A raíz de los desmanes ocurridos el pasado miércoles en el Capitolio estadounidense, primero Twitter y luego Facebook bloquearon las cuentas del presidente Donald Trump. También Instagram suspendió la cuenta del magnate durante 24 horas. El corolario llegó el jueves por la mañana: la red social creada por Mark Zuckerberg anunció que mantendría bloqueada la cuenta del susodicho hasta que finalice su mandato presidencial, el 20 de enero y Twitter amenazó con quitarle la cuenta definitivamente.
Esas decisiones generaron reacciones de lo más variadas en las redes sociales que, a grandes rasgos, se dividieron entre quienes expresaron su satisfacción y quienes reclamaban por la coerción de la libertad de expresión. Entre las voces que se levantaron, la ex primera dama Michelle Obama declaró a través de un comunicado de prensa que “ahora es el momento en que las empresas de Silicon Valley deben detener este comportamiento monstruoso, e ir más lejos de lo que ya fueron y prohibirle a este hombre [por Trump] el acceso a sus plataformas”.
Pedidos semejantes se dan de bruces con la opinión de aquellos académicos y estudiosos de las distintas aristas que supone la regulación de las plataformas (o la autorregulación por parte de las empresas, sin que el Estado intervenga demasiado). ¿Los Estados o las organizaciones supranacionales deben regular las redes sociales o, por el contrario, hay que poner todo el peso en las responsabilidades ulteriores, como sucede con los medios de comunicación? En la misma línea, surge la pregunta de si los intermediarios (las redes sociales) son responsables por lo que los usuarios -y más que nada aquellos más poderosos- publican a través de sus plataformas.
Si bien no son un medio de comunicación tradicional, las redes sociales realizan edición y curaduría de contenido. Eso expresa Martín Becerra, investigador y especialista TIC. “Son grandes escaparates que potencian y encuadran la conversación pública, al tiempo que tienen un alcance masivo y una identificación capilar de sus usuarios que los medios tradicionales, que también operan en las redes sociales digitales, no tuvieron en el pasado”.
Como Michelle Obama, son muchas las personas que les reclaman a las plataformas que se autorregulen. Particularmente esto sucede en los Estados Unidos -argumenta Beatriz Busaniche, activista argentina por la cultura libre y los derechos humanos en entornos mediados por tecnologías digitales-, en donde tanto la jurisprudencia como su propia idiosincrasia hacen que el Estado se abstenga de tomar acciones que puedan leerse como contrarias a la libertad de expresión consagrada en su Primera Enmienda.
En cualquier caso, dice Becerra, ni Facebook y Twitter respondieron como reflejo condicionado ante la presión pública, dado que si así fuera, también tendrían que responder por los reclamos sobre el tratamiento de datos personales que no sea tan violatorio de los derechos de las personas y de los usuarios, y esto no sucede realmente. Su postura es clara: “La regulación privada, de facto, que es la que actualmente rige en las grandes plataformas, muestra en este caso nuevamente su fracaso desde los estándares de libertad de expresión”.
Preguntarse si la autorregulación está bien o mal es maniqueo per se si no se pregunta cuál es el interés detrás de esa opinión. Así lo explica Becerra: “Probablemente para Mark Zuckerberg (cocreador de Facebook) está bien la autorregulación, probablemente para Jack Dorsey (cofundador de Twitter) esté bien la autorregulación, probablemente para los capos de Google esté bien la autorregulación, pero desde la perspectiva de derechos humanos, de derecho a la libertad de expresión, de derecho a la protección de datos personales, de derecho a la competencia no está bien la autorregulación porque la regulación de temas tan sensibles que afectan a derechos ciudadanos merece en una sociedad democrática tener un tratamiento que sea democrático.”
Plataformas o medios
“En cualquier caso, pandemia mediante, hubo un cambio de paradigma al interior de las empresas que, hasta 2020, sostenían que no iban a constituirse en árbitros de la verdad y, a partir de 2020, adoptaron una nueva posición sobre el tema, particularmente sobre Covid-19 y sobre las elecciones en los Estados Unidos”, sostiene Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo. Ese cambio desembocó, finalmente, en las medidas tomadas por las distintas redes sociales luego de las violentas manifestaciones que tuvieron lugar en el Capitolio y las confusas respuestas de Donald Trump, que pidió a sus simpatizantes que vuelvan a sus casas pero no sin antes decir -una vez más- que le habían “robado la elección”.
Si la autorregulación no funciona o no es deseable, ¿es posible regular desde los estados? “La polémica sobre si las redes sociales pueden, a discreción, bajar cuentas y borrar publicaciones viene de largo”, comenta Javier Pallero, director de política pública en Access Now, una ONG internacional dedicada a los derechos humanos, la política pública, y el activismo por la defensa de internet abierta y libre. Hay quienes consideran a las redes sociales como algo más parecido a una plataforma que debería ser neutral y, por lo tanto, no dar de baja informaciones legales ni ejercer un criterio editorial. Otros las asemejan más a medios de comunicación, con derecho a tener una línea editorial. Un diario o una revista puede elegir (o no) darle lugar a una columna de opinión de una persona. “Creo, como creen varios, que son una cosa sui generis, nueva y distinta, que tiene elementos de las dos cosas”, señala Pallero, retomando lo que sostiene Becerra. “Deberían poder tener la posibilidad de elegir qué mostrar y qué no en sus servicios, como regla general. Ésta regla general cede, deberían tener menos libertades para decidir qué poner y qué no, dentro de los contenidos legales, cuando son monopolios u oligopolios como es el caso actual, donde hay grandes plataformas.”
La regulación a partir de las plataformas existentes convalidaría un estado de cosas que solo permitiría que Facebook -y otras redes ya existentes- monopolicen el discurso, advierte Busaniche. “Lo único que hacés con una regulación así es fortalecer a los jugadores ya existentes. A cualquier jugador nuevo que quiera entrar se le complica cada vez más, les costaría más competir”, explica. “Hay que dejar de pensar la regulación teniendo en cuenta a Facebook y Google, hay que pensar en la emergencia de nuevos jugadores, hay que pensar en ‘atacar’ el problema con más competencia y no regulando el discurso. Porque si hacemos eso, las plataformas reguladas se aseguran ser la próxima CNN o Fox News, así se cierra el mercado.”
En el mismo sentido, y a pesar de estar a favor de la regulación, Pallero recuerda que, cuando se regula contenido, “las leyes y reglamentos resultantes pueden resultar autoritarios, están reñidos con la libertad de expresión y ser expresiones de gobiernos -algunos muy autoritarios y otros no tanto- que quieran tomar control de lo que se puede decir en redes sociales”.
La posibilidad de regulación, según dijo Gustavo Gómez, director de Observacom (en la reunión informativa “Regulación, co-regulación y responsabilidades de plataformas para una Internet libre y abierta” que tuvo lugar en el pasado 4 de septiembre en el Congreso de la Nación), debería proteger la libertad de expresión y los derechos de los usuarios de redes sociales ante la regulación privada que ya existe, garantizar una internet libre y abierta -en riesgo por la creciente concentración en algunas pocas corporaciones internacionales- y evitar los intentos de regulación estatal que buscan que las plataformas actúen como policías privadas (privatización de la regulación).