El Gobierno apura un acuerdo con los rectores para cerrar el conflicto universitario esta semana

El Gobierno busca apurar un acuerdo con el sector universitario para cerrar un conflicto salarial y por fondos que arrastra desde hace más de un año y que tuvo su última expresión en la cuarta marcha federal masiva el pasado 12 de mayo. En los últimos días hubo un fuerte acercamiento entre la Casa Rosada y los rectores con un borrador que todavía es resistido por el frente gremial. Según supo elDiarioAR de al menos dos fuentes universitarias, la intención oficial es que se firme en las próximas horas.

La propuesta oficial es de un aumento del 21,3% salarial a partir de junio y un 3% desde octubre para los trabajadores docentes y no-docentes, así como 20% de suba en las partidas de funcionamiento, 50% para los hospitales universitarios y la misma cifra para las becas Belgrano, aunque no así para las becas Progresar. Entre los puntos también se plantea la creación de una comisión de seguimiento de la Ley de Financiamiento, votada en dos oportunidades por el Congreso y que el Ejecutivo llevó a la Justicia. Actualmente hay un amparo ante la Corte Suprema, que espera que haya una resolución política antes de fallar al respecto.

El acuerdo avanzó en conversaciones que ocurrieron entre el viernes y el sábado pasado. Del lado oficial el encargado es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mientras las universidades están representadas por el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, rector de la universidad de Rosario. Este lunes están en agenda reuniones de las federaciones sindicales. El Gobierno quiere que se cierre entre este martes y el miércoles, pero no contempla que algunos gremios tiene sus propias deliberaciones internas –por ejemplo, Conadu Histórico tiene un congreso nacional el jueves–.

“La novedad es que el Gobierno propone que no sean acuerdos paritarios por sectores, sino que haya un acta única y general donde se incluya la parte salarial, las partidas para el funcionamiento y las subas en las becas”, planteó un dirigente gremial que consideró la propuesta oficial como “extorsiva”, porque el Ejecutivo asegura que tiene que firmarse por unanimidad entre la subsecretaría, el CIN, la FUA (federación de estudiantes) y los frentes sindicales docentes y no docentes.

La tensión sigue porque ya la Conadu formalizó un plan de lucha que incluirá un paro total de actividades desde el 16 al 20 de junio. El Gobierno, a su vez, había planteado que se retirara la demanda judicial a cambio abrir la billetera, pero esa exigencia no fue aceptada por las universidades. El viernes pasado la Corte Suprema rechazó un pedido libertario de recusación contra los jueces porque son docentes universitarios. “No tiene banca social correrse del camino judicial”, planteó un vocero de los rectores.

“Lo que proponen se aleja muchísimo de lo que establece la ley, pero entiendo que el acuerdo está encaminado porque tanto los funcionarios como los rectores quieren firmar ya”, comentó una de las fuentes consultadas. “Aunque está lejos de lo exigido, esto es un golpe al Gobierno”, consideró un dirigente estudiantil que sigue de cerca la pelea. “No es una negociación paritaria, sino que es política”, completó el gremialista consultado.

Uno de los puntos en desacuerdo es que la oferta del Gobierno del 21,3% es un punto intermedio a lo que establece la ley, una recuperación salarial de 45,6% en términos reales, por la inflación desde diciembre del 2023. Además no hay definición sobre la deuda atrasada por el salto devaluatorio de Milei apenas asumió, cuando los trabajadores perdieron 16 puntos. 

Tampoco hay precisiones sobre las becas Progresar que actualmente alcanza a un millón de estudiantes con $35.000 mensuales. Distinto es el caso de las becas estratégicas Belgrano, de unos $81.000 pero con el cupo de 36 mil beneficiarios que cursan carreras de grado y pregrado en áreas consideradas críticas para el desarrollo del país.

Con la propuesta de aumento salarial del Gobierno los sueldos quedarían igualmente lejos del reclamo gremial: un ayudante de primera con dedicación simple llegaría a tener un aumento de poco más de $40.000 de bolsillo (pasaría de $250 mil a menos de $300 mil), mientras que un profesor adjunto con posgrado, 15 años de antigüedad y dedicación exclusiva pasaría de cobrar $1,5 millón a $1,8 millón.

MC