Litio y agua en la Puna: comunidades indígenas denuncian impacto ambiental y falta de consulta

Franco Vedia, también conocido como “Levi Callata”, vive en la comunidad de Tusaquillas, en Jujuy. Es una de las 38 comunidades ubicadas en la cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Donde vive, la ganadería y la agricultura locales cubren la mayor parte de las necesidades de la comunidad, pero, según él, no es una vida fácil.

“De vivir en el territorio es una vida sufrida, pero al mismo tiempo también tiene una vida cultural muy linda”, explicó Vedia.

Uno de los elementos claves de su cultura es el reconocimiento y el respeto mutuo hacia otras personas y el mundo natural. “Nuestras abuelas nos enseñaron que cada vez que cruzamos por un ojito de agua, o algún río, o algún campo, o algún cerro, hay que ir saludando como si estuviera saludando a otra persona”, describió.

Pero no todos los que llegan a esta tierra tienen las mismas tradiciones. Los humedales altoandinos, que incluyen los salares, lagos y lagunas de Argentina, Bolivia y Chile, no solo son valorados porque las comunidades que los bordean dependen de su presencia y sirven como un combatiente crucial del cambio climático, sino también porque contienen más de la mitad del litio del mundo, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

El litio, u “oro blanco”, según FARN, se está convirtiendo rápidamente en uno de los recursos más cruciales en la transición global hacia las energías limpias. Se utiliza principalmente en la producción de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía, y se considera indispensable para los esfuerzos de descarbonización. Los humedales altoandinos son un lugar para encontrar este material gracias a sus condiciones ambientales únicas. 

“El litio es un elemento relativamente común en la naturaleza, se puede encontrar tanto en salmueras como en rocas, incluso en aguas subterráneas, océanos, ríos y lagos”, explicó Cecilia Dominguez, líder de ambiente y sustentabilidad de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. “En el noroeste argentino y chileno se han definido yacimientos de litio con concentraciones económicamente rentables que hoy son minas en operación (dos en Chile y seis en Argentina)”.

Los humedales altoandinos de Argentina se ubican principalmente en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. El aumento de los proyectos mineros en la región ha afectado la calidad y cantidad del agua dulce disponible para las comunidades locales. Debido al impacto de la minería en su calidad de vida, las comunidades indígenas que viven allí han resistido durante años con protestas y acciones legales, según FARN.

María Laura Castillo Díaz, coordinadora del Programa Altoandinos de FARN, explicó que desde que comenzó su programa hace 15 años, FARN trabaja con las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, compartidas entre las provincias de Salta y Jujuy, para exigir el consentimiento libre e informado previo a la extracción de litio en la región.

Castillo Díaz agregó que, durante su trabajo interdisciplinario con expertos en diversos campos, su equipo ha notado que actualmente no existe mucho conocimiento de base sobre el estado actual de los humedales altoandinos. “Entonces, al no saber cómo hoy es y cómo funcionan, difícilmente uno pueda saber cuál es el impacto de una actividad sobre ellos”, señaló Castillo Díaz.

Aun así, los líderes ambientales buscan maneras de proteger estos ecosistemas en peligro. Argentina formó parte de la Convención de Ramsar, un tratado dedicado exclusivamente a la protección internacional de humedales, en 1992, y tiene 24 sitios Ramsar protegidos. Sin embargo, aún enfrenta dificultades para protegerlos, según Castillo Díaz, quien agregó que el hecho de que un sitio esté designado bajo el tratado no significa que no se puedan realizar actividades en él.

“Lamentablemente, hay sitios Ramsar en los que, por ejemplo, se desarrolla minería también y que también están siendo afectados”, destacó Castillo Díaz. “Y entonces, esa protección lamentablemente no es eficaz porque los ecosistemas terminan sufriendo también la degradación que es consecuencia de esas actividades”.

Sin embargo, las empresas mineras tienen que pasar por un largo proceso antes de poder comenzar a extraer los recursos naturales.

“El descubrimiento de un yacimiento de litio no implica que éste será una mina en operación, deben pasar varias pruebas técnicas, económicas, ambientales y sociales para convertirse en una mina”, dijo Dominguez. “Estos periodos son largos y el trabajo es progresivo”.

La zona donde vive Vedia se ve profundamente afectada por la minería de litio y tierras raras. Vedia considera que estas prácticas son insostenibles y que, si las empresas agotan el agua, su comunidad se vería obligada a reubicarse.

“La Puna es un lugar, es una zona semi-árida, entonces el agua no es abundante, sino que es un recurso muy, muy, muy preciado, porque no es que está en todos lados, sino que es subterránea y se los puede ver en los humedales”, explicó Vedia.

Vedia continuó: “Estamos hablando de un uso muy irresponsable, muy desmedida, sin garantías de protección, de reparación, entonces no hay un diálogo, no hay algo confiable, no hay algo de buena fe. Nosotros en ese sentido lo vemos, se ve como un extrativismo más que nada”.

Vedia afirmó que considera el conflicto como un fracaso institucional, ya que, desde su punto de vista, el Estado argentino y las empresas de litio intentaron iniciar la minería sin una consulta significativa, lo que llevó a las comunidades a organizar protestas para proteger su territorio y crear el protocolo Kachi Yupi para formalizar un proceso de consulta. Sin embargo, el gobierno provincial lo ignoró, imposibilitando un diálogo genuino, afirmó.

“No puede haber un diálogo eficiente si una de las partes no está dispuesta a escuchar”, dijo Vedia.

Sin embargo, Domínguez explicó que las empresas tienen sistemas integrados para tener en cuenta las voces locales a la hora de tomar decisiones.

“En las provincias con comunidades indígenas en la zona de los proyectos, se establecen mesas de trabajo donde participan las autoridades provinciales, las autoridades comunitarias y la empresa involucrada”, Dominguez señaló. “En estas mesas la empresa presenta resultados y se acuerdan los planes de monitoreo y las acciones de relacionamiento. Se relevan inquietudes y se da respuesta, realmente funcionan como un espacio de intercambio y acuerdos”.

En la región, a menudo denominada el “Triángulo del Litio”, los gobiernos deben consultar con las comunidades indígenas antes de la exploración de recursos naturales, según el Convenio 169 de la ILO. Los líderes internacionales también enfatizan que las empresas deben obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas antes de tomar medidas.

Clemente Flores es de El Moreno, comunidad indígena El Angosto, dentro de la Cuenca Salinas Grandes de Jujuy, Argentina, donde ha visto los impactos de los mineros con sus propios ojos: “Los daños no son ahora ya visibles. Son dentro de uno o dos años. Entonces, a los 10 metros, 30 metros del lugar, no pasa nada. No se secan las plantas, no pasa nada porque las plantas tienen mucha vida todavía. Pero con el corre del tiempo, eso se deteriora”.

Pero a medida que pasa el tiempo, todavía hay formas de mejorar. Según un comunicado de prensa de FARN, el 27 de junio de 2025, 10 comunidades indígenas de la Red Torna Lickana, ubicada en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, lograron que su territorio fuera inscrito como “Territorio de Vida” conservado en el Registro TICCA.

Fue el primer territorio argentino para ser “incorporado a esta plataforma global de territorios que se caracterizan por estar gestionados de forma autónoma por comunidades, que actúan como custodios mediante sus propias formas de gobernanza”, señaló FARN.

“Este logro visibiliza el papel central de las comunidades en la protección de los humedales andinos, amenazados por la demanda de minerales del Norte Global. Refleja su profunda conexión con el territorio y el valor esencial de sus conocimientos para la conservación de la naturaleza, en consonancia con lo establecido en múltiples marcos internacionales de biodiversidad”, declaró Castillo Díaz en el comunicado de prensa en inglés con motivo del Día Mundial de los Humedales.

Sin embargo, según FARN, todavía queda revitalización por hacer: Hemos perdido el 87 por ciento de los humedales del mundo en los últimos 300 años. Desde 1970, se ha perdido el 22% de su superficie a nivel mundial, de acuerdo al sitio Ramsar.

“Entendemos que hoy por hoy el mundo se ha digitalizado tanto que ya es imposible imaginar un mundo donde no haya computadoras, no haya celulares, no haya vehículos, entonces no haya internet por ejemplo”, señaló Vedia. “Pero también yo creo que es mucho más imposible todavía poder imaginar un mundo, vivir en un mundo donde no haya agua”.