Luis Caputo se sumó a la “mesa chica” para definir la letra fina del Presupuesto y la negociación con los gobernadores
La reunión de “mesa chica” de este martes no fue una más. Sin Javier Milei, que permaneció en la quinta de Olivos, esa instancia incluyó la participación del hombre que hoy fija las condiciones materiales de la política argentina: Luis “Toto” Caputo. Sin exposición pública pero con un peso creciente en el diseño del poder, el ministro de Economía se sumó para discutir, durante más de dos horas, el punto más delicado de la segunda etapa de gestión: la letra chica del Presupuesto 2026 y la ingeniería necesaria para conseguir los votos que todavía no están garantizados en el Congreso.
El encuentro ocurrió en uno de los salones del primer piso de Balcarce 50 y reunió a todos los que importan dentro del esquema libertario: desde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hasta el jefe de Gabinete Manuel Adorni, pasando por la todavía ministra Patricia Bullrich y el ministro del Interior Diego Santilli, además del asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Un dato no menor: según pudo saber elDiarioAR, la convocatoria al ministro de Economía no fue iniciativa de él, sino un pedido del círculo político, que necesitaba una señal concreta sobre los montos, prioridades y límites fiscales que ordenarán la negociación con gobernadores e interlocutores parlamentarios. “Podemos seguir hablando con todos, pero sin saber qué podemos prometer, el margen es ficticio”, confesaron cerca de uno de los asistentes. La frase sintetiza el clima de la reunión: sin caja, la política no se mueve.
Caputo llegó con una carpeta técnica y una serie de definiciones preliminares, todavía sin números cerrados. En la mesa se analizó qué se puede incluir en el proyecto definitivo del Presupuesto, qué demandas provinciales están fuera de discusión y qué margen real existe para destrabar la obra pública, la deuda previsional con las cajas no transferidas, el reparto de Aportes del Tesoros Nacional (ATN) y los pedidos de avales para financiamiento externo. A diferencia de las semanas anteriores —en las que Santilli y Adorni recibieron a gobernadores con la promesa de “evaluar caso por caso”—, esta vez el tono fue más crudo: el equilibrio fiscal es la frontera política del Gobierno.
Pero la discusión técnica se entrelaza con la planificación legislativa. Bullrich, futura jefa del bloque oficialista en el Senado, adelantó que la reforma laboral ingresará por la Cámara Alta entre el 10 y el 31 de diciembre, en un mes recortado por las fiestas y con Diputados discutiendo al mismo tiempo el Presupuesto 2026. Martín Menem presiona para tener cuanto antes los textos definitivos. “Para los consensos necesitamos los textos. Estamos esperándolos para trabajar armoniosamente con nuestra gente y los bloques de la oposición”, dijo a Radio Nacional al salir del encuentro. La frase expuso una tensión que ya se siente dentro del Gobierno: el tablero político se mueve más rápido que las demoras técnicas de Economía.
Toma y daca
La presión territorial es otro de los frentes abiertos. Desde que asumió como ministro del Interior —aún antes del decreto de designación formal— Santilli inició una ronda intensiva de reuniones con mandatarios provinciales. A todos les repitió el mismo mensaje: el Gobierno quiere “trabajar en armonía”, pero necesita que los gobernadores acompañen tanto el Presupuesto como las reformas “de segunda generación”.
En medio de esa dinámica, no pasó inadvertido el paso de Raúl Jalil por la Casa Rosada. El gobernador de Catamarca se reunió a solas con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, para avanzar en el punteo técnico del traspaso de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, un activo estratégico para su provincia. El encuentro coincidió con otro movimiento mayor: la inminente decisión de Jalil de retirar a sus cuatro diputados del bloque de Unión por la Patria para conformar una bancada propia, lo que reduciría la representación del peronismo a 92 legisladores y facilitaría el tránsito legislativo del Gobierno.
El propio Caputo dio muestra del orden de prioridades cuando, tras la reunión en Balcarce 50, regresó a su despacho del Ministerio de Economía para recibir al gobernador Ignacio Torres, con quien discutió el histórico reclamo por las retenciones al crudo. Torres volvió luego a Balcarce 50 para firmar un convenio con Santilli. El doble movimiento dejó en claro que el ministro de Economía no solo define el marco fiscal del Presupuesto, sino también la jerarquía de las negociaciones individuales con cada provincia.
Mientras tanto, el Gobierno apuesta a escalar la estrategia legislativa. En Diputados, la expectativa está puesta en la conformación de un interbloque integrado por legisladores vinculados a los gobernadores de Salta, Catamarca, Tucumán y Misiones, cuyo acompañamiento permitiría al oficialismo compensar la fragmentación del peronismo. En paralelo, Bullrich trabaja para ordenar un Senado donde La Libertad Avanza necesita, como mínimo, 17 votos extra para aprobar la reforma laboral.
La Casa Rosada transmite optimismo, pero el cuadro es más frágil de lo que admite públicamente. Las provincias vienen acumulando tensiones por la caída de la actividad, el recorte de giros discrecionales y el desplome del resultado fiscal consolidado. En el oficialismo insisten en que los gobernadores deben ajustarse “como se ajustó Nación”, pero el mapa territorial muestra realidades muy distintas: mientras Salta, San Luis y La Rioja lograron superávit en el último trimestre, provincias como Tierra del Fuego, Buenos Aires y Chubut terminaron con déficits de dos dígitos.
Esa heterogeneidad vuelve aún más delicada la discusión del Presupuesto. En los últimos días, un gobernador disparó la frase que recorre despachos oficiales. “No podemos votar un presupuesto sin saber qué fondos llegan. Si no hay plata, no hay reformas”, trascendió que dijo. La advertencia llegó a la mesa chica y explica, en parte, por qué se decidió involucrar a Caputo en la etapa final de redacción del proyecto.
El Gobierno busca convertir su victoria electoral en poder legislativo efectivo. Pero eso implica un delicado equilibrio entre el rigor fiscal que Milei promete a los mercados y las demandas políticas que le reclaman los gobernadores. Si el Presupuesto 2026 no incorpora incentivos concretos para las provincias, la aritmética parlamentaria que imagina La Libertad Avanza podría desvanecerse en cuestión de semanas.
Por eso, más allá del hermetismo y de la foto familiar libertaria, el mensaje que dejó la reunión de este martes fue más político que técnico: la discusión en torno a la “ley de leyes” será el verdadero test del mileísmo. Y la última palabra no la tiene el Ministerio del Interior. La tiene el Ministerio de Economía.
PL/MG
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