Ahora que el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, consiguieron el respaldo del 40% de los argentinos que fueron a votar en una elección con abstencionismo récord, están dispuestos a ir por más con una serie de reformas, incluida una tributaria. No está claro su contenido, pero se habla de un súper IVA que reemplace Ingresos Brutos, una rebaja del impuesto a las ganancias a las empresas y a los empleados de altos sueldos que lo pagan, la modificación del monotributo y su reemplazo parcial por el régimen de autónomos, que tributan IVA y Ganancias, no se sabe si se cumplirá la vieja promesa de quitar el gravamen a las transferencias y las retenciones a la exportación.
Pero es posible otra reforma tributaria que también busque impulsar el crecimiento pero que no ahonde la desigualdad, con más IVA y menos Ganancias, sino que la reduzca. El problema es que parece poco probable, dada la futura composición del Congreso y que tampoco el peronismo la llevó adelante en los 18 años en que gobernó durante este siglo. De todos modos, hay quienes la sueña y por eso redactaron un documento llamado “Hay otro camino. Por un programa de reforma fiscal democrática”, que elaboró un amplio grupo de economistas y otros expertos del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), entre ellos Noelia Méndez Santolaria (de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era, DAWN, por sus siglas en inglés), Malena Vivanco, Sofía Pasquini, Natán Spollansky y Alejandro Gaggero (de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ) y María Julia Eliosoff (de la Fundación Friedriech Ebert, FES, de la socialdemocracia alemana).
La propuesta incluye:
- Transparentar, evaluar y orientar estratégicamente los gastos tributarios, es decir las desgravaciones de impuestos. “Algunos, como la deducción del IVA en alimentos a sectores de bajos ingresos, pueden reducir la desigualdad”, pero “otros generan fuertes interrogantes sobre su legitimidad y eficacia redistributiva”. “Entre ellos, se destacan regímenes como el de Promoción de la Economía del Conocimiento, el de la actividad minera y el más recientemente aprobado RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones). Los dos últimos se orientan a grandes empresas. El primero, si bien abarca a pymes, sus subsidios indirectos son captados sobre todo por las de empresas de mayor tamaño. Esta semana se conoció que en los primeros nueve meses del año Mercado Libre desgravó US$67 millones. Hace más de un mes, el sindicato de informáticos denunció ante Economía que Globant, Despegar y otras 19 empresas reciben los beneficios tributarios pese a que presuntamente incumplen la contraprestación del plan que es mantener la dotación de personal.
- Otro punto pasa por “fortalecer la tributación directa y progresiva: que paguen más quienes más tienen”. En cuanto al impuesto a las ganancias de las empresas, se sugiere establecer alícuotas más altas para “actividades que generan riesgos para el sostenimiento de la vida”. En concreto, “sectores extractivos o con alto impacto ambiental (minería, hidrocarburos, forestales, monocultivos), así como para actividades rentísticas como las financieras (entidades bancarias, sociedades de bolsa) o el uso extensivo del suelo (desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios comerciales, de vivienda, urbanos y rurales)”. Sería una alternativa para reemplazar las retenciones.
- Gravar las rentas de servicios digitales que hayan sido generadas en el país es otra iniciativa. Las grandes tecnológicas como Amazon, Google, Apple, Netflix, Uber o Booking ofrecen servicios acá pero no tributan por ellos porque aducen que los dan desde otros países de menor tributación. Para que paguen hay que reformar la ley del impuesto a las ganancias y legislar el tributo mínimo global del 15% que acordaron 136 países pero que sólo aplican unos 37, casi todos desarrollados excepto Brasil.
- Aumentar de la tasa aplicable a la distribución de dividendos de las empresas a sus accionistas, de modo de incentivar que reinviertan las ganancias. En la actualildad, los dueños que reciben las utilidades de sus compañías tributan un 7%, pero se propone que paguen de 11% a 13%, como en las naciones ricas. Y que a su vez las firmas que reinviertan ganancias tributen menos.
- Sumar más empleados que paguen Ganancias, pero poco, sólo una alícuota de menos del 5%, y elevar las tasas para los que cobran más. Además, se propone simplificar las deducciones.
- Aumentar la carga impositiva sobre rentas financieras, de la propiedad y el capital. Por ejemplo, eliminar exenciones a activos financieros como títulos públicos y bonos.
- Ante la reducción del tributo a los bienes personales, gravar el patrimonio de los más ricos desde las provincias y los municipios, como hacen los países desarrollados. Para ello hay que sincerar las valuaciones de inmuebles rurales y urbanos y automotores, así como gravar la herencia y la transferencia gratuita de bienes. En cuanto a Bienes Personales, se recomienda eliminar actualidad a los campos y a las acciones bursátiles, gravar los aportes a trusts, fideicomisos y fundaciones con las que los millonarios buscan dejar de tributar, reducir la alícuota a los patrimonios más pequeños y más vinculados a lo productivo.
- Aliviar la carga del IVA sobre los sectores de menores ingresos mediante devoluciones en las compras. Es una medida similar a la que propuso esta semana el diputado electo del peronismo entrerriano Guillermo Michel, como propuesta alternativa a la del consultor Emmanuel Álvarez Agis, que sugirió gravar 10% el uso de efectivo, incluido el retiro en cajeros, lo que provocó el rechazo de Milei.
- Disminuir la carga de ingresos brutos para pequeños contribuyentes. Que los principales sujetos alcanzados y agentes de retención/percepción sean grandes empresas y autónomos con capacidad administrativa y financiera, eximiendo a pequeños profesionales y pymes. Aplicar alícuotas más altas a actividades que comprometen la sostenibilidad de la vida y el ambiente, como las extractivas o de alto impacto ambiental (minería, hidrocarburos, forestales, monocultivo) y a sectores rentísticos, como el financiero (bancos, sociedades de bolsa) y las rentas inmobiliarias (desarrollos urbanos, rurales y comerciales). Establecer alícuotas reducidas para las actividades manufactureras, que suelen depender más de las cadenas nacionales de valor, y eximir del tributo a servicios esenciales como electricidad, gas, agua, de salud y sociales.
Aliviar la carga del impuesto a los débitos y créditos bancarios en la economía real y gravar más la renta financiera. A diferencia de Álvarez Agis, que propuso el tributo al efectivo para compensar la eliminación del de transferencias, ETFE sugiere “limitar la aplicación únicamente a grandes empresas, eximiendo a pequeños contribuyentes y pymes, y ampliar el alcance para gravar cuentas comitentes –las que se usan para invertir en acciones y bonos– y aumentar las alícuotas aplicables a billeteras de exchange de criptoactivos”.
- Combatir la evasión y el abuso fiscal estructurales con más transparencia, cooperación y mejor regulación. En primer lugar, transparentar y democratizar el acceso a la información sobre la titularidad de los grandes patrimonios y los beneficiarios de las políticas de incentivo fiscal. En segundo término, reforzar la fiscalización y cooperación internacional sobre criptoactivos, algo a contramano de un presidente amigo de los criptobros. Tercero, fortalecer la lucha contra el abuso de las estrategias fiscales para desviar ganancias a países de menos tributación. Cuarto, limitar la aplicación de nuevas amnistías fiscales o blanqueos de capitales, que de tanto repetirse en estos 42 años de democracia generan la sensación de que la evasión de hoy será perdonada mañana.
- Desalentar el cambio de la residencia fiscal y el aprovechamiento de regímenes fiscales especiales para empresas y personas de la Argentina. Para evitar que los millonarios se muden a Uruguay y otros destinos cuando les suben los impuestos, se impulsa un “impuesto a la salida” o de “extensión de residencia fiscal” para los emigrados fiscales. Por último, establecer un criterio de actualización de las multas de la ley de procedimiento tributario.
AR