El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó este martes el decomiso de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad, luego de que la sentencia de diciembre de 2022 quedara firme en junio pasado. La medida fue adoptada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La decisión alcanza a 122 bienes inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos de la maniobra de adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, registrada entre 2003 y 2015. El monto original del decomiso, de $84.835 millones, fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores bajo criterios avalados por la Corte Suprema de Justicia.
Ante la falta de pago por parte de los condenados, el tribunal dispuso ejecutar la medida mediante la tasación y venta de los activos.
Entre los bienes figuran propiedades del empresario Lázaro Báez y de sociedades como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, así como terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Kirchner y propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.
Fundamentos del tribunal y pasos a seguir
La sentencia dio por acreditado un circuito de beneficios indebidos que derivó en un incremento patrimonial ilícito, reflejado en propiedades e inversiones compartidas entre Báez y la familia Kirchner. Los jueces rechazaron los planteos defensivos sobre la falta de vínculo entre los bienes y el delito, al señalar que el decomiso requiere una “vinculación razonable” y no una trazabilidad contable estricta.
El fallo citó tratados internacionales, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que avalan la recuperación de activos en casos de corrupción estructural.
El tribunal ordenó inscribir los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y notificará a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia. También instó a que los fondos recuperados se destinen a reparar el daño social causado, especialmente en la infraestructura vial de Santa Cruz.
Lo que había anticipado el fiscal Diego Luciani
Días atrás, el fiscal Diego Luciani advirtió que impulsaba la ejecución del decomiso. Señaló que las partes fueron intimadas al pago solidario de $684.990 millones y no cumplían con el plazo establecido. Tanto Luciani como su colega Sergio Mola habían reclamado al TOF 2 que avanzara de inmediato con la medida contra Cristina Kirchner, Báez y el resto de los condenados.
El monto equivale a unos 500 millones de dólares, según precisó el fiscal durante una exposición en un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires, donde sostuvo que “hay que ir por los bienes” ante la falta de pago.
Con información de NA