Las muertes que los medios deciden olvidar

Saulo Rojas (23) se quitó la vida dentro de una celda de la comunidad terapéutica en adicciones San Camilo. No una habitación. Una celda de dos por dos, con las paredes a medio revocar, una puerta de chapa, un colchón mugriento tirado en el piso, una ventana enrejada –pero sin hojas de vidro, en pleno otoño invernal del campo pilarense–. Las últimas palabras de Matías Lamorte (30) fueron “me ahogo, me ahogo”, hasta que se desplomó en el comedor de San Antonio. Dos menores de 15 años, también pacientes, eran los encargados de la guardia esa noche. En esta misma comunidad luego murieron dos personas más, hasta que fue clausurada por denuncia de la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA).

Gastón Cunsolo (40) fue asfixiado, en 2021, en su casa de Avellaneda cuando se resistió a ser internado involuntariamente en Reencontrarse, otra granja de rehabilitación de Pilar. Sus captores lo dejaron tirado en el suelo y escaparon. A pesar de que inició una causa judicial y que desde la UIP denunciamos este hecho ante el Poder Ejecutivo de la provincia, el hecho tampoco no fue noticia. 

Luego fallecieron, en esa misma comunidad, Martín González (41, en 2022) y Joaquín Villareal, un menor de edad de 16 años, que había sido derivado por el Servicio Local de Niñez de General Villegas (2023). Tras las tres muertes y la denuncia de la UIP, ahí recién la comunidad, que tampoco estaba habilitada, fue clausurada. Sin embargo –de nuevo– silencio de radio, TV, gráfico, redes y web, tanto de medios progresistas como conservadores.

Si hubiesen difundido el asesinato de Gastón, quizá Reencontrarse se hubiera clausurado antes de aquellas dos muertes.

Así, durante años, los espirales de muertes y violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias del sistema de salud mental fueron obviadas por la gran mayoría de los medios. La autocensura mediática llegó al extremo el 22 de febrero de 2022, cuando cuatro personas -entre 20 y 35 años- fallecieron en un incendio en Resiliencia San Fernando, otra comunidad clandestina de… Pilar. ¿Dónde sino?

Padres, pibes, hermanos, maridos, hijos, mueren asfixiados y sobremedicados, a 60 km de la Capital. Uno se esperanza, desde el ejercicio de la profesión: “Ahora si va a ser noticia”. Ahora sí los y las colegas de los medios altertivos y de los grandes medios van a difundir. Pero no. Nadie les rindió homenaje a los muertos ni a los sobrevivientes. Sólo La Izquierda Diario, a través de un artículo de quien escribe. Años después, sus responsables fueron condenados a 35 años de prisión. De nuevo, salvo algunas excepciones: silencio mediático.

Entonces, surge la pregunta: ¿Por qué algunas muertes se transforman de inmediato en noticia y otras apenas existen? ¿Por qué ciertos padecimientos vinculados a la salud mental o a los consumos problemáticos ocupan lugar en los medios mientras otras muertes –mucho más silenciosas, mucho más pobres, mucho más incómodas– desaparecen sin dejar rastro?

¿Será porque no son ricos y famosos? ¿Porque no tienen el encanto de Chano y su madre? ¿Porque no tienen el reviente y el glamour del Pity Alvárez y su locura? ¿Porque son víctimas que no dan rating ni tienen la fama del Teto Medina? Quien fue acusado por reducción a la servidumbre por su vinculación con La Razón de Vivir, el mismo delito por el que fueron condenados los responsables de La Masacre de Resiliencia San Fernando. Pero La Razón de Vivir no fue noticia porque esclavizaba a “adictos a las drogas”. Fue noticia por el Teto. Hazye fama y échate a dormir. El Teto vale más que 4 pibes muertos.

Porque los “adictos” sólo les sirven cuando pueden etiquetarlos como victimarios; cuando los pueden estigmatizar como “zombies del paco”. Y que explote el rating. Pero cuando son víctimas del sistema manicomial y psiquiátrico no; no son noticia. Se murieron. Ya. No son tiktokeros de clase alta que se consumen el propofol de las clases medias. No dan clickbait. No rinden. No garpan, decíamos tiempo atrás. Hoy, será que el algoritmo los invisibiliza.

En las últimas semanas, desde la UIP enviamos una gacetilla a todos los medios informando –hasta con un título amarillista, para llamar la atención– sobre las muertes de Sebastián (36), Catalina (20), Braian (17) y Juliana (17). Salvo un par excepciones, ningún medio publicó nada.

Sebastián y Catalina murieron, en un plazo de 10 meses, en Sanar para Vivir, una comunidad que había sido clausurada por la Municipalidad de Escobar, pero permaneció abierta (y luego se mudó a... Pilar, donde continúa operando).

Nicolás tenía una larga historia de internaciones y padecimiento mental. Varios pacientes contaron en la UIP que Sebastián estaba “deprimido” y había afirmado “que se quería matar”. “A Nico le decían ´querés vivir siempre internado. Sos un soga´”, relató uno de los testigos.

“A Catalina la maltrataban. Ella estaba en los grupos y le daban ataques, gritaba, lloraba. Los de la comunidad la encerraban en la pieza. Ella pedía irse, hablar con los padres, y le decían ´estás loca, pendeja de mierda´”.

Esos mismos testigos relataron que en Sanar para Vivir eran sobremedicados (“De tanta medicación que me daban el cuerpo me temblaba y la mandíbula se me iba de costado”; “Te voy a medicar y a hacer el certificado de discapacidad para que te quedes internada toda la vida”).

Braian, un nene de 17 años con retraso madurativo, fue derivado, en diciembre de 2025, por el Servicio de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), de Río Negro, a Nunca Más Solos, una comunidad –de Pilar y clandestina– que no contaba con un staff profesional y ya había sido denunciada por la UIP en noviembre de ese año. A las pocas semanas, murió en el Hospital Sanguinetti de esa ciudad. Había sido ingresado con un cuadro de neumonía muy avanzado. Luego de la denuncia de la UIP, la Fiscalía Nro. 3 de esa ciudad inició una causa judicial por “averiguación causales de muerte”.

Juliana, también tenía 17 años, se habría quitado la vida en Señales, otra comunidad clandestina, esta vez de Malvinas Argentinas. El 1 de febrero. Ayer nomás.

Estos no son casos aislados. Son parte de una serie de fallecimientos que desde la UIP/ARDA denunciamos desde hace años. El año pasado publicamos un informe en el que documentamos todas estas muertes dudosas. Hoy, nuestro Excel ya rebalsa con 28 fallecimientos dudosos.

Todas muertes que deberían haber sido investigadas por la justicia. Y algunas de ellas, seguramente, difundidas por los medios.

Insistimos: no hablamos de instituciones de salud mental habilitadas que funcionaban bajo estándares adecuados. Hablamos de comunidades clandestinas, de centros de encierro donde no hay equipos interdisciplinarios; donde no hay tratamientos basados en la subjetividad del usuario, sino un sistema de premios y castigos.

Hace poco, en un encuentro virtual del área de Derechos Humanos de ARDA, comenté estas muertes con Carlos Herbón, coordinador del área y exdirector del Centro de Salud Carlos Gardel. Me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza: “Tendríamos que organizar un proceso de Memoria, Verdad y Justicia para todas esas muertes”.

Eso es lo que buscamos. 

Memoria, Verdad y Justicia para las personas usuarias del sistema de salud mental de la Argentina.

Por lo pronto, anhelamos que estos casos –estas historias– sean noticia. Que los medios abandonen el mismo discurso que vienen enarbolando desde los 90: prohibicionismo, abstencionismo, encierro.

Porque, así como el Poder Judicial naturaliza las muertes y las archiva; el Poder Ejecutivo de Nación y provincia no impulsa las investigaciones ni realiza las inspecciones en tiempo y forma; los medios -y los colegas- también naturalizan estas muertes y vulneraciones de derechos.

No es mucho lo que les pedimos: No se olviden de estos muertos.

El autor es periodista y coordinador de la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA)