Asesor presidencial
Santiago Caputo defendió la reforma judicial de Milei: “El decreto 222 era una anomalía institucional”
El asesor presidencial Santiago Caputo salió este martes a defender la reforma judicial que el gobierno de Javier Milei oficializó por decreto. A través de su cuenta en X, Caputo cuestionó el decreto 222/2003 —la norma que el Gobierno derogó en sus aspectos centrales mediante el Decreto 467/2026— y la calificó como “una de esas anomalías institucionales que se fabrican so pretexto de conceptos como la transparencia para no afrontar el problema de fondo”.
Para el asesor, el argumento de quienes defienden la participación ciudadana en la designación de jueces es un desvío respecto del diseño constitucional. “El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación, en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado”, escribió.
Caputo ubicó la discusión en un marco más amplio. “La Argentina tiene un montón de problemas institucionales derivados de la falta de comprensión de la clase política de las instituciones básicas del sistema republicano. Básicamente porque hemos sido una república en nombre simplemente durante décadas”, sostuvo. Y cerró con una frase que evoca la Constitución de 1853: “El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Si tienen un problema con eso, lo que hay que hacer es elegir mejores senadores”.
La posición del asesor contrasta con las críticas que recibió la medida desde el derecho constitucional. Especialistas como Andrés Gil Domínguez y Federico Ambroggio cuestionaron que la reforma elimina no solo la participación ciudadana directa sino también los criterios de diversidad de género, procedencia regional y especialidades jurídicas que el decreto 222 imponía al presidente al momento de cubrir vacantes en la Corte. Para ambos, la instancia del Senado no reemplaza la posibilidad de objetar una candidatura antes de que el Ejecutivo tome la decisión.
El Decreto 467/2026 fue firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y se publicó este martes en el Boletín Oficial. Su objetivo declarado es agilizar el proceso de designación en un contexto en que el Gobierno necesita cubrir al menos dos vacantes en la Corte Suprema, además del cargo de Procurador General y Defensor General de la Nación.