La jefa del FMI en la Argentina de Milei: el país que más le debe, la meta fiscal ya rota y la reforma previsional en el horizonte

Kristalina Georgieva pisa suelo argentino este lunes por invitación expresa de Javier Milei, en la primera visita de un director gerente del FMI al país desde que Christine Lagarde estuvo en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. La jefa del Fondo Monetario viene a conocer a su principal deudor: al 23 de julio de 2026, la Argentina le debe al organismo 42.552 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$57.753 millones al tipo de cambio que informa a diario el propio organismo.

El país es, por lejos, el mayor deudor individual del Fondo: concentra el 34,5% de toda la cartera de créditos pendientes de cobro del organismo (123.170 millones de DEG en total), muy por encima de Ucrania, segundo en el ranking con apenas el 8,9%. Si se mira solo la ventanilla de créditos no concesionales —el Departamento General, por donde se canalizan los préstamos ordinarios como el argentino—, la proporción trepa al 45,9%: casi uno de cada dos dólares prestados por el núcleo financiero del FMI está colocado en el país.

Esa montaña de deuda tiene tres capas. La base es el stand-by de US$44.500 millones que el FMI le aprobó a Macri en 2018, el mayor crédito otorgado por el organismo hasta entonces; ese préstamo fue refinanciado en 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, mediante un acuerdo de Facilidades Extendidas que evitó la cesación de pagos pero no redujo el capital adeudado. Sobre esa base —que al momento de firmarse el programa actual, en abril de 2025, rondaba los US$42.000 millones—, el gobierno de Milei acordó un nuevo Extended Fund Facility (EFF 2025) que habilitó un financiamiento adicional de US$20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron cerca de US$15.800 millones. En criollo: alrededor de tres cuartas partes de la deuda actual con el FMI es la herencia de los acuerdos de Macri y Fernández, y aproximadamente un cuarto es deuda nueva tomada por Milei en poco más de un año.

Detrás de esa arquitectura financiera está, en última instancia, Estados Unidos. Washington es el principal accionista del FMI, con el 16,49% de los votos, y al ser el único país que supera el umbral del 15% tiene poder de veto de facto sobre las decisiones que exigen una mayoría del 85%, como la aprobación de nuevos programas o cambios de cuotas. Esa centralidad es la que explica por qué la visita de Georgieva no puede leerse solo en clave técnica: el alineamiento explícito de Milei con Donald Trump —desde los elogios públicos hasta los gestos de política exterior— opera, en los hechos, como una moneda de cambio adicional en la relación con un organismo donde buena parte de la última palabra la tiene la Casa Blanca.

Por eso la escala de Giorgieva tiene, ante todo, un contenido político: es un respaldo explícito al programa económico de Milei en la previa del tramo final de su gestión y de cara al año electoral 2027. Pero la visita también llega en un momento clave del calendario técnico con el Fondo. Según el dossier “FMI-Argentina: puntos clave de la visita del organismo”, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en julio de 2026, “se presume que la presencia de Giorgieva ayudará a apuntalar la tercera revisión del Extended Fund Facility 2025 (EFF 2025), referida a las metas al 30 de junio, instancia clave para habilitar un nuevo desembolso”.

La meta incumplida

La Argentina llega a esa revisión con la meta fiscal ya incumplida. Según el mismo informe de CEPA, “en junio, el Gobierno registró un déficit primario de $696.843 millones que le impidió cumplir, por primera vez, la meta fiscal con el FMI. En el primer semestre el superávit fiscal alcanzó $6,3 billones, quedando $573.974 millones por debajo del objetivo acordado a junio de 2026”. El desvío se produjo, además, después de que el organismo ya le hubiera bajado la vara al Gobierno: “El incumplimiento ocurrió incluso después de que el organismo flexibilizara la meta en mayo en $1,6 billones, reduciéndola de $8,5 billones a $6,9 billones”. Caputo atribuyó el resultado de junio a la postergación del pago de Ganancias de personas humanas y al pago del medio aguinaldo, aunque reconoció públicamente que el margen para seguir ajustando es cada vez más chico: “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno. Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, dijo el ministro en el programa Economía de Quincho.

El desafío para lo que resta del año es todavía mayor. Según CEPA, “la meta para diciembre de este año exige un superávit de $16,3 billones, lo que implica que el Gobierno debería acumular $10 billones adicionales de superávit entre julio y diciembre para cumplir con ese objetivo”. Proyectando el resultado fiscal con la estacionalidad del año pasado, el Tesoro llegaría a acumular $10,5 billones para fin de 2026, es decir, “le faltarían, según esta proyección, unos $5,7 billones para cumplir con las exigencias del organismo”. El propio dossier concluye que, si se repite el patrón de los primeros dos años de gestión de La Libertad Avanza —dos tercios del superávit concentrados en el primer semestre y apenas un tercio en el segundo—, “el cumplimiento de la meta fiscal de fin de año resulta sumamente improbable”.

A la par de la meta fiscal, hay otra tensión de fondo entre el Fondo y el equipo económico: el regreso a los mercados de deuda. El Programa Financiero del Gobierno prevé emisiones por US$4.000 millones en 2026, de los cuales ya habrían ingresado unos US$3.200 millones a través de préstamos garantizados por el Banco Mundial y el BID. Para 2027, el propio esquema oficial “no prevé realizar nuevas emisiones de deuda en moneda extranjera durante todo 2027”, mientras que el FMI, en su segunda revisión del EFF 2025, proyectaba emisiones por US$5.000 millones en la primera mitad del año y US$8.000 millones para todo 2027. Según CEPA, “para el FMI, resulta imprescindible que la Argentina vuelva a los mercados internacionales de crédito. Para el ministro Caputo, eso puede esperar y, de hecho, busca evitarlo”, en la apuesta de que el propio mensaje de “no necesitar al mercado internacional” ayude a bajar el riesgo país.

Ese contraste de expectativas se completa con la agenda de reformas estructurales que el Fondo dejó planteadas en la segunda revisión del acuerdo, con vencimientos concentrados a fines de este año y del próximo. Entre ellas figuran una reforma tributaria integral —que contempla eliminar exenciones impositivas, bajar el umbral de Ganancias para alcanzar a al menos el 20% de la población, subir las escalas del Monotributo y reemplazar Ingresos Brutos por un IVA dual provincial— con plazo hasta fines de diciembre de 2026; un registro de riesgos de cumplimiento tributario y un plan contra el lavado de dinero, ambos con el mismo vencimiento; y una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central orientada a fortalecer su independencia, que el Gobierno ya empezó a impulsar en el Congreso.

A esa lista se suma la reforma previsional: según CEPA, “con una base de propuesta ya planteada por el FMI, el Gobierno deberá presentar el proyecto final a fines de diciembre de 2027”, es decir, recién en un eventual segundo mandato si Milei logra la reelección.

El cronograma de pagos con el organismo explica, en gran medida, por qué esta relación no admite pausas. Según el informe de CEPA, en el segundo semestre de 2026 vencen US$1.130 millones de capital y US$1.694 millones en intereses, con desembolsos esperados por apenas US$863 millones. En 2027 los vencimientos de capital saltan a US$4.408 millones, más US$3.256 millones en intereses, con desembolsos previstos por US$1.725 millones. Los años siguientes profundizan esa tendencia: en 2028 vencen US$6.568 millones de capital y US$2.934 millones en intereses, y en 2029, US$8.066 millones de capital y US$2.504 millones en intereses. “Los desembolsos restantes del organismo se realizan dos veces al año (enero y julio) entre julio de 2026 y enero de 2029. Estos cubren apenas el 60% de los pagos de intereses hasta esta fecha, pero sirven como un buffer frente a los pagos que debe enfrentar el Gobierno, no solo con el FMI, sino que con el resto de acreedores”, señala el dossier.

Ese es el trasfondo que acompaña la escala de Georgieva: una foto de respaldo político al Gobierno, en un año en el que los mercados todavía dudan de la capacidad argentina de honrar sus compromisos y del resultado electoral de 2027, combinada con una revisión técnica que llega con la meta de junio ya perdida y un cúmulo de reformas —tributaria, previsional, financiera— que definirán buena parte de la agenda económica del oficialismo, gane o no un segundo mandato.

Máximo Kirchner propone discutir qué parte de la deuda es “legítima”

En paralelo a la visita de Georgieva, el diputado nacional Máximo Kirchner presentó junto a otros trece legisladores de Unión por la Patria un proyecto de “Ley Marco de Defensa de la Posición Argentina frente a los Organismos Financieros Internacionales y Reforma del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional”. El objetivo declarado es discutir qué parte de la deuda es “legítima”: “Recuperar para el Congreso la decisión sobre el endeudamiento externo, distinguir lo que la Argentina debe pagar siempre (la cuota) de lo que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas (el excedente), y dejar planteada —puertas adentro con ley propia, puertas afuera como agenda de negociación— una salida sostenible que no dependa de un nuevo ajuste”. No es la primera vez que Kirchner marca distancia pública en esta materia: en julio de 2022 renunció a la jefatura del bloque de diputados del Frente de Todos en desacuerdo con el rumbo económico del entonces ministro Martín Guzmán, en medio de la negociación y renegociación del acuerdo con el FMI por la deuda tomada durante el gobierno de Macri, un quiebre hacia Alberto Fernández que fue definitivo.

El proyecto de Kirchner se organiza en siete títulos. Fija principios rectores como la soberanía económica y la “corresponsabilidad acreedor-deudor”; instruye al Poder Ejecutivo a impulsar ante el board del FMI una reforma del Convenio Constitutivo en cuatro ejes —que el Artículo VI para administrar la fuga de capitales deje de ser discrecional y pase a ser obligatorio, la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” para exposiciones extraordinarias, una excepción a la uniformidad de los plazos de recompra y un principio de corresponsabilidad institucional del propio Directorio—; reconoce la regulación de la cuenta capital como herramienta permanente; y exige que toda operación de crédito con organismos financieros internacionales sea aprobada por ley del Congreso, con expediente técnico completo y prohibición expresa de DNU o decreto delegado. Crea además una Comisión Bicameral de control con acceso a información reservada, y establece una regla fiscal permanente: un techo de deuda pública externa equivalente al 200% de las exportaciones de los últimos tres años, superable solo con mayoría de dos tercios.

El texto no plantea desconocer la deuda ni suspender pagos, sino revisar el tramo que —sostiene— excede los parámetros normales de acceso del FMI: según los fundamentos del proyecto, el stand-by de 2018 fue el mayor de la historia del organismo y equivalió a 1.110% de la cuota argentina, muy por encima del límite entonces vigente (145% anual y 435% acumulado). El excedente cuestionado ronda, según el cálculo del propio proyecto, los US$37.800 millones si se toma el límite de acceso vigente en 2018, o unos US$30.000 millones si se toma el límite actual, más generoso (200% anual y 600% acumulado desde diciembre de 2024). Para ese tramo, la iniciativa propone una renegociación a entre 20 y 30 años, con período de gracia, sin sobrecargos y con pagos atados al crecimiento, las exportaciones y las reservas del país. El proyecto invoca además una evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, publicada en diciembre de 2024, que reconoció que el programa de 2018 quedó en una “zona gris” de sostenibilidad, y un informe de la Auditoría General de la Nación de 2023 que documentó que el acuerdo se firmó sin dictamen previo del Banco Central, sin traducción oficial y sin intervención del entonces órgano competente en materia de crédito público.

La iniciativa llega, además, con una disposición transitoria dirigida al acuerdo vigente con Milei: si se sanciona la ley, el Poder Ejecutivo tendría 90 días para enviar al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa actual, que fue instrumentado por el DNU 179/2025 y nunca tuvo aprobación por ley del Congreso en los términos que exige la Ley 27.612. Se trata, por ahora, de un proyecto de un bloque opositor sin mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, por lo que su tratamiento y eventual aprobación dependerán de una discusión legislativa que recién empieza.

MC