empleados públicos nacionales. El INTA está presidido por Nicolás Bronzovich, designado con vigencia desde el 3 de septiembre de 2025 (Decreto 684/2025), tras el rechazo del Congreso a reestructurar el organismo.

La decisión abre ahora un nuevo capítulo de un conflicto que excede el caso personal de la investigadora. El debate involucra cuestiones más amplias: la autonomía de la investigación científica en organismos públicos, los mecanismos de control sobre proyectos financiados por entidades internacionales y las tensiones que suelen emerger cuando los resultados científicos impactan sobre actividades económicas de fuerte peso político y productivo.

El recorrido de Aparicio

Desde 1997 a 2004 trabajó en los laboratorios de Salinidad de Suelo y Agua y Física de Suelos, como estudiante de grado. Las determinaciones que realizaba son: sales solubles e intercambiables, capacidad de intercambio catiónico, nitratos, conductividad eléctrica, pH, bromuro, estabilidad de agregados, curva característica de humedad de suelo, textura, etc. Seguimiento de ensayos de campo como estudiante avanzada (rotaciones y labranzas).

En 2004 ingresío a planta transitoria de INTA y en 2006 pasó a planta permanente. En 2007 INTA adquirió equipamiento de campo, se entrenó para su uso junto a su jefe. Posteriormente la institución adquirió un UPLC MS/MS y la envío a capacitarse en la empresa Waters, Estados Unidos, para operarlo.

Hasta ahora, era responsable institucionalmente por el funcionamiento de los tres laboratorios mencionados (Salinidad, Física y Plaguicidas) y coordinó un proyecto nacional de INTA por los periodos 2010-2013 y 2014-2018.

En diciembre de 2016, ingresó a CONICET como Investigadora Adjunta y promocionó a Inv. Independiente en 2022.

De a cuerdo a la descripción del caso que hace el sitio Naturaleza de Derechos, durante 25 años, Virginia Aparicio estudió el destino de plaguicidas y otros contaminantes agrícolas en el suelo, el agua, el aire y los organismos.

Esa producción salió del laboratorio y llegó a los Pueblos Fumigados, que durante años debieron demostrar aquello que advertían en sus cuerpos, en el agua que consumen y en los territorios en los que viven. Sus investigaciones ayudaron a comprender cómo las sustancias aplicadas sobre los cultivos pueden desplazarse, persistir, transformarse y alcanzar matrices ambientales alejadas del lugar donde fueron utilizadas.

En Pergamino, por ejemplo, esa relación entre ciencia pública, comunidades y justicia adquirió una expresión concreta. Las pericias practicadas por el equipo del INTA Balcarce, de la mano de Virginia Aparicio, sobre matrices de suelo y agua ingresaron al juicio penal y fueron examinadas durante el debate.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario dejó expresamente asentado que la metodología explicada por Aparicio “se encuentra avalada científicamente”. El mismo Tribunal tuvo por acreditados daños en la salud vinculados con la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria.

Esa línea de investigación continuó en el proyecto europeo SPRINT, cuyo componente argentino estuvo bajo responsabilidad de Aparicio y que abordó la exposición a plaguicidas y a sus mezclas en personas, animales y ambiente.

En tal sentido, luego de los resultados que volvieron a mostrar la extensión de esa exposición, en junio de 2023 el INTA dispuso suspender su presentación pública y posteriormente se apartó del proyecto.

“Desde 2025 Aparicio enfrenta un sumario administrativo en el que se impulsó su exoneración. La secuencia preocupa por lo que significa para ella y por el mensaje que proyecta hacia quienes investigan dentro del sistema científico público. La posibilidad de que medir, producir evidencia y comunicar resultados incómodos pueda terminar asociada a semejante consecuencia disciplinaria afecta las condiciones mismas en las que una ciencia independiente puede desarrollarse”, argumentan desde Naturaleza de Derechos.