Un topo en el sistema educativo

Desde que asumió, el gobierno de Javier Milei ha emprendido un ajuste presupuestario contra la educación, la ciencia y la tecnología de una magnitud sin precedentes en la historia argentina. El ataque que tuvo más repercusión pública y que ha despertado una mayor resistencia ha sido el que debió soportar la Universidad. En reiteradas ocasiones el Parlamento nacional ha rechazado las iniciativas del Ejecutivo que promovían la restricción de recursos y ha votado leyes para proteger la inversión en este sector. Fueron multitudinarias las convocatorias en defensa de un presupuesto que permitiera el normal funcionamiento de las universidades. 

En cambio, ha tenido mucha menos difusión pública el enorme ajuste aplicado al sistema educativo nacional, a cuyos jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, concurren millones de niños y jóvenes, la mayoría de los cuales atraviesan situaciones de pobreza. La restricción presupuestaria hacia la educación obligatoria es mucho mayor que la aplicada a la Universidad (Gráfico 1). Quienes más necesitan, que son al mismo tiempo quienes están en condiciones más desventajosas para resistir el ajuste, fueron las principales víctimas del gobierno libertario.

Los recursos que financiaban el aporte nacional al pago de los salarios docentes (FONID) fueron eliminados en su totalidad y las becas estudiantiles se redujeron en un 80%. Prácticamente no existe presupuesto para infraestructura y equipamiento. Los fondos para la educación técnica, fundamental para la inserción laboral de los jóvenes, cayeron más del 70%. En el Presupuesto 2026 se derogaron anticonstitucionalmente los artículos de las leyes de financiamiento educativo, educación nacional y educación técnica que, habiéndose votado oportunamente por unanimidad o por la gran mayoría de los bloques parlamentarios, fijaban metas de inversión educativa a mediano plazo. Particularmente grave es el deterioro que han sufrido los salarios docentes en todo el país. Según un reciente trabajo de Alejandro Morduchowicz, en los últimos 3 años los sueldos han caído en 22 de las 24 provincias. En muchas de ellas el recorte ha sido entre el 20 y el 50%. 

Este ataque al sistema de educación pública al que concurre la mayoría de la población quedo más aún en evidencia con motivo de la decisión administrativa 20/2026, provocativamente firmada el mismo día de la última marcha universitaria. Casi la totalidad (94%) de los fondos quitados a la educación fueron recortados del presupuesto de la educación básica obligatoria. La mayor parte de este ajuste, 35.000 millones de pesos, fueron sustraídos del Plan Nacional de Alfabetización, que es el programa destinado a que nuestros niños se inicien exitosamente en la lectoescritura en los primeros años de la escolaridad. Este había sido el principal (y único) objetivo que había enunciado el gobierno y al cual se había comprometido frente a los gobiernos provinciales y organizaciones sociales. El vaciamiento de los programas nacionales que atienden los aprendizajes de los alumnos y el mencionado deterioro de las condiciones de trabajo docente golpean fuertemente la calidad educativa de las escuelas y profundizan las desigualdades sociales y territoriales de los estudiantes. 

La puesta en evidencia de estos datos tiene un doble objetivo. Por un lado, mostrar que el gobierno de Milei miente cuando pretende convencer a la ciudadanía de que el ajuste a la universidad está justificado por razones de transparencia, eficiencia o para dejar de atender vocaciones de los sectores más privilegiados de la sociedad. El golpe que ha recibido la educación obligatoria es mucho mayor. Por otro lado, que el ataque al sistema educativo, como también al científico tecnológico, va mucho más allá de la “necesidad de ahorrar recursos para sostener el equilibrio fiscal”. El modelo anarco-capitalista libertario que pretende imponer el gobierno sostiene doctrinariamente que el Estado no debe invertir en las escuelas. Para esta mirada, la educación debe quedar librada a las leyes del mercado y los que no tienen recursos para comprarla deben quedar al margen del conocimiento. Ello quedó plasmado en el texto original del capítulo educativo de la Ley Ómnibus que fue rechazado en el parlamento, y vuelve a estar presente en el borrador de proyecto de “Educación para la Libertad” que se ha puesto en circulación. En ambos casos se propone que, volviendo atrás los logros de la Ley 1420, deje de ser obligatorio que niños y jóvenes concurran a las escuelas. Quieren reemplazar el imprescindible espacio de aprendizaje y socialización que significa la escuela por la exposición de los niños a las redes y sustituir el conocimiento científico que transmiten los docentes por la información sesgada que llega a través de los algoritmos.

No hay que confundirse. Es necesario y urgente mejorar la calidad educativa. Pero en el caso del actual gobierno, las críticas a la educación tienen un solo objetivo: deslegitimar frente a la sociedad a los docentes y a las instituciones educativas. El “topo” que se propuso destruir el Estado desde adentro, lo quiere lograr también respecto del sistema educativo nacional. El modelo socio-económico que propone Milei, basado principalmente en la exportación de productos primarios, el extractivismo y la especulación financiera, no necesita de una población masivamente calificada, capaz de agregar valor a partir de su alta capacitación. Para este modelo no tiene ningún sentido invertir en universidades y escuelas.

No cabe duda de que la Universidad y el sistema educativo exigen profundas transformaciones que les permitan complementar su capacidad de incorporación de cada vez más niños y jóvenes a las escuelas e instituciones, con mayores niveles de calidad en la enseñanza. Es necesario volver a colocar al conocimiento, los aprendizajes y el esfuerzo como ejes del trabajo pedagógico en las aulas. Es un debate que debe ser plural, profundo y que no permite demoras. Pero tampoco cabe duda de que ningún cambio será posible ahogando presupuestariamente a la Universidad y al sistema educativo y sin generar condiciones dignas de trabajo a nuestros docentes y de aprendizaje a los estudiantes.

DF/MG