La comisión $LIBRA presenta su informe final: críticas al juez y al fiscal de la causa y sospechas sobre Milei
La comisión $LIBRA de la Cámara de Diputados presentará este martes su informe final y se espera un documento duro y sin matices sobre la cuausa que involucra directamente a Javier Milei, así como el rol del juez federal Marcelo Martínez de Di Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano. El dictamen explicitará lo que la oposición considera ciertos obstáculos judiciales para avanzar en la investigación y también incluirá referencias al Presidente, lo que supondría una base documental para un eventual proceso de juicio político.
El texto final, que reúne material recopilado durante más de nueve meses, incorpora cientos de testimonios, pericias y documentos provenientes de organismos públicos, exchanges de criptomonedas y áreas del Ejecutivo. Su eje no solo apunta a reconstruir el camino de los más de US$120 millones vinculados a la cripto $LIBRA, aquella que promocionó Milei y al poco tiempo desactivó, dejando un tendal de inversores que denuncian ser estafados.
El informe será expuesto este martes a las 16 en la Sala 1 del Anexo y estará a cargo de Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, que anticipó que se incluirán “consideraciones y recomendaciones” hacia la justicia. Un apartado en ese sentido se concentará en Di Giorgi y Taiano.
En la comisión afirman que ambos funcionarios incurrieron en “restricción indebida” del acceso a evidencias, demoras injustificadas en la remisión de documentación y decisiones que, desde la óptica parlamentaria, entorpecieron el trabajo de control institucional. En el documento se describen pedidos frustrados, respuestas parciales, días de trámites rechazados y resoluciones que, incluso después de reclamos formales, mantuvieron cerrado el acceso a material que la comisión consideraba clave.
La Justicia no autorizó la detención ni la indagatoria de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados al escándalo de la criptomoneda, pese a denuncias de riesgo de fuga y entorpecimiento. El juez sostuvo que las medidas cautelares vigentes (como el congelamiento de activos) eran suficientes.
Por eso, el cuerpo legislativo incluirá una acusación formal por mal desempeño e incumplimiento de deberes, y recomendará la apertura de procesos disciplinarios y eventuales acciones penales. También confirmará la elevación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra las resoluciones que limitaron las potestades de la comisión.
Milei, bajo la sombra del dictamen político
El informe también contendrá un capítulo dirigido a la actuación del Ejecutivo en el caso, y allí aparece una de las piezas más sensibles: un dictamen que describe responsabilidades políticas de Milei en la génesis y administración del proyecto $LIBRA.
El dictamen no tiene efectos automáticos, pero queda institucionalmente disponible para sustentar un eventual juicio político en el futuro. El texto se apoyará en informes técnicos, intercambios documentados entre organismos, testimonios de funcionarios y trazas de operaciones vinculadas a la emisión, circulación y posterior derrumbe del activo digital.
Los diputados ordenaron interpelaciones al entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos; el ministro de Economía Luis Caputo; el de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Solo Francos cumplió con ese trámite, el 30 de abril de este año, quien negó sobre la firma de documentos relacionados con el documento “Viva La Libertad Project” del criptoactivo $LIBRA, reiteró que “no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados”.
La actitud del oficialismo fue siempre la de no aportar para el esclarecimiento de la controversia. A través del decreto 332/2025 se disolvió la Unidad de Investigación (UTI) creada tras el tuit de Milei, mientras que los funcionarios citados —como Karina Milei, Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, o Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA— se negaron a presentarse: Melik no aceptó la notificación, en tanto que Zicavo se ausentó en las audiencias.
Preguntas que aún persiguen al caso
Aunque el informe será extenso y documentado, hay puntos que permanecerán abiertos y podrían derivar en nuevas causas. Entre ellos:
- el recorrido completo de los US$120 millones detectados en la operatoria cripto;
- la participación y responsabilidad de intermediarios financieros;
- las señales tempranas ignoradas por reguladores;
- y el rol del Ejecutivo en la promoción inicial de LIBRA.
Estos vacíos reaparecen en el informe, aunque no con respuestas cerradas sino como derivaciones a la Justicia y a organismos de control. Lejos de clausurar la crisis, el informe promete escalar la tensión entre el Congreso y la Justicia Federal, y agregar un nuevo frente al Gobierno.
MC
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