La Unión Europea estrecha el cerco sobre la compañía china de venta de ropa online Shein. La Red de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores (CPC), bajo la coordinación de la Comisión Europea, acusó a esa empresa de vulnerar los derechos de los compradores con prácticas abusivas, como descuentos 'fake', información engañosa o la ocultación de los datos de contacto.
La investigación la ha pilotado la CPC, a través de las autoridades nacionales de Bélgica, Países Bajos, Francia e Irlanda, y ha comunicado sus conclusiones preliminares ya a Shein, que tiene un mes para responder y ofrecer compromisos para adecuar sus prácticas a la legislación europea, según informa la Comisión Europea en un comunicado.
La Red CPC investiga a la compañía 'low cost' por infringir la legislación europea con descuentos 'fake', así como por utilizar plazos de compra falsos para meter presión a los consumidores. Las autoridadesconsideran que Shein proporciona “información incompleta e incorrecta sobre los derechos legales de los consumidores” respecto a los procesos de devolución y reembolso e incluso deno procesarlos de acuerdo a los derechos. También han detectado etiquetado falso e información engañosa sobre la sostenibilidad de los productos. Igualmente, acusan a Shein de poner trabas a los compradores para contactar con la compañía para expresar quejas.
“La Red CPC solicitó información a Shein para evaluar su cumplimiento de otras obligaciones en virtud de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores, como la obligación de garantizar que las clasificaciones, revisiones y calificaciones de los productos no se presenten a los consumidores de manera engañosa. La Red también está investigando si Shein informa a los consumidores sobre cómo se reparten las obligaciones en virtud del contrato entre un tercero vendedor y Shein (cuando proceda) y que los derechos de los consumidores no se aplican al contrato en los casos en que el tercero vendedor no sea un comerciante”, añade el comunicado.
Una vez que la empresa responda al requerimiento de las autoridades europeas, estas analizarán si satisface sus demandas. En caso de que no sea suficiente, la UE podrá tomar medidas para garantizar el cumplimiento, como la imposición de multas. Un proceso similar se inició en noviembre contra la compañía china Temu, especializada en mobiliario.
No es el único procedimiento al que se enfrentan esas compañías chinas, a las que Bruselas también investiga por la presencia de contenidos y mercancías ilegales, la falta de transparencia de sus sistemas de recomendación y las medidas para mitigar los riesgos relacionados con la protección de los consumidores, la salud pública y el bienestar de los usuarios en el marco de la ley de servicios digitales (DSA).
Igualmente, la UE quiere poner coto a los envíos 'low cost' de los que se aprovechan este tipo de empresas gracias a la exención fiscal a los paquetes de menos de 150 euros. Bruselas planteará una tasa de dos euros por cada envío.