Mandaron a prisión al exmano derecha del jefe del Gobierno español

El juez Leopoldo Puente envió a prisión provisional al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, mano derecha del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras su comparecencia este lunes en el Tribunal Supremo por su supuesta implicación en la trama de cobro de sobornos a cambio de acuerdos en obras. La Fiscalía había solicitado su entrada en la cárcel no eludible bajo fianza al apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez le atribuye delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. En la decisión del juez pesó finalmente la posible destrucción de pruebas, no así el riesgo de fuga.

En el auto, al que tuvo acceso elDiario.es, el juez afirma que los “consistentes indicios” que afloraron hasta el momento apuntan que Cerdán era quien se encargaba de reclamar a las constructoras las coimas, recaudarlas y después se las hacía llegar al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. De hecho, califica de “vertical” y preeminente la relación que tenía con ambos, lo que le atribuye un papel de cabecilla de la supuesta organización criminal.

El magistrado Puente dedica una parte considerable del auto a defender la consistencia de los audios que figuran como indicio principal contra Cerdán. “No se advierte, en definitiva, razón alguna, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de este momento de la investigación, para cuestionar que las mencionadas grabaciones se corresponden con conversaciones efectivamente producidas”, escribe el juez. Y añade que su “contenido resulta en extremo elocuente, –tanto que en una de ellas el propio don Santos reprocha a don Koldo con insistencia que de esos temas no se habla, se escriben en un papel y se rompe–”.

Además de las grabaciones, el juez Puente afirma respecto de Cerdán que “resulta inequívoca su vinculación” con la mercantil Servinabar, tanto por el documento de compra del 45% de las participaciones que apareció en el registro del domicilio de Antxon Alonso, el dueño, como por las presuntas gestiones vinculadas a la citada sociedad. Entre ellas el destino de una cantidad a una fundación vinculada a Ábalos. Cerdán tenía, según el juez, “cierta capacidad de administración o muy fluida comunicación con la mencionada Servinabar”. La UCO considera en su informe que la empresa era una “vía de canalización” de las coimas.

Para justificar que haya adoptado la medida de prisión contra Cerdán y no lo hiciera en el caso de Ábalos y Koldo García, el juez alega que “es obvio” que el hoy compareciente podría “ocultar, alterar o destruir elementos de prueba relevantes” que podrían existir todavía en su poder al ser incipiente la investigación contra él. Es algo que no ocurre en el caso de los otros dos imputados, alega el juez, sometidos ya a registros de sus viviendas, intervenidos sus teléfonos móviles e investigados patrimonialmente.

Acciona, principal corruptor

El auto menciona en varias ocasiones a la sociedad que aparece como principal corruptora, la constructora Acciona, de la que dice obtuvo más de 537 millones de euros en adjudicaciones, de las que Ábalos y García habían obtenido 550.000 euros e iban a percibir nuevas cantidades, hasta completar el millón de euros. “Representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas”, afirma el juez.

Puente construye esta tesis para atruibir, indiciariamente, a los investigados, incluido Cerdán, 5 millones de euros en mordidas, por tratarse del 1% del monto de las adjudicaciones. Y advierte a continuación: “Ello refuerza así, siempre en los términos indiciarios tantas veces señalados, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los Sres. Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones, eventualidad que, desde luego, no puede ser descartada en este momento”.

El ex 'número tres' del PSOE acudió este lunes por primera vez al alto tribunal para responder por su supuesta implicación en la trama de cobro de mordidas a cambio de amaños en obras donde le sitúan la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y el juez. Cerdán, que respondió únicamente a las preguntas de su abogado, negó haber cobrado sobornos y cuestionó los audios que la Guardia Civil presentó como indicios de corrupción.

Su defensa anunció que pedirá una prueba pericial de esas grabaciones con el argumento de que están sacadas de contexto. Cerdán afirmó que se convirtió en objetivo por su actividad política. Y, en concreto, por sus atribuciones como negociador con los dirigentes de EH Bildu y de Junts per Catalunya.

Tras el interrogatorio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, calificó de “pobres”, “sesgadas” e incluso “victimistas” las explicaciones ofrecidas por Cerdán y solicitó su ingreso en la cárcel. La semana pasada, la Fiscalía rechazó pedir prisión provisional para el exministro José Luis Ábalos y quien fuera su asesor Koldo García y el juez mantuvo a ambos en libertad. El fiscal Luzón llevaba escrita su petición de prisión para Cerdán.