Una Argentina que desafía regularidades históricas

Desde hace décadas, Argentina muestra regularidades en cómo se vinculan los ingresos, el bienestar de los hogares y la actividad económica. La desaceleración de la inflación suele impulsar el poder adquisitivo y con ello la recuperación de la actividad económica, lo que deriva en menor pobreza e indigencia. La alta inflación de la pospandemia fue no solo un problema en la administración macroeconómica sino también un factor desigualador y amplificador de la pobreza. Siguiendo este razonamiento, la desinflación reciente debería impulsar el efecto inverso.

En los últimos meses, de la mano de la baja de la inflación, los salarios reales del sector privado registrado muestran una recuperación significativa. Sin embargo, los indicadores de producción y bienestar reflejan otra realidad: la recuperación de la actividad económica es errática y anémica y las estimaciones de pobreza se sostienen en niveles muy elevados. Las encuestas sobre consumo y los indicadores de confianza del consumidor refuerzan el pesimismo. ¿Estamos frente a una anomalía? ¿Los mecanismos expansivos asociados a la baja de la inflación están averiados?

Existen tres grupos de grupos de argumentos que permiten explicar lo que pasa: (i) la forma y magnitud de la recuperación salarial; (ii) los efectos de los cambios en la distribución del ingreso, y (iii) el impacto de los precios relativos en el ingreso disponible de las familias.

En primer lugar, existe una confusión en la interpretación de la dinámica reciente de los salarios, aún con la mirada centrada en el conjunto de trabajadores mejor posicionado para afrontar una crisis: los asalariados privados registrados. Si bien la recuperación en curso los llevó a recuperar buena parte de la caída reciente (niveles de 3-5% por debajo de noviembre de 2023), la caída interanual promedio de los últimos 7 meses es 9,5%. Esto refleja que, contando el período completo, la contracción es importante. Además, en perspectiva histórica, el punto de comparación inicial (previo al cambio de gobierno) ya era muy bajo. En noviembre los salarios estaban en niveles mínimos de los últimos 12 años. Entonces, la recuperación, tanto en perspectiva histórica, como tomando el punto de partida del nuevo gobierno, luce insuficiente para mejorar el bienestar. Con estos datos, registros altos de pobreza no llaman la atención.

Además, la dinámica sociolaboral no puede entenderse únicamente a partir de los datos sobre salarios registrados privados. La fragmentación del mercado de trabajo (ya de carácter estructural) y la política fiscal elegida (pilar del programa de gobierno) afectan la dinámica. En los últimos meses se registraron cambios que afectaron no solo a las personas económicamente activas (personas con trabajo o desocupados que lo buscan) sino también a los inactivos (adultos mayores, niños y beneficiarios de programas sociales). Por un lado, la desigualdad de los ingresos de los hogares, medida a través del Índice de Gini, muestra niveles similares a los de 2007. La peor distribución no solo estaría explicada por la dinámica de los salarios sino por otros ingresos. Los ingresos no laborales tienen una participación mayor en los deciles más pobres. El ajuste en los primeros 7 meses de gobierno de 19% en las jubilaciones, 15% en las prestaciones sociales (aún con la duplicación de la AUH), se suma a la contracción de 23% en los salarios públicos fue mayor que las de los asalariados privados registrados (9,5%). Si bien la masa de jubilaciones se recuperó en los últimos meses, no ocurrió lo mismo con el resto de los ingresos (programas sociales y salarios públicos). Esto explica por qué, frente a una recuperación salarial del sector privado, la masa total de ingresos aún está 13% por debajo. En síntesis, la recuperación de ingresos fue dispar y desigualdadora, afectando a sectores de bajos ingresos y con alta propensión a consumir. Bajo esta dinámica, no llama la atención que el consumo siga en niveles bajos. 

Por último, los cambios de precios relativos afectaron el ingreso disponible, mostrando límites en las estimaciones tradicionales vinculadas al IPC. Los hogares gastan una proporción mayor de su ingreso en tarifas de lo que lo hacían hace un año atrás, lo cual retrae el “ingreso disponible para consumo privado”. Tomando una canasta alternativa, con datos del a Encuesta de Gasto de los Hogares de 2017/18, el salario real estaría 3 puntos más abajo que con los datos actuales del IPC. Además, por el comportamiento del ahorro y las deudas, los ingresos no evolucionan de forma proporcional al consumo cuando hay una recuperación. La necesidad de pagar deudas y/o recomponer ahorros lleva a que el consumo crezca menos que los ingresos cuando hay una recuperación luego de una crisis (efecto que se amplifica si la caída fue muy grande). 

Hacia adelante se verá si el proceso económico de nuestro país vuelve a las regularidades mencionadas al comienzo de este artículo o sigue en un comportamiento anómalo. La insistencia de un programa económico que afecta los ingresos previsionales está mostrando costos en términos de bienestar y actividad económica. A esto se suman los límites que muestra el proceso de desinflación, lo cual amenaza con interrumpir el proceso de recuperación de ingresos, aun en el segmento registrado privado. Por otra parte, aunque la desinflación es beneficiosa, suelen simplificarse las consecuencias en términos políticos y sociales. Creemos que la adopción de enfoques parciales, que no atiendan las dificultades de administración del problema distributivo, continuará imprimiendo grandes costos y mayores riesgos al programa económico.