Ya ha superado el año de gobierno. El 24 de mayo de 2021, el empresario conservador y exitoso ex director del Banco Guayaquil, Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador. Había obtenido la victoria por Creando Oportunidades (CREO) en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) en el balotage del 11 de abril con 52,49% votos a su favor contra Andrés Arauz, el candidato correísta del frente Unión por la Esperanza (UNES), que obtuvo 47,51%.
En la primera vuelta, Arauz había ocupado el primer lugar y Lasso el segundo, con una diferencia mínima de apenas de apenas 0,3% (equivalente a 32.000 votos de un total de casi 9,3 millones de electores) por encima de Yaku Pérez, el candidato del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP-18), partido político de izquierda y brazo electoral del movimiento indígena ecuatoriano que llevó a Guadalupe Lori, la primera mujer indígena a la presidencia de la Asamblea , sede del poder Legislativo en Ecuador, destituida por la misma Asamblea el 31 de mayo.
Lasso había sido derrotado por el ‘socialismo del siglo XXI’ de Rafael Correa en los dos balotajes de 2013 y 2017, la primera vez por propio Correa y la segunda en la de su aparente e infiel seguidor Lenín Moreno. Y en la primera vuelta de las elecciones del 7 de febrero había tenido que luchar para defender su posición de participante en el balotaje en una agria disputa por el segundo puesto contra el líder indígena Yaku Pérez, quien había denunciado una conjura racista de correístas y anticorreístas para cometer un fraude blanco contra los movimientos y poblaciones indios.
El 24 de mayo 2022, el presidente Lasso ofreció su primer informe de gestión a la nación. Ante el Congreso habló de lo que hizo, de lo que planea hacer para el segundo año de gobierno e incluso hasta terminar su mandato en 2025. Sin embargo, no presentó ninguna cifra sobre temas de seguridad. “Lo que no ha dicho es lo más elocuente de su discurso” reflexionó el internacionalista Luis Carlos Córdova.
En el país, entre enero y mayo de 2022 se contabilizaron 1,490 crímenes violentos (asesinato, homicidio, femicidio y sicariato). Cada día, en promedio, mueren 14 personas de forma violenta en Ecuador.
El estado de excepción decretado en abril en las provincias costeras del Mayas, Guanabí y Esmeraldas con la movilización de 4.000 policías y 5.000 militares no detuvo una alarmante serie de episodios nunca antes vistos, tanto los coches bombas atribuidos a bandas del narcotráfico como las continuas denuncias de extorsión y amenazas a los locales comerciales en Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia, escenario de la ausencia de seguridad estatal en zonas empobrecidas bajo el dominio del crimen.
Decenas de barrios esmeraldeños organizaron un plantón ante la Cámara de Comercio de Esmeraldas, una hora antes de que el presidente Lasso ofreciera su informe en el Palacio Legislativo en Quito, el mismo día de la conmemoración en Ecuador del Bicentenario de la batalla de Pichincha.
A la vez, muchos observadores sostienen o al menos sospechan que las razones para la declaración del estado de excepción son muy distintas a la de la lucha contra la violencia en el país. “Es aterrador que Lasso amplíe el concepto de delincuentes y terroristas para incluir a quienes protestan, como los indígenas, los cultivadores de arroz o las organizaciones de transporte. Debido al estado de excepción, las huelgas y protestas de estas organizaciones se ha paralizado por el momento”, declaró Constantin Groll, director de la oficina de la fundación alemana Friedrich Ebert en Ecuador. Y José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América Latina de Human Rights Watch, advirtió de la presencia de los militares en las calles, señalando que “las fuerzas armadas están entrenadas para la guerra, no para controlar el orden público y la delincuencia”.
En septiembre de su primer año de gobierno, Lasso había decretado estado de excepción en los centros penales tras el amotinamiento en la Cárcel Número 1 de Guayaquil, conocida también como Penitenciaría del Litoral, que dejó 119 reos fallecidos y 80 heridos. Mientras los presos -miembros de bandas rivales vinculadas al narcotráfico- se mataban en una disputa de poder, en la mayor masacre de la historia carcelaria de Ecuador y una de las peores de América Latina, circularon fotos de la recepción de gala ofrecida por presidente junto con funcionarios de alto rango.
El trágico episodio de la Penitenciaría del Litoral fue seguido por cuatro amotinamientos más en otros centros penitenciarios, con un saldo de 282 muertes.
La crisis carcelaria, resultado de varios factores, entre ellos, el cambio del rol de Ecuador en la logística del narcotráfico, la intensa penetración de las organizaciones narco delictivas en el tejido social con la consiguiente disputa territorial en barrios y ciudades, el aumento del desempleo, el hacinamiento habitacional y corrupción del sistema, muestra la incapacidad del Estado de precautelar la vida y la seguridad de los ciudadanos, cuyas muertes y luto de sus familiares Lasso haciendo uso de “empatía selectiva” no mencionó su “Informe a la Nación”.
Consecuentemente, el imparable crecimiento de la inseguridad y de la violencia incide en la percepción popular de que Lasso es un presidente alejado de los ciudadanos e indiferente a sus problemas cotidianos.
Las promesas incumplidas
El presidente Lasso prometió no aumentar impuestos, sin embargo lo hizo. Ofreció mejorar el sistema de entrega de cupos para la educación superior, sin embargo en mayo pasado el secretario de Educación Superior confirmó que 85.000 jóvenes no obtuvieron cupo para acceder a una universidad o un instituto superior. Ofreció garantizar derechos a las mujeres y vetó el proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación para establecer plazos tan reducidos que dificultan el acceso a un aborto a las víctimas. Con cruel ironía; lo anunció el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
En el tema sanitario, después del pico exitoso en el proceso de vacunación contra el covid, ameritado por Lasso en su discurso y la única de las promesas que cumplió, el deterioro en la atención de los hospitales públicos es inocultable. Los ambientalistas interpelaron a Lasso por no respetar la Constitución que otorga garantía jurídica a la naturaleza o Pacha Mama debido a uno de sus más recientes anuncios “de extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo”, sin considerar el daño ambiental agravado por el derrame de petróleo en la provincia amazónica de Napo.
Si bien los indicadores económicos son esperanzadores, el Banco Central del Ecuador proyecta un crecimiento conservador de 2.8% para este año y el Banco Mundial augura 4.3%- y según estas mediciones Ecuador se ubicaría como la cuarta economía de mayor crecimiento en América Latina, los efectos aún no se sienten para la mayoría de sus habitantes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), apenas el 32,5 % de los ecuatorianos tiene “empleo adecuado” y 23,9 % es subempleado; mientras que la pobreza a nivel nacional llega al 27,7 % y la pobreza extrema a 10,5%.
El gobierno acordó en septiembre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que con el desbloqueo de la llegada de recursos del exterior permitiría disponer de liquidez por 4.500 millones de dólares para el financiamiento de diversos proyectos. Según Lasso, el préstamo auguraba para las arcas ecuatorianas un período de tranquilidad para lo que restaba de ese año y para 2022, pero aclaró que se debía hacer un esfuerzo mayor para buscar recursos mediante la lucha contra la corrupción y una mejor administración de los recursos públicos.
Un mes después, en octubre, el presidente Lasso enfrentó a un escándalo a raíz de las revelaciones de los Panamá Papers sobre sus activos en paraísos fiscales prohibidos por normativa de 2017 cuyo resultado – a pesar de que Lasso reiteradamente declaró que cortó los vínculos con las empresas donde invirtió debido según él a las presiones que el ex presidente Rafael Correa impuso a los banqueros - fue un pedido de moción de destitución en la Asamblea Nacional que no prosperó.
A todo esto, se suma la incapacidad del gobierno de establecer acuerdos políticos en la Asamblea Nacional: apenas fue posesionada el acuerdo con el PSC, que respaldó la candidatura de Lasso, se quebró y el oficialismo quedó sin apoyo en proyectos de ley que consideraba clave para incentivar inversiones y reformar la legislación laboral.
Cuatro semanas antes de que Lasso cumpliera un año de gestión cuatro ministros- de Defensa, Energía, Derechos Humanos y Agricultura renunciaron a sus cargos sumando a 16 los cambios del gabinete presidencial en 11 meses. Las razones esgrimidas por los acerca de su alejamiento fueron e “la falta de rumbo” del gobierno y la “tozudez” de Lasso para intentar implementar la “muerte cruzada”, una figura constitucional que lo habilita a cerrar la Asamblea Nacional ante el bloqueo opositor y convocar a elecciones.
Lasso ha acusado constantemente a un “triunvirato de conspiración”. Jaime Nebot, su antiguo aliado y líder del PSC, al expresidente Correa, y al líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, de golpistas.
Movimiento indígena y movilización ciudadana
La convocatoria de la Conaie, los pueblos y las nacionalidades indígenas, a un Paro Nacional Indefinido a partir del 13 de junio sumó el apoyo de los principales movimientos sindicalistas del país. Entre los principales motivos de queja figuran los altos precios de los combustibles y los bajos precios que pagan a los productores por el banano y la leche. También, exigen respeto a los derechos indígenas, que ven avasallados ante la intención de Lasso, que consideran inconsulta, de incrementar la actividad petrolera y minera en el país.
La movilización en protesta a la política neoliberal de Lasso, alcanzó virulencia social debido a la detención arbitraria – luego revocada- de Iza, el máximo dirigente indígena de Ecuador.
El Paro Nacional Indefinido contaba con el apoyo de al menos un 50% de la población. La estrategia de Lasso en detener a Iza – su principal opositor en las calles- fue con la finalidad de capitalizar a todos aquellos que se oponían a la movilización, aunque no por eso apoyan al gobierno. La medida de Lasso- quien trata de sostener ya que no recuperar su capital político muy deteriorado por su falta de capacidad en la gestión- radicalizó la movilización popular con el riesgo de que la sangre en la calle ponga en peligro la estabilidad política de Ecuador, como sucedió en la movilización de 2019 contra las medidas del gobierno de corte neoliberal -opuestas a las que había presentado en su campaña electoral el ex presidente Lenin Moreno- que desataron el descontento a nivel nacional con epicentro en Quito. Sin embargo, los votantes de Guillermo Lasso, de manera deliberada o con liviandad votaron el programa que hoy rige a Ecuador.
Este año, vence el acuerdo con el FMI de 6.500 millones de dólares, con alza de impuestos, la eliminación de subsidios y la reducción de la cobertura de ayuda económica para los sectores vulnerables. “El mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, debería centrarse menos en seguir las políticas del Fondo Monetario Internacional si quiere arreglar los problemas”, declaró Iza a la vez que informó la continuación de las protestas hasta que el presidente de la nación andina responda a las peticiones indígenas. “Todavía está en manos del presidente”, concluyó este viernes.
En la noche de este domingo, indígenas y campesinos llegaron por miles a Quito para hacerse sentir con más fuerza, pese a que el estado de excepción decretado desde el sábado por Lasso en las provincias de Imbabura, Cotopaxi y Pichincha, donde está la capital, suspende el derecho de asociación y de reunión. Desde el mediodía del lunes, artistas, mujeres, estudiantes y sindicalistas se unieron a las protestas La ocupación de la Casa de la Cultura en el Parque Arbolito, histórico albergue para los manifestantes, por parte de la Policía Nacional aumentó las expresiones de rechazo. La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) decidió abrir sus puertas a los manifestantes y los estudiantes de tomaron las instalaciones de la Universidad Central.
La Conie se niega de momento a entablar un diálogo ofrecido en reiteradas ocasiones por Lasso al considerar que las diferentes conversaciones mantenidas a lo largo de su primer año de mandato no han dado sus frutos. De esta manera, Iza ha anunciado que las protestas siguen en pie pese a que Lasso concedió varias de las diez demandas exigidas por la Conaie. Pero, no habló sobre el precio del combustible, tampoco sobre los presupuestos de educación y salud ni sobre los derechos laborales.
A una semana del inicio de la movilización, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos denunció el primer manifestante fallecido, una persona que cayó a una quebrada en su intento por llegar a Quito. Además de 61 personas heridas, cinco de ellas con daños oculares, y 18 con heridas graves, de las que responsabilizó directamente al Estado.
AGB