El funcionario porteño que supervisó el proyecto de Paseo Gigena se suma ahora al estudio arquitectónico de la obra

El caso Paseo Gigena suma un nuevo capítulo. El edificio ubicado en Dorrego y Libertador, rebautizado como Ola Palermo, y en cuyo financiamiento participaron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sigue generando controversia.

Esta vez no es porque los responsables del millonario emprendimiento inmobiliario que se levantó sobre un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires continúan sin cumplir con el contrato que firmaron con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Tampoco porque el edificio fue construido sobre caños maestros de Aysa, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes circulan por el edificio y la provisión de agua potable a 500.000 vecinos porteños. Ni siquiera porque el error le costará a la Ciudad más de $3.000 millones en obras públicas para desviar los caños y salvar el emprendimiento privado.

No es porque los privados debían destinar al menos 1.000 metros cuadrados a un espacio público dentro del predio concesionado por la Ciudad, donde antes se encontraba el estacionamiento del Hipódromo de Palermo, y aunque la parte comercial ya está habilitada para su explotación y los alquileres se cobran en dólares, la zona que se reservó como espacio público sigue sin habilitarse en su totalidad.

Tampoco porque el metro cuadrado en Paseo Gigena oscilaba en mayo de 2025 entre los US$34 y US$38 para el alquiler mientras la empresa BSD, desarrolladora del proyecto, paga a la Ciudad un canon en pesos. O mejor dicho, comenzará a pagarlo recién dentro de ocho años, en compensación por una obra extra que debió hacer por la presencia de los caños de Aysa y para poder inaugurar el edificio.

Esta vez, Paseo Gigena generó murmullo en el ámbito político de la Ciudad, luego de que Álvaro García Resta, ex secretario de Desarrollo Urbano porteño anunciara su incorporación al estudio ODA de New York como asesor en Urbanismo. ODA es el estudio de arquitectura que diseñó Paseo Gigena durante la gestión de García Resta en el gobierno de Rodríguez Larreta (2019-2023). El funcionario continuó a cargo de Desarrollo Urbano durante la Administración de Jorge Macri hasta finales de 2024.

¿Puede García Resta trabajar para un privado involucrado en un proyecto que él debía supervisar como funcionario a sólo meses de haber dejado la función pública? Es lo que se preguntaban en un pequeño grupo de entendidos sobre el millonario proyecto inmobiliario. Es un posible caso de lo que se llama “la puerta giratoria” entre el sector público y privado.

De acuerdo con la Ley de Ética Pública de la Ciudad de Buenos Aires, los funcionarios deben esperar al menos un año después de finalizar en la gestión pública para “mantener relaciones contractuales con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que haya prestado funciones”. Toda la ejecución de la obra estuvo a cargo de Desarrollo Urbano, de acuerdo al pliego de bases y condiciones de la licitación del terreno público.

En 2020, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que trabaja sobre incompatibilidades y conflictos de intereses de los funcionarios públicos, presentó propuestas de modificación al proyecto de Ley de Ética Pública de la Ciudad, entre las que incluyeron una sobre puerta giratoria y el período de “enfriamiento”, como se llama al lapso de tiempo que debe pasar entre el cese en la función pública y el ingreso a un privado que fue fiscalizado o mantuvo contratos con el área del funcionario saliente. “La propuesta temporal de un año es muy limitada y se aleja de cualquier plazo razonable contenido en recomendaciones internacionales”, explicó Clara Lucarella, coordinadora de los Programas de Fortalecimiento de la Democracia y Apertura del Poder Judicial de ACIJ.

“De acuerdo al análisis realizado por la OCDE en el documento ‘La gestión de los conflictos de intereses en el servicio público’, en gran parte de la legislación comparada el tiempo de apartamiento es siempre mayor al tiempo establecido en este proyecto de ley”, afirmó Lucarella. Por ejemplo, el plazo en la legislación de Francia es de cinco años. “Eso resulta más apropiado para cumplir con el objetivo esperado, ya que supera un mandato de Jefe/a de Gobierno y las probabilidades de poder tener información o vínculos en la administración se disminuyen”, aseguró la abogada.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó en su informe a Argentina que incorporara regulaciones de “puerta giratoria” en la normativa de ética pública. En los ejemplos de otros países, hay casos en los que el período de enfriamiento es de dos a cinco años, según el cargo ocupado. Transparencia Internacional, por otro lado, recomienda un período de enfriamiento de por lo menos dos años.

García Resta ni siquiera esperó el corto año que plantea la ley porteña. Sin embargo, en diálogo con elDiarioAR, el exfuncionario destacó que a pesar de que el diseño del edificio de oficinas y locales estuvo a cargo de ODA, el estudio arquitectónico no firmó ningún contrato con el Gobierno porteño sino con los desarrolladores privados que son concesionarios del Estado capitalino. Este medio también se comunicó con el estudio ODA pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta sobre su posición al respecto.

Su caso es una delgada línea gris, dicen en la Dirección de Ética Pública de la Ciudad. Incluso con esa salvedad, García Resta se mostró durante años en la obra de Paseo Gigena, de acuerdo con las notas de prensa y fotografías publicadas por el Gobierno porteño, e incluso entrevistó al arquitecto líder del estudio ODA, Eran Chen, en medio de la construcción del complejo. El exfuncionario dijo a elDiarioAR que conoció a ODA y su fundador gracias a Paseo Gigena.

A pesar de las visitas a la obra, los videos que lo muestran en Paseo Gigena supervisando el desarrollo del proyecto y lo establecido en el pliego de la licitación de 2019, García Resta aseguró a elDiarioAR que él no tuvo “ninguna función específica” en torno al emprendimiento inmobiliario, lo que, afirmó, lo eximiría de un posible incumplimiento de la Ley de Ética Pública de la Ciudad.

“Le agradezco especialmente al Arquitecto Eran Chen y a su equipo por su recibimiento, estoy seguro de que haremos grandes cosas juntos”, publicó recientemente en su cuenta de Instagram. Cuando entrevistó a su nuevo jefe en octubre de 2023, en plena obra del Paseo Gigena, Chen definió a García Resta como “un amigo” y “el arquitecto de la Ciudad de Buenos Aires”. También le aseguró: “Gracias a vos y a esta Administración (por la de Rodríguez Larreta) hemos podido convencer al desarrollador (BSD) y a ustedes, y con suerte, al público, de que esta es una situación en la que todos ganan. Si podemos hacer una asociación privado y público, podemos abrir edificios al público, podemos mantener y extender el terreno público y crear experiencia que de lo contrario no obtendrías”.

A más de un año y medio de esas declaraciones del arquitecto, el espacio público de Paseo Gigena continúa sin terminar de inaugurarse en su totalidad y la obra le costará miles de millones de pesos extra a los porteños para desviar los caños de Aysa que siempre estuvieron debajo del predio público sobre el que se construyó un negocio privado.

ED/DTC