El Salvador: críticas a Bukele por sancionar un Código Penal con penas desproporcionadas

El presidente salvadoreño Nayib Bukele en foto de archivo

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El 26 de marzo fue el día más sangriento del último siglo para El Salvador, durante esa jornada se asesinaron a 62 personas; sólo 13 del total pertenecían a bandas criminales. 

Bukele, un milenial de 40 años con un altísimo nivel de aprobación, sobre quien pesan acusaciones de un pacto previo con las pandillas a cambio de gobernabilidad,  atribuyó los asesinatos a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18  y les declaró la guerra.

El 30 de marzo a pedido del presidente el Congreso aprobó el estado de excepción vigente durante un mes con  la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público que posibilita el arresto de  ciudadanos sin pedir u otorgar razones previas.

 Bukele también decretó “emergencia máxima” en todas las cárceles, donde permanecen más de 17.000 de los 70.000 miembros de las pandillas que viven en El Salvador.

El presidente aseguró el racionamiento de  alimentos en prisión. “Si la 'comunidad internacional' está preocupada por sus angelitos, vengan y tráiganles comida, porque yo no le quitaré presupuesto en las escuelas para darles de comer a estos terroristas”, sentenció ante previsibles  objeciones a sus medidas.

La semana pasada entró en vigor la reforma que dispone el castigo  hasta con 15 años de prisión a la  publicación de “cualquier manifestación escrita” que aluda al “control territorial” de las pandillas como así también a los mensajes “que puedan generar zozobra y pánico en la población”.

Los gremios de periodistas califican la nueva legislación salvadoreña como "mordaza", mientras el presidente Nayib Bukele asegura que no "dará tregua" a las pandillas en su lucha por erradicarlas del país

En El Salvador, el uso de los grafitis sirve para marcar una especie de frontera entre las zonas con presencia de grupos contrarios; de los que forman parte muchos menores de edad -que también podrán ir a la cárcel con la reforma de la ley.

“Se va a sancionar una tentativa de homicidio casi igual que poner un grafiti. Hay una desproporcionalidad en las penas. Por eso el Código Penal va graduando las penas de acuerdo con los bienes jurídicos que se protegen, como el máximo valor es el de derecho a la vida (...) El incremento de las penas no resuelve el problema de delincuencia”, sostuvo   un juez salvadoreño que quiso preservar su identidad a El Faro, el diario en línea más importante de la nación centroamericana.

La nueva legislación también prohíbe la publicación de investigaciones como la que involucró directamente al presidente Bukele por pactar con las pandillas.

La comunidad internacional manifestó claramente su desavenencia respecto a las medidas implementadas por el gobierno salvadoreño en su lucha contra las pandillas. Este miércoles EEUU pidió al presidente el fin del estado de excepción dado que puede atentar contra los derechos fundamentales de la población.

El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoagacaracterizó a las reformas legales como “un claro intento de censura a los medios de comunicación”.

“Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de esas personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad. No mencionar a las pandillas tampoco les hará desaparecer”, sostuvo Castro.

 Tamara Taraciuk, directora de  Américas de Human Rights Watch (HRW),  calificó de “grave” esta “reforma que criminaliza hasta pintar un grafiti sobre maras y la publicación de información sobre ellas en medios si generan 'zozobra'”.

A la vez, Amnistía Internacional (AI) expresó  preocupación de que el gobierno de Bukele pueda utilizar estos decretos y políticas estrictas para acallar las voces críticas contra la gestión. Y pidió que se respetaran los derechos de aquellos que están entre rejas, incluidos pandilleros.

Sin embargo, Bukele, sostiene que los que denomina como homeboys -'pandilleros´ de las maras- no merecen ni “el más mínimo respeto”.

“No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a esos pandilleros si tanto los quieren (...) Si queremos algún día ser un país desarrollado, debemos hacer lo que los países desarrollados hacen, no lo que ellos nos dicen que hagamos”, sostuvo el mandatario  durante una de sus intervenciones públicas.

Bukele declaró en la Graduación de 205 alumnos militares de la Academia Nacional de Seguridad Pública:  “Por ahí andan rumores que se quieren empezar a vengar de la gente honrada al azar (...) hagan eso y no habrá un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá a dentro. Les juro por Dios que no comen un arroz”.  No dudó tampoco en afirmar que  las pandillas son el “brazo armado” de las organizaciones humanitarias, de la comunidad internacional y de los partidos opositores.

En esta línea de precedentes que afirman la “tolerancia cero” del gobierno se inscribe los argumentos históricos esgrimidos por Bukele respecto a la reforma legislativa que apelan al Holocausto nazi  

 “Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada, era entendible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas”, sostuvo en su cuenta de Twitter. “Si queremos algún día ser un país desarrollado, debemos hacer lo que los países desarrollados hacen, no lo que ellos nos dicen que hagamos”, añadió.

A partir del  27 de marzose recibieron al menos 100 denuncias de vulneraciones de derechos, principalmente emitidas por las familias de los supuestos pandilleros arrestados arbitrariamente.

AGB con información de medios y agencias

 

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