El filtro interno del Gobierno

Seguridad, acceso y poder: por qué Casa Militar se volvió clave en la Rosada de Milei

0

“Cuando Casa Militar considere que no hay riesgo de que vuelva a haber filmaciones, los protocolos se van a ir actualizando y modificando”. La frase de Manuel Adorni, pronunciada este lunes durante su primera conferencia de prensa en más de un mes y en medio de la polémica por la restricción de circulación para los periodistas acreditados, volvió a poner en primer plano a un organismo que suele operar lejos de la escena pública, pero que en el gobierno de Javier Milei ganó centralidad política.

Dependiente de la Secretaría General de la Presidencia que comanda Karina Milei, la Casa Militar tiene a su cargo no solo la seguridad del jefe de Estado. También está bajo su órbita la organización de sus actividades oficiales y el funcionamiento logístico de la sede de Gobierno y sus dependencias. Es, en términos prácticos, el dispositivo que regula no solo la protección física del Presidente sino también la circulación cotidiana dentro de Balcarce 50, y que combina personal de las Fuerzas Armadas con cuadros civiles en tareas de gestión, coordinación y administración. Su estructura no es masiva pero sí altamente especializada: está integrada por varios centenares de efectivos —entre militares, personal de seguridad e inteligencia y equipos administrativos— distribuidos entre la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y otros dispositivos de custodia presidencial.

La Casa Militar tiene además una larga tradición institucional. Fue creada formalmente a fines del siglo XIX, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, como parte del proceso de organización del Estado nacional y de profesionalización de la seguridad presidencial. Desde entonces, su rol fue mutando con el tiempo, pero siempre conservó una doble función: custodiar al Presidente y administrar la vida interna de la sede de Gobierno.

En términos formales, su función es técnica. Sin embargo, en la práctica, su margen de intervención se expande hacia lo político. La definición de protocolos de seguridad no solo impacta en la protección del jefe de Estado, sino también en la manera en que se organiza el acceso al poder. Quién entra, por dónde, hasta dónde puede circular, qué puede ver y qué no: todo eso pasa, en última instancia, por Casa Militar.

En ese sentido, no es casual que uno de los primeros movimientos de Karina Milei haya sido intervenir directamente en ese esquema. En marzo de 2024, la secretaria general decidió desplazar a quien era su jefe, Alejandro Guglielmi, un funcionario que había logrado atravesar sin sobresaltos las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. La decisión fue leída en los pasillos de Balcarce 50 como el resultado de tensiones acumuladas y de una supuesta incomodidad creciente del propio Milei con el esquema de custodia vigente. En aquel entonces, trascendió que el fastidio del Presidente se debió a lo que consideraba un exceso de celo en los operativos de seguridad.

El reemplazo de Guglielmi por el coronel mayor Sebastián Ibáñez respondió a esa necesidad de recalibrar el dispositivo. Ibáñez, con pasado como jefe de la Brigada de Montaña en Salta, llegó con un perfil operativo y con la tarea de alinear la estructura de Casa Militar con la impronta del nuevo gobierno. Desde entonces, su gestión no solo se enfocó en la custodia presidencial, sino también en la redefinición de los criterios de acceso y circulación dentro de la Casa Rosada.

Esa redefinición tuvo un punto de inflexión reciente. La decisión de Ibáñez de impulsar una causa penal contra los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno por presunto “espionaje ilegal”, a partir de la difusión de imágenes grabadas dentro de la Casa Rosada, no solo tensó la relación con los medios, sino que derivó en una medida inédita: la suspensión del ingreso de los periodistas acreditados a la sede de Gobierno. Durante varios días, el acceso habitual quedó bloqueado bajo la órbita de Casa Militar, que argumentó razones de seguridad para justificar la restricción.

El episodio funcionó como disparador de un cambio más amplio. La reapertura del acceso, concretada este lunes, no implicó un regreso a la normalidad, sino la implementación de un nuevo esquema. Los acreditados volvieron, pero con circulación limitada, áreas restringidas y protocolos más estrictos, definidos precisamente por Casa Militar. La lógica que quedó instalada es la misma que sintetizó Adorni en su mención durante la conferencia de prensa: el acceso y la visibilidad dentro de la Casa Rosada quedan supeditados a la evaluación de riesgo que haga el organismo.

En ese marco, la Casa Militar dejó de ser un actor técnico para convertirse en un regulador activo de la visibilidad del Gobierno. En la era Milei, la pregunta ya no es únicamente quién accede, sino qué se puede ver, qué puede registrarse y hasta dónde se puede avanzar. La seguridad aparece así como argumento, pero también como herramienta de ordenamiento político. La cuestión deja de ser meramente operativa para pasar a ser parte fundamental de un rediseño en la relación entre el poder y quienes lo observan.

PL/CRM