Así fue el caso abierto por la jueza Maria Romilda Servini de Cubría en 2010
La querella argentina contra los crímenes del franquismo es una denuncia presentada ante un tribunal penal argentino por los crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
El caso fue abierto por la jueza Maria Romilda Servini de Cubría, en base al principio de jurisdicción universal para juzgar crímenes de lesa humanidad; comenzó con dos denuncias realizadas el 14 de abril de 2010 por diversas organizaciones humanitarias argentinas y españolas junto a Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980, Inés García Holgado y Darío Rivas, hijo de Severino Rivas Barja, alcalde socialista de Castro de Rey asesinado en 1937 por falangistas. En enero de 2013 había aumentado a 150 denuncias.
La querella recibió el apoyo de Amnistía Internacional, que, en el informe de 2012 Casos cerrados, heridas abiertas denuncian que no se ha llevado a cabo una investigación judicial exhaustiva en España para descubrir la verdad sobre las circunstancias que rodean los abusos cometidos durante la dictadura franquista.
En apoyo de la denuncia, también se creó la red ciudadana Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), que reúne a numerosas organizaciones y consejos. También recibió el apoyo de los parlamentos del País Vasco, Cataluña y Andalucía y de la Cámara de Diputados de Argentina.
El Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición pidió que “la colaboración con los procedimientos de la corte de justicia españoles en el exterior y tomar medidas contra el debilitamiento del ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los juzgados españoles”.
De acuerdo con el gobierno español, los crímenes juzgados “ya prescribieron en España”, y también colidían la ley de amnistía española de 1977. Según la jueza, se trata de “crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, este crimen no prescribe”.
Cronología
El 14 de abril de 2010, Darío Rivas e Inés García Holgado, dos familiares de víctimas de la represión franquista, presentaron una querella en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires bajo el derecho internacional de los derechos humanos y la constitución y las leyes argentinas. Los abogados fueron Carlos Slepoy y Ana Messuti en Madrid, y David Baigún, Máximo Castex, Ricardo Huñis, Beinusz Szmukler, Carlos Zamorano y Héctor Trajtemberg en Argentina.
El 21 de junio de 2012, se creó la Red AQUA, que luego se convirtió en CeAQUA. También se creó la Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo, y gradualmente se crearon otras plataformas en toda España.
El 28 de noviembre de 2012, 5,000 testimonios fueron entregados al Juzgado N°1 de Buenos Aires.
El 21 de marzo de 2013, se presentaron los primeros cargos y se emitieron órdenes de arresto internacional contra Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Rafael Gómez-Chaparro Aguado (magistrado-juez), Jesús Cejas Mohedano, Juan Antonio González Pacheco (alias Billy el Niño), José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.
Los testimonios de videoconferencia planificados fueron cancelados el 25 y 26 de abril de 2013. Los días 2, 3, 8, 9, 15 y 16 de mayo fueron cancelados nuevamente, en los últimos casos debido a una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España al embajador argentino Carlos Bettini, expresando su malestar por los acontecimientos. En mayo, más de 40 parlamentarios y senadores españoles firmaron un documento para respaldar la denuncia.
El 18 de septiembre de 2013, la jueza María Servini de Cubría dictó orden internacional de búsqueda y captura contra Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar, antiguos miembros de las fuerzas de seguridad franquistas acusados de tortura. Amnistía Internacional prestó su apoyo a la demanda. Desde septiembre de 2013, Argentina facultó a sus consulados para presentar quejas que se han unido a la demanda.
En noviembre de 2013, trece denunciantes prestaron declaración en Argentina durante una semana. Entre los declarantes que viajaron a Buenos Aires se encontraba Ascensión Mendieta, de 88 años, quien buscaba reparación para su padre, Timoteo Mendieta, fusilado el 16 de noviembre de 1939.
El 5 de diciembre de 2013, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, citó a declarar a dos acusados en la querella argentina.
El 31 de enero de 2014, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a la extradición del ex inspector Juan Antonio González Pacheco a la Argentina. El 2 de febrero, el relator de la ONU criticó esta decisión.
El 15 de abril de 2014, la tercera sección de la Audiencia Nacional rechazó la extradición de Jesús Muñecas Aguilar, y el 30 de abril, la segunda sección rechazó la de Antonio González Pacheco argumentando que dichos delitos de torturas están «ampliamente prescritos», en oposición al razonamiento jurídico de la magistrada Servini.
Entre el 18 y el 30 de mayo de 2014, la jueza Maria Servini y el fiscal Ramiro González viajaron a España con sus secretarios judiciales e hicieron varias declaraciones.
El 31 de octubre de 2014, la jueza Servini solicitó a Interpol el arresto preventivo de Martín Villa, Utrera Molina y otras 18 personas imputadas para extraditarlas.
El 12 de noviembre de 2014 la Interpol solicitó la detención a 20 acusados de crímenes cometidos durante la dictadura de Franco, entre las que se encuentran Rodolfo Martín Villa, Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio, Benjamin Solsona Cortes, José Utrera Molina y Fernando Suárez González. Inmediatamente, el ministro de justicia español, Rafael Catalá, adelantó que la Audiencia Nacional negaría la extradición a Argentina de los veinte acusados.
El 19 de noviembre, Utrera Molina amenazó, a través de la Fundación Nacional Francisco Franco, a las víctimas de la dictadura con posibles denuncias por manchar su “honor”.
El 13 de marzo de 2015, el Consejo de Ministros denegó oficialmente la extradición de los exministros Utrera Molina y Martín Villa, luego de retrasar el proceso al solicitar más información a Argentina.