El Gobierno comenzó el 2023 convencido en llevar adelante un juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Lo dijo Alberto Fernández en su primer mensaje del año y hoy quedará expuesto en una cumbre matinal que encabezará el Presidente con los gobernadores del Frente de Todos.
El proceso es muy largo y el oficialismo sabe que no tiene los votos suficientes en el Congreso para conseguir la mayoría especial necesaria. Sin embargo, en el arranque de un año electoral ya apretó el acelerador para buscar desgastar a los magistrados.
El primer paso ocurrirá este martes desde las 10. En la Casa Rosada, Fernández será anfitrión por segunda vez en diez días de una reunión con los mandatarios provinciales peronistas, luego de que el máximo tribunal dictara en las vísperas a la Navidad una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación federal.
Un grupo de 18 gobernadores rechazaron –con matices– lo decidido por la Corte. La expectativa política está en si esa postal se amplía hoy, con disidentes como el cordobés Juan Schiaretti y el santafecino Omar Perotti, figuritas difíciles en el universo frentetodista, pero que le darían volumen político a la causa.
El Presidente discutirá con los mandatarios la ruta a seguir en el juicio político a la Corte. Originalmente él mencionó solo juzgar al titular, Horacio Rosatti, y que “se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Pero ayer el canciller Santiago Cafiero amplió el caso a toda la cúpula del Poder Judicial.
Fernández ya mantuvo conversaciones telefónicas con los gobernadores como “parte del trabajo colectivo que se había hecho con respecto a las consecuencias que estaba padeciendo el federalismo”, adelantó el ministro de Relaciones Exteriores. La disposición judicial de que el Gobierno le pague a la Ciudad el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables sería la motivación principal de la acusación contra Rosatti y compañía. El kirchnerismo carga las tintas con las filtraciones de supuestos chats entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
Esa causa sería el trazo grueso de un proyecto parlamentario de Resolución como fundamento de mal desempeño de los funcionarios público. Una vez redactado el texto, el Gobierno tiene que enviar la iniciativa al Congreso, puntualmente a la comisión de Juicio Político de Diputados. La Cámara baja tiene la potestad de iniciar la acusación, según establece la Constitución. Además de los jueces de la Corte, el método de remoción de las máximas autoridades alcanza al presidente y vice, a todos los ministros nacionales.
Solo en diciembre pasado ingresaron siete proyectos de ese calibre a Diputados. Todos contra funcionarios del Gobierno: cuatro al Presidente, uno a Cristina Fernández de Kirchner, y dos al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. En todo el año hubo 17 proyectos de resoluciones, principalmente apuntando a miembros del FdT. Apenas uno acusó al juez Ricardo Lorenzetti. Ninguno de los expedientes se discutió en la comisión: la única reunión que tuvo el cuerpo fue el 24 de mayo, para su constitución tras el recambio legislativo de diciembre de 2021.
¿Los jueces en el “banquillo de los acusados”?
El proceso contra la Corte le quitaría la modorra histórica a la comisión de Juicio Político: la última vez que se trató en profundidad un expediente fue a mediados de 2015, contra el juez supremo Carlos Fayt.
Actualmente, el oficialismo cuenta allí con mayoría para aprobar la resolución que envíe el Ejecutivo. De 31 miembros, el FdT ostenta 16 sillas. El cuerpo lo encabeza Carolina Gaillard, diputada por Entre Ríos, aunque está secundada por pesos pesados de la oposición: el vice es Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica; y los secretarios son Mario Negri, jefe del bloque de la UCR; Omar de Marchi, diputado del PRO y vicepresidente primero de la Cámara baja, y Álvaro Gustavo González, también del PRO. Juntos por el Cambio tiene en total 14 diputados en la comisión. El restante lugar es del lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense).
“El bloque del Frente de Todos tiene mayoría en la comisión para tramitar la apertura del sumario para empezar a investigar”, aseguró ayer Gaillard en declaraciones radiales. La diputada precisó que una vez que el Gobierno envíe el texto a Diputados, “se podría convocar a sesiones extraordinarias para que la comisión de Juicio Político se pueda reunir; se fija un temario; se convoca a la comisión con quórum reglamentario y se dictamina la apertura del sumario”.
Es decir que, por ahora, el cuerpo seguirá inmovilizado, más teniendo en cuenta el receso por el verano, a menos que el Presidente incluya el Juicio Político en el temario de extraordinarias de febrero. Sería una jugada riesgosa, teniendo en cuenta que el Gobierno necesita a la oposición para que avancen una serie de leyes que preocupan principalmente al ministro de Economía, Sergio Massa: un posible aumento de impuestos para fondear la porción de la coparticipación que ahora irá a CABA, la moratoria jubilatoria, el blanqueo para pagarle al FMI y una reforma a la ley de lavado de activos. Ya desde noviembre pasado todos los puentes con la oposición están rotos, cuando fracasó la renovación de Cecilia Moreau al frente de Diputados.
Una vez aprobada la apertura del sumario del juicio, comienza a correr un proceso de 60 días con los mismos condimentos de un juicio penal, pero de trascendencia política: podría solicitarse información a jueces federales, pedirle a un juez que ordene interceptar conversaciones telefónicas y hasta la declaración de los propios imputados.
Sería el momento clave del proceso, ya que el FdT buscaría sentar en el banquillo a Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti para que den explicaciones públicas. “Es súper importante la etapa del sumario y la investigación”, comentó Gaillard. Allí será donde el oficialismo se juegue el todo por el todo, porque sabe que en la etapa siguiente tiene las de perder. “Para la instancia del recinto falta mucho y allí se verá”, abrió el paraguas la diputada oficialista.
Es que una vez que se aprueba el dictamen en la comisión, el Juicio Político tiene que bajar al recinto de la Cámara de Diputados. Son necesarios los dos tercios de los votos para que se gire el caso al Senado, donde se define la acusación. De un total de 257 legisladores, el FdT apenas tiene 116 votos propios, un panorama que obturaría cualquier avance. JxC ya se abroqueló en favor de la Corte.
En caso de que la Cámara baja apruebe el dictamen, el siguiente paso del cuerpo es elegir a uno o dos diputados para que presenten la acusación ante el Senado, trinchera de CFK. Allí también hace falta reunir dos tercios de los presentes para destituir o absolver a los acusados. Pero el oficialismo apenas consigue con aliados llegar al quórum de 37 senadores –de un total de 72–.
La Cámara alta sería entonces la última etapa de una ambiciosa y obsesiva jugada oficialista: el año pasado se empantanó el proyecto de ley para ampliar la Corte a 25 miembros. En caso de ocurrir, la condena solo alcanzaría a la inhabilitación de los imputados para ejercer cargos públicos, ya que el proceso no tiene consecuencias penales. Pero, de avanzar, el Juicio Político a los jueces supremos marcaría a fuego el clima político del primer tramo de este año de elecciones presidenciales.
MC