Una madre es condenada a 30 años de cárcel en El Salvador por un aborto involuntario

Superpoblada, con 21 mil km2 de superficie, recostada sobre el litoral centroamericano del Océano Pacífico, la nación salvadoreña se ha dotado de una de las legislaciones más duras del mundo en la punición del aborto. Desde 1998, una ley draconiana prohíbe interrumpir el embarazo en todas las circunstancias, incluso en caso de violación o de peligro grave para la salud y aun vida de la madre o del feto. La interrupción de un embarazo suponen para la mujer salvadoreña años de prisión. Con menos de 6 millones y medio de habitantes, pero más de 300 por km2, El Salvador es el país más densamente poblado del continente americano.

Este lunes, la condena recayó sobre ‘Esme’. Este es el alias usado para proteger la identidad de la mujer de 28 años que en octubre de 2019, embarazada y sola en su aislado domicilio rural en el campo salvadoreño, sufrió una emergencia obstétrica de resultas de la cual perdió su embarazo. Cuando pudo llegar hasta un hospital público en busca de atención médica. en vez de recibir ayuda, fue detenida y denunciada ante la Justicia penal. A 'Esme' se le abrió una causa y se le inició un proceso. El tribunal la encontró culpable de homicidio agravado. La sentencia no se confirmó de inmediato debido a que los juzgados permanecieron cerrados el martes por el Día de la Madre.

Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto,  Morena Herrera comunicó de inmediato su repudio y el de su colectivo ante el fallo: “Fue un duro golpe. Primero para ella y su familia. Luego para nuestra lucha. Estamos trabajando con la perspectiva de que El Salvador cierre esa etapa de criminalizar a las mujeres en emergencia obstétrica; pero con esa sentencia, se marca un retroceso”. Y agregó: “En el sistema judicial de El Salvador existe mucha impunidad y también una mora judicial muy alta. Por lo que los fiscales buscan resolver casos rápidamente, y éstas son condenas fáciles. No les importa llevarse la vida de las mujeres de paso”.

Lo central de la denuncia  de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y que el caso de 'Esme' dramatiza, es la criminalización de las mujeres que han sufrido una emergencia obstétrica. Un embarazo puede presentar complicaciones en cualquier etapa de su desarrollo. Según los últimos datos sistemáticos y globales recabados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2015 murieron 830 mujeres al día por esta razón.

Sin embargo, cuando las mujeres salvadoreñas pasan por esta experiencia y tratan de buscar ayuda médica, pueden ser arrestadas, bajo la sospecha de que hayan intentado abortar. La pena prevista por la ley salvadoreña de 1998 para una mujer que interrumpe su embarazo es de 8 años. Los fiscales “empiezan por acusarlas de aborto y luego las acusan de homicidio agravado, por el vínculo materno, cuya pena de prisión oscila entre 30 y 50 años”, aclara Morena Herrera. Y afirma la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto: “Necesitamos que cambie la ley. Sabemos que es una lucha de largo aliento, y que existen voluntades poderosas que tratan que convertir a El Salvador en un referente moral que mantiene a las mujeres en un lugar de subordinación, de opresión. Sin embargo, no vamos a parar hasta que todas sean liberadas”.

Esta condena de 30 años de cárcel -la primera durante la presidencia de Nayib Bukele-  significa según la directora para las Américas de Amnistía Internacional “una farsa de justicia”. Erika  Guevara Rosas acusa a las autoridades salvadoreñas: “Sufrir una emergencia obstétrica es devastador para cualquier persona y el rol del Estado cuando esto ocurre debe ser brindar acompañamiento y contención para aliviar este sufrimiento, no agravarlo al criminalizar a las mujeres”.

'Esme'  lleva dos años en prisión preventiva, separada de su hija de siete años, así como de sus padres, mayores de edad, que ella cuidaba. Aseguró que continuará luchando por su hija y por su familia: “Gracias por apoyarme en esta injusticia que estoy viviendo”, compartió a través de la Agrupación.

Su abogada, Karla Vaquerano, sostuvo que el juez que dictaminó la sentencia actuó con parcialidad, privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República (FGR), cargada, según argumentó, de estigmas y estereotipos de género.

En las últimas dos décadas, alrededor de 181 mujeres que padecieron emergencias obstétricas “fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador”, según cifras de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Condena internacional a El Salvador

Entre las víctimas, se encuentra una mujer conocida bajo el alias de ‘Manuela’  que murió cumpliendo la condena de 30 años por homicidio agravado. Pobre, analfabeta, 'Manuela' estaba enferma de un cáncer linfático que no le habían diagnosticado. Se cree que la enfermedad provocó la emergencia obstétrica. El 26 de febrero de 2008, en una letrina, expulsó el feto y se desmayó.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a El Salvador por violar varios derechos de 'Manuela'.  En ese momento, la CIDH señaló que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden generar una sanción penal, y ni siquiera puede abrírseles un proceso al llegar el hecho al conocimiento de las autoridades sanitarias. .

La directora regional del Centro de Derechos Reproductivos (CDR), Catalina Martínez, enciende las alarmas: “Con el caso de 'Esme', El Salvador está incumpliendo la sentencia de la CIDH”. El fallo había subrayado falta de capacitación del personal médico para identificar y atender una emergencia obstétrica. A la vez, “la grave violación del secreto médico en estos casos. La relación paciente/médico debe ser confidencial y el deber médico ha de prevalecer sobre el deber de denuncia. Las mujeres deben poder ir al hospital sin miedo a ser criminalizadas. El papel de los médicos no es el de un fiscal”, insiste Catalina Martínez. Quien también sostiene que el caso 'Esme' patentiza discriminación hacia las mujeres que viven en la pobreza y sin acceso a los servicios de salud, agravada aún más por la estigmatización de ser campesinas.

Nayib Bukele, orden tradicional y progreso autoritario

Las posibilidades de que en El Salvador se despenalice el aborto parecen remotas. Aun en casos de extremosa violencia sufrida por la mujer gestante, víctima de un delito ajeno o de una condición médica, como las situaciones de menores violadas o de fetos inviables fuera del útero.

Aunque Nayib Bukele le diga a su electorado que él es “el presidente más cool del mundo”, su agenda de género es tan conservadora en los hechos como liberal es en sus dichos su política económica. Y una y otra son autoritarias; su perfil de Twitter, el medio por el que fluidamente se expresa con abundancia y un don verbal bilingüe (castellano e inglés) que sin rival entre sus pares hemisféricos, enuncia, lacónico: “El Presidente”. Su enérgico programa de modernización incluyó la polémica iniciativa que hizo del bitcoin la segunda moneda de curso legal en el país (la primera es el dólar estadounidense). Ha llevado adelante una intransigente ofensiva contra las maras en el terreno penal, endureciendo las sanciones penales, y pactando primero a escondidas con las pandillas, y después multiplicando arrestos y encarcelaciones masivas al repuntar la tasa de homicidios cotidianos.

En nada parece buscar Bukele una disminución de los castigos existentes ya previstos en la codificación nacional, y consecuentemente se ha manifestado en público en contra de suavizar la legislación 'pro-vida'. La Asamblea Legislativa unicameral de 84 bancas, dominada por una amplia y activa mayoría oficialista, hasta ahora no ha votado ni impulsado normativas huérfanas del visto bueno del joven jefe de Estado.

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