El Gobierno se vio obligado a postergar la reforma laboral y recalcula su estrategia en el Senado
La reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei no seguirá el cronograma previsto originalmente por la Casa Rosada. Aunque el oficialismo buscaba cerrar el debate y llevar el proyecto al recinto antes de fin de año, finalmente el tratamiento quedó postergado hasta el 10 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias, un giro que expone las dificultades del Ejecutivo para ordenar su agenda legislativa en el Congreso.
La confirmación llegó de boca de la senadora Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Al cierre del plenario de comisiones, la legisladora admitió que el oficialismo optó por correr la discusión para el año próximo con el argumento de “analizar los pedidos de cambios” y abrir una nueva etapa de negociación con los bloques aliados. “Estamos abiertos a la escucha”, sostuvo.
Sin embargo, puertas adentro del Senado reconocen que la decisión respondió a la falta de consensos suficientes para garantizar una sesión exitosa en diciembre. El Gobierno pretendía firmar dictamen y avanzar rápidamente hacia el recinto, incluso con la posibilidad de sesionar en los días posteriores a Navidad, pero ese objetivo quedó trunco en medio de resistencias políticas y de una fuerte presión sindical, que tuvo como punto más visible la movilización masiva convocada por la CGT.
El cambio de planes obligó al oficialismo a reordenar prioridades. Patricia Bullrich se comprometió ante los aliados a dar tratamiento primero al Presupuesto 2026 y dejar la reforma laboral para febrero, una secuencia que no formaba parte del esquema inicial del Ejecutivo. La nueva hoja de ruta fue consensuada con senadores de la UCR, el PRO y bloques provinciales, que firmaron el dictamen oficialista con la condición de seguir discutiendo modificaciones al proyecto.
Desde el radicalismo y otros espacios aliados valoraron la postergación como una oportunidad para introducir cambios y evitar un escenario de confrontación abierta. “Darle más tiempo al tratamiento va a permitir hacer aportes”, admitió un senador que acompaña al Gobierno, aunque el corrimiento del debate también refleja los límites de la capacidad oficialista para imponer tiempos y contenidos.
La postergación de la reforma laboral se suma así a una serie de contratiempos legislativos para el Ejecutivo, que días atrás también sufrió un revés en Diputados con la caída de uno de los capítulos centrales del Presupuesto. En ese contexto, el Gobierno enfrenta el desafío de llegar a febrero con un proyecto más consensuado y con un escenario político menos adverso.
Lejos del plan original de cerrar el año con una de sus reformas estructurales aprobadas o encaminadas, el oficialismo deberá rendir un nuevo examen en el Congreso en 2026.
Con información de medios y agencias
JIB
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