Justicia ambiental

Con 49 demandas, América Latina lidera una “revolución silenciosa” en los litigios climáticos

Isabella Kaminsky

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En 2019, un grupo de niños llevó al gobierno peruano a los tribunales, buscando que desarrolle un plan nacional para frenar la deforestación.

Los niños y niñas, todos ellos menores de ocho años y representados por sus padres, argumentaron que el hecho de que el Estado no lo hiciera violaba su derecho a disfrutar de un medioambiente sano, así como sus derechos fundamentales a la vida, el agua y la salud. Dijeron que la deforestación en la Amazonía peruana genera una pérdida de servicios ecosistémicos y contribuye a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.

Su caso aún está pendiente, pero llega en medio de una oleada de litigios sobre el clima en todo el mundo, con casos que promueven la acción climática que ganan cada vez más. Y aunque la mayoría suceden en Estados Unidos, Australia y Europa, también hay un movimiento en constante crecimiento en América Latina, que tiene sus propias características.

Litigio Climático, una plataforma de litigios climáticos de América Latina y el Caribe, fue lanzada en febrero por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) junto con organizaciones y abogados que están detrás de algunos casos en la región. En ella se muestra que hasta ahora se han iniciado unos 49 casos legales, la mayoría en los últimos cinco años. Algunos de ellos tienen que ver con el cambio climático, mientras que otros se refieren a cuestiones ambientales asociadas, como la minería, el fracking y la contaminación, entre otros.

La base de datos está a cargo de María Antonia Tigre, directora para América Latina de la Red Global para el Estudio de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (GNHRE), y becaria de litigio climático global en la Facultad de Derecho de Columbia. Dice que los litigios sobre el clima en general han surgido de la frustración por la falta de ambición mostrada por los responsables políticos internacionales y nacionales. 

Tigre señala que, mientras que los juicios climáticos en el Norte Global han tendido a centrarse en la extracción y combustión de combustibles fósiles, muchos casos latinoamericanos se centran en la eliminación de los sumideros de carbono de los bosques de la región. El caso de Perú es un ejemplo pertinente.

Y, a diferencia de sus homólogos occidentales, suelen enmarcar el cambio climático como una violación de los derechos fundamentales. El gobierno de Guyana ha sido llevado a los tribunales por dos ciudadanos que afirman que la aprobación de licencias de exploración petrolera en alta mar viola su derecho y el de las generaciones futuras a un medioambiente sano.

Los litigios despegan en América Latina

Tigre también es la autora principal de un artículo que se publicará próximamente en el Journal of Human Rights and the Environment, en el que se analiza si la región está “liderando silenciosamente” una revolución en los litigios sobre el clima. 

Su análisis muestra el papel crucial del “constitucionalismo ambiental” -la invocación del derecho constitucional para proteger el medioambiente- en América Latina. Se dice que los casos recientes y emergentes “a menudo se basan en el derecho a un medioambiente sano como base jurídica principal” para cuestionar la falta de políticas climáticas. Otros casos reconocen que los acuerdos internacionales son vinculantes desde el punto de vista jurídico.

“Los litigios sobre el clima [en América Latina] están todavía en una fase inicial, y los casos tardan mucho en llegar a un punto de decisión, pero algunas de las teorías legales que se están presentando son realmente innovadoras”, dice Tigre a Diálogo Chino.

Se espera que una de las próximas decisiones legales importantes en la región se produzca en Brasil, donde el Tribunal Supremo Federal está considerando dos demandas climáticas que cuestionan las políticas de deforestación del país.

No está claro el camino que tomará la Corte, pero la ministra Cármen Lúcia, ponente del caso, citó una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el derecho a un medioambiente sano y la decisión del mismo tribunal en el caso Lhaka Honhat, que condenó a Argentina por violar los derechos de los pueblos indígenas.

Tigre confía en que el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el año pasado, contribuya también a apoyar los litigios sobre el clima aumentando el acceso a la justicia, brindando oportunidades de acceso a la información y mejorando la participación pública en la toma de decisiones.

Señala que Escazú ha sido mencionado en las audiencias del Tribunal Supremo de Brasil, aunque este país aún no ha ratificado el acuerdo. “Estas cosas llevan un poco de tiempo, pero creo que marcarán la diferencia”.

Siguen existiendo obstáculos

A pesar de los constantes avances recientes, los expertos subrayan que litigar en América Latina tiene sus propios retos particulares.

En un reciente artículo del que es coautora, Tigre afirma que la corrupción sigue siendo “generalizada y profundamente arraigada”, especialmente en industrias multimillonarias como la de los combustibles fósiles y las extractivas, con el riesgo de que los académicos sean cooptados por las empresas o los gobiernos. Probar y combatir este problema es “extremadamente difícil y peligroso”, escriben.

También existen importantes riesgos personales a la hora de litigar en América Latina, una región que según Global Witness es la más peligrosa para los defensores del medioambiente y de los derechos humanos. Tigre añade que la falta de recursos también puede dejar a los demandantes desprotegidos, no sólo de la violencia, sino del estrés emocional o del estigma social. 

Aunque la mayoría de los juicios concluidos han apoyado la acción climática, algunos casos fracasan. En Ecuador, un grupo de indígenas amazónicos perdió su litigio contra una rama local de una de las mayores empresas petroleras de China. 

E incluso si se gana un juicio, no hay garantía de que se aplique. 

Este es el caso de uno de los éxitos más notables en materia de litigios regionales: una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2018 que establece que el gobierno colombiano debe proteger su parte de la Amazonia de la deforestación. Según la organización sin ánimo de lucro Dejusticia, con sede en Bogotá, la sentencia no se ha aplicado adecuadamente, y la deforestación continúa a buen ritmo, mientras que en los lugares donde se está abordando, el gobierno la utiliza como excusa para expulsar violentamente a los campesinos y, por tanto, para cometer abusos contra los derechos humanos.

Juan Auz es investigador en derechos humanos y derecho del cambio climático en América Latina en la Escuela Hertie, una institución de investigación en Berlín. En el acto de presentación de la plataforma Litigio Climático, el investigador advirtió que no se debe tener “fe ciega” en los litigios para resolver todos los problemas climáticos.

“No es una fórmula mágica en la que en un día o una semana se tenga un resultado. Puede llevar años. Y muchas veces te quedas sin recursos. Tenemos que ser abiertos con las comunidades con las que litigamos sobre este tipo de asuntos.”

James McKeigue, redactor de LatAm Investor, afirma que hacer frente a las demandas climáticas no parece ser una de las prioridades de las empresas extractivas de la región, que están más preocupadas por las protestas locales contra el medioambiente y las comunidades. Sin embargo, señala que América Latina “va a llevarse la peor parte de los daños medioambientales locales causados por la transición energética”, ya que es la fuente de muchas materias primas esenciales, como el litio para las baterías.

No obstante, los expertos esperan que los litigios sobre el clima se amplíen considerablemente en América Latina en los próximos años. En un reciente artículo publicado en el Journal of Human Rights and the Environment, Auz concluye que, “dada la enorme importancia de los ecosistemas latinoamericanos para la protección de los derechos de miles de comunidades, es probable que las demandas sigan enmarcando el cambio climático como uno de los muchos argumentos de derechos humanos. ”

Gladys Martínez, directora ejecutiva de AIDA, dijo que espera que la plataforma regional sirva de inspiración para nuevos casos y ayude a conseguir resultados que impulsen la acción climática. “Tener una plataforma en español en la que se puedan consultar los principales casos activos de la región es una oportunidad única y una forma de aunar esfuerzos”.

Este artículo fue publicado por Diálogo Chino

IK

En 2019, un grupo de niños llevó al gobierno peruano a los tribunales, buscando que desarrolle un plan nacional para frenar la deforestación.

Los niños y niñas, todos ellos menores de ocho años y representados por sus padres, argumentaron que el hecho de que el Estado no lo hiciera violaba su derecho a disfrutar de un medioambiente sano, así como sus derechos fundamentales a la vida, el agua y la salud. Dijeron que la deforestación en la Amazonía peruana genera una pérdida de servicios ecosistémicos y contribuye a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.

Su caso aún está pendiente, pero llega en medio de una oleada de litigios sobre el clima en todo el mundo, con casos que promueven la acción climática que ganan cada vez más. Y aunque la mayoría suceden en Estados Unidos, Australia y Europa, también hay un movimiento en constante crecimiento en América Latina, que tiene sus propias características.

Litigio Climático, una plataforma de litigios climáticos de América Latina y el Caribe, fue lanzada en febrero por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) junto con organizaciones y abogados que están detrás de algunos casos en la región. En ella se muestra que hasta ahora se han iniciado unos 49 casos legales, la mayoría en los últimos cinco años. Algunos de ellos tienen que ver con el cambio climático, mientras que otros se refieren a cuestiones ambientales asociadas, como la minería, el fracking y la contaminación, entre otros.

La base de datos está a cargo de María Antonia Tigre, directora para América Latina de la Red Global para el Estudio de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (GNHRE), y becaria de litigio climático global en la Facultad de Derecho de Columbia. Dice que los litigios sobre el clima en general han surgido de la frustración por la falta de ambición mostrada por los responsables políticos internacionales y nacionales. 

Tigre señala que, mientras que los juicios climáticos en el Norte Global han tendido a centrarse en la extracción y combustión de combustibles fósiles, muchos casos latinoamericanos se centran en la eliminación de los sumideros de carbono de los bosques de la región. El caso de Perú es un ejemplo pertinente.

Y, a diferencia de sus homólogos occidentales, suelen enmarcar el cambio climático como una violación de los derechos fundamentales. El gobierno de Guyana ha sido llevado a los tribunales por dos ciudadanos que afirman que la aprobación de licencias de exploración petrolera en alta mar viola su derecho y el de las generaciones futuras a un medioambiente sano.

Los litigios despegan en América Latina

Tigre también es la autora principal de un artículo que se publicará próximamente en el Journal of Human Rights and the Environment, en el que se analiza si la región está “liderando silenciosamente” una revolución en los litigios sobre el clima. 

Su análisis muestra el papel crucial del “constitucionalismo ambiental” -la invocación del derecho constitucional para proteger el medioambiente- en América Latina. Se dice que los casos recientes y emergentes “a menudo se basan en el derecho a un medioambiente sano como base jurídica principal” para cuestionar la falta de políticas climáticas. Otros casos reconocen que los acuerdos internacionales son vinculantes desde el punto de vista jurídico.

“Los litigios sobre el clima [en América Latina] están todavía en una fase inicial, y los casos tardan mucho en llegar a un punto de decisión, pero algunas de las teorías legales que se están presentando son realmente innovadoras”, dice Tigre a Diálogo Chino.

Se espera que una de las próximas decisiones legales importantes en la región se produzca en Brasil, donde el Tribunal Supremo Federal está considerando dos demandas climáticas que cuestionan las políticas de deforestación del país.

No está claro el camino que tomará la Corte, pero la ministra Cármen Lúcia, ponente del caso, citó una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el derecho a un medioambiente sano y la decisión del mismo tribunal en el caso Lhaka Honhat, que condenó a Argentina por violar los derechos de los pueblos indígenas.

Tigre confía en que el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el año pasado, contribuya también a apoyar los litigios sobre el clima aumentando el acceso a la justicia, brindando oportunidades de acceso a la información y mejorando la participación pública en la toma de decisiones.

Señala que Escazú ha sido mencionado en las audiencias del Tribunal Supremo de Brasil, aunque este país aún no ha ratificado el acuerdo. “Estas cosas llevan un poco de tiempo, pero creo que marcarán la diferencia”.

Siguen existiendo obstáculos

A pesar de los constantes avances recientes, los expertos subrayan que litigar en América Latina tiene sus propios retos particulares.

En un reciente artículo del que es coautora, Tigre afirma que la corrupción sigue siendo “generalizada y profundamente arraigada”, especialmente en industrias multimillonarias como la de los combustibles fósiles y las extractivas, con el riesgo de que los académicos sean cooptados por las empresas o los gobiernos. Probar y combatir este problema es “extremadamente difícil y peligroso”, escriben.

También existen importantes riesgos personales a la hora de litigar en América Latina, una región que según Global Witness es la más peligrosa para los defensores del medioambiente y de los derechos humanos. Tigre añade que la falta de recursos también puede dejar a los demandantes desprotegidos, no sólo de la violencia, sino del estrés emocional o del estigma social. 

Aunque la mayoría de los juicios concluidos han apoyado la acción climática, algunos casos fracasan. En Ecuador, un grupo de indígenas amazónicos perdió su litigio contra una rama local de una de las mayores empresas petroleras de China. 

E incluso si se gana un juicio, no hay garantía de que se aplique. 

Este es el caso de uno de los éxitos más notables en materia de litigios regionales: una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2018 que establece que el gobierno colombiano debe proteger su parte de la Amazonia de la deforestación. Según la organización sin ánimo de lucro Dejusticia, con sede en Bogotá, la sentencia no se ha aplicado adecuadamente, y la deforestación continúa a buen ritmo, mientras que en los lugares donde se está abordando, el gobierno la utiliza como excusa para expulsar violentamente a los campesinos y, por tanto, para cometer abusos contra los derechos humanos.

Juan Auz es investigador en derechos humanos y derecho del cambio climático en América Latina en la Escuela Hertie, una institución de investigación en Berlín. En el acto de presentación de la plataforma Litigio Climático, el investigador advirtió que no se debe tener “fe ciega” en los litigios para resolver todos los problemas climáticos.

“No es una fórmula mágica en la que en un día o una semana se tenga un resultado. Puede llevar años. Y muchas veces te quedas sin recursos. Tenemos que ser abiertos con las comunidades con las que litigamos sobre este tipo de asuntos.”

James McKeigue, redactor de LatAm Investor, afirma que hacer frente a las demandas climáticas no parece ser una de las prioridades de las empresas extractivas de la región, que están más preocupadas por las protestas locales contra el medioambiente y las comunidades. Sin embargo, señala que América Latina “va a llevarse la peor parte de los daños medioambientales locales causados por la transición energética”, ya que es la fuente de muchas materias primas esenciales, como el litio para las baterías.

No obstante, los expertos esperan que los litigios sobre el clima se amplíen considerablemente en América Latina en los próximos años. En un reciente artículo publicado en el Journal of Human Rights and the Environment, Auz concluye que, “dada la enorme importancia de los ecosistemas latinoamericanos para la protección de los derechos de miles de comunidades, es probable que las demandas sigan enmarcando el cambio climático como uno de los muchos argumentos de derechos humanos. ”

Gladys Martínez, directora ejecutiva de AIDA, dijo que espera que la plataforma regional sirva de inspiración para nuevos casos y ayude a conseguir resultados que impulsen la acción climática. “Tener una plataforma en español en la que se puedan consultar los principales casos activos de la región es una oportunidad única y una forma de aunar esfuerzos”.

Este artículo fue publicado por Diálogo Chino

IK

En 2019, un grupo de niños llevó al gobierno peruano a los tribunales, buscando que desarrolle un plan nacional para frenar la deforestación.

Los niños y niñas, todos ellos menores de ocho años y representados por sus padres, argumentaron que el hecho de que el Estado no lo hiciera violaba su derecho a disfrutar de un medioambiente sano, así como sus derechos fundamentales a la vida, el agua y la salud. Dijeron que la deforestación en la Amazonía peruana genera una pérdida de servicios ecosistémicos y contribuye a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.