Bullrich buscaba Migraciones desde que llegó al Gobierno y crece la alerta por la mano dura en seguridad
Patricia Bullrich consiguió un viejo anhelo que tenía cuando ingresó al gobierno de Javier Milei: hacerse con el control migratorio desde el ministerio de Seguridad. Y pese al zigzag oficial, también se quedó con el Renaper, la agencia que imprime los pasaportes y DNI. El cambio del organigrama le quitó fierros a Diego Santilli en Interior y abrió una interna entre ambos funcionarios que todavía no se disipó. “Falta que se termine de resolver”, apuntaron cerca del “Colo” sobre la posibilidad de que al menos Renaper vuelva a la cartera que lleva la relación con las provincias. Mientras tanto, la avanzada que consiguió la futura jefa del bloque oficialista en el Senado revela una intención libertaria de dotar de mano dura la cuestión migratoria y despertó alertas en organizaciones civiles y especialistas.
Según pudo reconstruir elDiarioAR, Bullrich consiguió Migraciones y Renaper después de insistentes pedidos a los dos jefes de Gabinete que ya tuvo Milei: Gustavo Posse y Guillermo Francos. Finalmente lo consiguió tras salir fortalecida en las elecciones legislativas. Le deja así reforzado el ministerio a su sucesora, Alejandro Monteoliva, aunque la flamante senadora seguirá manejando los hilos detrás de escena.
“Siempre le interesó a Pato lo de Migraciones”, confió un funcionario que conoce el día a día del ministerio del Interior, hasta hace poco comandado por Lisandro Catalán y, más atrás en el tiempo, por el propio Francos. “Migraciones es más importante que el Renaper para la cuestión de la seguridad. Pero en su momento Posse ya nos había dicho que no. Es una buena idea porque permite ir hacia un sistema integral de seguridad”, aseguró una voz que conoce desde adentro la gestión de Bullrich, que agregó sin titubear: “El Renaper ayuda, pero ahí hay muchos contratos también”.
Las nuevas potestades de Seguridad generan preocupación sobre el modo en que el Gobierno gestiona la apertura o cierre de sus fronteras. Voces especializadas consideran que el cambio de perspectiva “profundiza la estigmatización y criminalización” hacia quienes buscan llegar a la Argentina. Está en línea con la modificación de la Ley de Migraciones –hecha hace pocos meses– y la modificación de la estructura de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) tras la disolución del INADE.
“Trasladar toda la política migratoria al Ministerio de Seguridad agrava la situación que ya impusieron las reformas de los últimos dos años. Ya no solo implica una gestión con perspectiva de seguridad, como si la cuestión de la migración fuera una amenaza para el Estado, sino que la política migratoria y la de registración de personas van a estar, directamente, a cargo del sistema de seguridad”, apuntó a elDiarioAR Diego Morales, director de litigio del CELS.
El Estado desoye estas advertencias y profundiza la estigmatización y criminalización de estos colectivos al definirlos como problemas de la seguridad nacional
La organización adelantó que informará los nuevos cambios a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace dos semanas advirtió sobre la afectación de derechos de las personas migrantes y refugiados. “Con esta nueva reforma, el Estado desoye estas advertencias y profundiza la estigmatización y criminalización de estos colectivos al definirlos como problemas de la seguridad nacional”, concluyó Morales.
“Se pasa de una lógica civil e integradora a otra más vinculada al control y la seguridad nacional; implica el riesgo de reforzar una mirada policial o de orden público sobre la migración”, advirtió a este medio Fernando Ardanza, abogado y especialista en Derecho Migratorio, socio fundador de Global Mobility Argentina. El especialista remarcó la posibilidad de “tensionar el espíritu” de la Ley 25.871 de Migraciones: “Cuando las decisiones sobre residencia o permanencia dependen de una cartera que gestiona fuerzas federales, el mensaje político cambia. Porque la ley, lejos de concebir la migración como una amenaza, reconoce la migración como un derecho humano y una fuente de desarrollo e integración para el país”.
Implica el riesgo de reforzar una mirada policial o de orden público sobre la migración
¿Lo pidió Trump?
Los cambios en la política migratoria en la gestión Milei-Bullrich van de la mano con la mano dura de Donald Trump. El gobierno republicano lanzó una feroz reforma para expulsar migrantes y en la Casa Rosada no se quedaron atrás: en mayo se firmó el decreto 366/25, que luego fue declarado inconstitucional en una parte. Un juez federal entendió que invocaba “una situación de excepcionalidad” para reformar la ley de Ciudadanía, ya que el decreto trasladaba la facultad de otorgar la nacionalidad de los magistrados a la Dirección Nacional de Migraciones, exigía que los dos años de residencia fueran no solo continuos sino también legales y sin salidas del país, y añadía como causal de naturalización la realización de una “inversión relevante” en Argentina.
El DNU habilitó también la deportación de extranjeros que cometen delitos y el pago de servicios de salud y de educación por parte de las provincias, aunque varios aspectos ya estaban vigentes, por lo que el anuncio solo reforzó la narrativa de mano dura libertaria.
El Gobierno también avanzó en la búsqueda de que EE.UU. elimine para los argentinos la obligatoriedad de una visa. En julio visitó el país la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, y se firmó una “declaración de intención para el ingreso al Programa de Exención de Visas”. Luego se supo que el proceso le llevará más tiempo del que pensaban en la Casa Rosada.
“Hay tendencia de algunos países, como México o Panamá, con problemas migratorios con Estados Unidos y tienen en sus fronteras un servicio policial para que toda esa gente no llegue al norte, pero no es lo que pasa en Argentina, que estamos muy lejos”, señaló a elDiarioAR Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad. En contrapartida, cuestionó la política bullrichista al respecto: “El régimen migratorio argentino es bastante más abierto que cualquiera de la región. La articulación de Migraciones y Seguridad sí puede resolver problemas de gestión como el control de personas con pedido de captura, pero Bullrich es una máquina de acaparar cosas y a la vez tiene dificultades para gestionar”, apuntó la referente del Instituto En Foco de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias.
“Tanto los datos del Renaper como de Migraciones son relevantes para la seguridad y dan mucho poder. Roza lo peligroso y profundiza el perfil securitario de la totalidad del gobierno”, alertó el diputado de Unión por la Patria José Glinski, miembro de la comisión de Seguridad Interior y ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Si se mantiene el cambio, el tablero de Seguridad ostentaría el manejo de 164 pasos fronterizos (39 aéreos, 73 terrestres y 52 marítimos o fluviales), además de comandar ya la PSA, Gendarmería, Policía Federal y Prefectura. Según datos oficiales, las diez nacionalidades que registran mayor cantidad de tránsitos son: paraguayos, brasileños, uruguayos, chilenos, bolivianos, estadounidenses, peruanos, colombianos, venezolanos y españoles, que representan el 92,6 % de las entradas y salidas de extranjeros.
Por el lado del Renaper, el ministerio de Seguridad deberá lidiar con la polémica por los miles de pasaportes defectuosos que obligaron al Gobierno a que se reimpriman de manera gratuita. Pero detrás de escena la oficina es una importante caja. Un proveedor habitual del Estado en la impresión de los documentos es Unitec Blue SA, propiedad de Eduardo Eurnekian, que en 2023 ganó una licitación con Alberto Fernández para elaborar DNI por US$45.378.416,8 y pasaportes US$11.822.223. Entre 2024 y 2025 –ya en la época Milei–, la empresa obtuvo del Renaper la adjudicación de contratos para insumos clave para la producción de DNI y pasaportes electrónicos por 6,51 millones de dólares.
MC
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