La justicia social como blanco de la política de Estado

En Argentina, la disputa por la apropiación de la riqueza generada a través del trabajo se dirime a partir de tres grandes indicadores: la pérdida del poder adquisitivo vía procesos de alta inflación, la precarización y la informalización de las relaciones laborales, y la expulsión de mano de obra o desocupación. Nuestra historia está marcada por dicha disputa, que se ha manifestado sobre esos tres vértices, algunas veces sobre algunos, otras veces sobre otros y no necesariamente siempre sobre los mismos. Pero la novedad de la presente gestión gubernamental es que busca que suceda sobre los tres y al mismo tiempo. 

No obstante, no nos encontramos exclusivamente frente a una etapa en la que se dispute sólo la distribución del ingreso, sino que diariamente nos encontramos defendiendo la legitimidad de construir una vida decente, el derecho más elemental a poder armar una vida. De este modo, el actual gobierno definió a la Justicia Social como a una de sus principales enemigas, esto es la posibilidad, bajo derechos, obligaciones y oportunidades, de que quienes habiten el suelo argentino puedan ejercer soberanía sobre la riqueza generada. 

Hasta ahora a nadie se le había ocurrido cuestionar a viva voz que al ser humano por el sólo hecho de haber nacido, le corresponde vivir bien, mientras que, en la actualidad, quienes sí cuestionan este principio, ocupan las más altas posiciones del poder político de nuestro país. Por las preocupaciones que esto genera, vale la pena pensar en conjunto algunos datos e ideas sobre los tres vectores señalados al comienzo.  

La pérdida del poder adquisitivo de los ingresos

La inflación en Argentina es una de las modalidades más efectivas de transferencias y erosión del poder adquisitivo del salario y los ingresos. Bien sabemos que los planes económicos son sostenidos por programas políticos que implican un proyecto de país con aspiraciones de largo plazo. Es por esto que los gobiernos, o bien pueden tomar medidas para defender los empobrecidos ingresos afectados por la inflación a través de las distintas instituciones laborales, o bien atacarlas buscando su debilitamiento hasta la inacción. 

Sin embargo, Argentina es huidiza a los encasillamientos y paradójicamente el gobierno anterior, a quien le correspondía por mandato histórico defender el poder adquisitivo, subestimó el daño social que causa la inflación. Pero a diferencia del anterior, el gobierno actual tiene la intención de provocar una licuación de los salarios: en tan sólo tres meses, el periodo de su gobierno, la inflación acumuló un aumento del 71,33% y la variación interanual en febrero fue del 276,2%. Su reverso es el debilitamiento del poder de compra de los salarios reales, que se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 20 años. 

Esta brutal caída responde directamente al incremento del 120% del tipo de cambio, dictaminado por el gobierno nacional en diciembre de 2023 (esto significa una fuerte devaluación del peso con su inmediata traslación a precios internos) y por el incremento de algunas tarifas clave para el consumo doméstico (combustible, transporte, medicina prepaga, educación privada, alquileres para la vivienda y servicios públicos). La contracara es, según estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella, que el 50,2% de los argentinos estuvo por debajo de la línea de pobreza para el bimestre enero-febrero de 2024, es decir que aproximadamente 14 millones de personas viven en hogares urbanos pobres.

Mecanismos de precarización laboral

Sumado al feroz saqueo sobre los ingresos reales, la disputa por la apropiación de la riqueza se da también sobre dispositivos directos e indirectos de precarización laboral. Por una parte, a través de las inserciones endebles determinadas por la ausencia de los derechos indicados en la legislación laboral a partir de la condición asalariada. Por otra parte, la precarización puede producirse a partir de ocupaciones de refugio (también llamado autoempleo) que tienen por objeto generar ingresos, en donde se solapa la unidad doméstica con la económica, con bajas calificaciones y con niveles de acumulación de subsistencia. 

Si bien se necesita una batería de incentivos y de fuerte control estatal, el crecimiento económico es condición necesaria para mantener altos niveles de empleo formal. En la medida en que el gobierno no revierta el proceso de estanflación y depresión económica (estancamiento en el crecimiento y altos niveles de inflación), las PYMES recurrirán al ahorro de costos laborales a través de diferentes mecanismos de flexibilización, principalmente la negación del pago de las cargas sociales y otros derechos laborales básicos. 

Los últimos datos disponibles al tercer trimestre de 2023 sobre el indicador sintético de desprotección laboral (Tabla 1) arrojan que, del total de asalariados, el 43,04% se encuentra en una situación frágil. Por otro lado, del universo total de los trabajadores por cuenta propia, el 85,88% cuenta con bajas calificaciones y no cuenta con capitales propios. Sobre el total de ocupados, los trabajadores cuentapropistas informales representan el 18,51% y los asalariados frágiles el 32,20%, por lo que la población trabajadora precarizada alcanza al 50,72%, es decir más de la mitad de la fuerza laboral ocupada (6.794.554 de personas en aglomerados urbanos).  

*La autora es Doctora en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de Quilmes. Investigadora especializada en mercados de trabajo segmentados en Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional ATENEA.

MC