Por primera vez en la historia
Denuncian que Milei “censura” y “ataca a la prensa” tras prohibir el acceso a la Casa Rosada de los periodistas acreditados
La decisión del Gobierno de cerrar la sala de prensa en la Casa Rosada y de prohibir el ingreso a los periodistas acreditados generó una fuerte repercusión pública y política. Los propios trabajadores de prensa afectados emitieron un comunicado exigiendo que se retrotraiga la medida, mientras el gremio Sipreba denunció censura. También hubo varias declaraciones contra la medida oficial desde el Congreso, mientras voces ligadas al oficialismo decidieron guardar silencio ante la consulta de elDiarioAR. Solo hizo una velada expresión la diputada bullrichista de La Libertad Avanza Silvana Giudici: “La sala de periodistas de la Casa Rosada no debe cerrarse, ni se cerrará”.
“Desde esta mañana, por una medida discrecional y sin notificación previa de la Secretaría de Comunicación y Medios, los periodistas acreditados en Casa Rosada tenemos el acceso prohibido a nuestro lugar de trabajo debidamente acreditado”, comunicaron los acreditados en la Casa Rosada. Unos 60 trabajadores de distintos medios, de todo el abanico editorial, fueron afectados. “La decisión, que sigue sin ser justificada oficialmente por parte del Gobierno nacional, sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa, el ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía”, afirmaron en su comunicado.
“Solicitamos una pronta resolución del caso y exigimos al gobierno el cese de los ataques a la prensa”, cerró el texto de los acreditados en Balcarce 50.
También desde el gremio de Sipreba hubo una fuerte definición de censura por la medida de Javier Milei, adoptada por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y Javier Lanari, secretario de Medios. “Repudiamos el acto de censura que se suma a la escalada de abusos de poder de parte de Javier Milei, quien no solo insulta, difama y hostiga a periodistas y trabajadores de prensa que realizan su trabajo, sino que presiona por despidos, como es de conocimiento público”, expresó el sindicato de prensa en redes sociales.
El argumento oficial que brindó el Gobierno es que la medida responde al supuesto “espionaje ilegal” por parte de un programa del canal TN, que filmó días atrás los pasillos de Balcarce 50 con unos anteojos de última generación con cámara. Este miércoles se conoció que Casa Militar, el organismo de quien depende la seguridad presidencial, denunció penalmente a dos periodistas del medio del Grupo Clarín.
Según un mensaje que publicó Lanari en sus redes sociales, “la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”. “El único fin es garantizar la seguridad nacional...”, cerró el funcionario.
También hubo un comunicado del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió que “se trata de una medida de extrema gravedad institucional”. “Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”, agregó la entidad.
FOPEA señaló que, según surge de la información disponible, el equipo periodístico de TN “había dado a conocer el trabajo que se encontraba realizando dentro de la Casa Rosada, un ámbito que, aun con normas específicas de funcionamiento y seguridad, mantiene su carácter de espacio público”.
También la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió el accionar del Gobierno: “El acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada, y que resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno”, expresó en un comunicado. “ADEPA advierte que la existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas que limiten el acceso a la información pública”, concluyó.