El presidente Javier Milei anunció este lunes que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”. Sin embargo, las autoridades de la UBA manifestaron en las últimas horas, mediante un comunicado en su página oficial, un enérgico rechazo a la propuesta del mandatario, al tiempo que mantienen su plan de lucha, con la marcha federal este miércoles mientras sesiona el Congreso, y con un apagón para este martes desde las 20 contra los vetos presidenciales a las Leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en el Hospital Garrahan.
“Luego de dos años de no contar con un presupuesto aprobado, con prórrogas desactualizadas; y tras registrar en 2025 la inversión más baja de los últimos 20 años para educación superior, el proyecto presentado para 2026 consolida todos los recortes aplicados en el último año y medio y amenaza con llevar al sistema universitario a un nivel de deterioro sin precedentes”, explicaron en el comunicado.
Y detallaron:
“La partida prevista para 2026 no contempla:
- La recomposición de los gastos de funcionamiento.
- La actualización de las becas estudiantiles.
- La reanudación de las obras de infraestructura y mantenimiento que continúa paralizada.
- La recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, gravemente afectados en 2024 y 2025.
- Ni un mecanismo que impida que el presupuesto siga perdiendo valor en 2026“.
Asimismo, desde la UBA advirtieron que, medida en relación al PBI, “la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI”.
Y cerraron el comunicados con un pedido a diputados y senadores: “Más que nunca, resulta imprescindible que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la continuidad y el funcionamiento de las universidades públicas en 2026”.
Medidas de emergencia
La UBA anunció una serie de disposiciones destinadas a reducir su gasto operativo, en línea con el anuncio realizado la semana pasada por el rector Ricardo Gelpi durante la conferencia de prensa en la que advirtió que la Universidad funcionará en “estado crítico”. En este marco, se dispusieron las siguientes medidas:
- Se establece la no utilización de los servicios de acondicionamiento de aire (frío – calor) en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica.
- Se establece la utilización de los ascensores de la Universidad sólo para aquellas personas con movilidad reducida y casos de asistencia o emergencia.
- Se establece la no utilización de los servicios de gas en las calderas en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica.
- Las convocatorias realizadas para los programas de investigación, ciencia y técnica y extensión universitaria estarán supeditados a la efectiva disponibilidad de presupuesto para poder ser afrontadas.
- Las acciones vinculadas por el Programa UBA en Acción estarán limitadas a las financiadas por organismos externos a la UBA y/o aportes privados.
Las medidas previamente mencionadas resultan complementarias de otras que la Universidad viene realizando en algunos casos hace años: plan de reducción de alquiler de edificios; inversión en programas de medición y racionalización del consumo de energía eléctrica, gas y agua; readecuación e incorporación de tecnologías en materia de seguridad en los edificios de la Universidad; convenios con otras áreas del sector público para complementar, potenciar y generar sinergia de la inversión pública en diferentes organismos.
Marcha al Congreso
Mientras la convocatoria a una sesión especial de Diputados para tratar los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario quedó confirmada por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja para el miércoles a las 13, estudiantes y docentes comenzaron este lunes con clases abiertas una semana con foco puesto en la marcha del 17 en rechazo a la decisión del Ejecutivo de no acatar las normas sancionadas por el Congreso.
Las actividades comenzaron este lunes a las 9 con una clase pública en las escalinatas de la facultad, encabezada por el decano Leandro Vergara. “El Congreso va a reunirse el 17 para ver si el veto se sostiene o si se apoya la Ley, que funciona de alguna manera como un paliativo. El deterioro se va a notar con el tiempo”, advirtió en rueda de prensa.
Para Vergara, “no es que mañana va a caer la educación argentina, pero va a ir entrando en una pendiente resbaladiza cuyo fondo es desconocido. Ahora, por ejemplo, está pasando que hay docentes de todas las facultades que se ven en la imposibilidad de seguir dando esa tarea, perdiendo de esa manera excelencia en la docencia”, detalló, al tiempo que remarcó que la única expectativa que tienen autoridades, docentes y estudiantes para la sesión del miércoles en el Congreso es “el rechazo del veto presidencial”.
“Nosotros confiamos que los legisladores que sancionan una ley por mayoría, una ley que es transversal, que atraviesa casi todas las fuerzas políticas, puedan sostener sus votos para insistir con la ley”, sostuvo el decano de Derecho.
La nueva Marcha Federal Universitaria se convocó para el miércoles a las 17 frente al Congreso, será en conjunto con los trabajadores del Hospital Garrahan y se replicará también en varios puntos del país. En tanto, las medidas de fuerza comenzaron la semana pasada con más de 40 clases públicas que se dictaron en Plaza de Mayo.
“Estado crítico”
La Universidad de Buenos Aires pasará a funcionar “en estado crítico para terminar el año”, así lo anunció días atrás el rector, Ricardo Gelpi, luego de conocerse el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo.
De acuerdo a Gelpi, “la educación pública universitaria constituye un orgullo para la sociedad argentina” y “con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”, advirtió.
Tras la confirmación vía Boletín Oficial del veto a la Ley de Financiamiento Educativo –que sancionó el Senado el 22 de agosto pasado con 58 votos afirmativos y 10 negativos–, las autoridades de las universidades nacionales, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), brindaron el pasado jueves una conferencia de prensa para reclamar por el futuro de la educación, la salud y la ciencia y pedirle al Congreso “que sostenga esta ley”.
Para el rector de la UBA, “sin educación, sin salud y sin ciencia no hay desarrollo posible, no hay futuro para el país”. “La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión”, detalló el catedrático.
En su discurso frente a los medios, el rrector de la UBA apeló a “la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la ley de financiamiento de la educación universitaria y la composición del salario docente y no docente”.
Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, dijo que los miembros de las comunidades educativas estaban “muy preocupados por la situación que atravesamos. Teníamos la esperanza de que se pudiera recapacitar en un contexto tan delicado del país”, reflexionó.
Según la autoridad de la universidad rosarina, “el Presidente de la Nación tenía la oportunidad de corregir errores, de promulgar una ley que para su aplicación requería una inversión del 0,14% del PBI, absolutamente marginal y sin comprometer al Estado garantizaba condiciones mínimas para llegar a fin de año funcionando con normalidad. Necesitamos que el Congreso sostenga esta ley”, pidió.
La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Consejo Superior del Rectorado de la UBA y estuvo encabezada por su máxima autoridad, Ricardo Gelpi; el presidente del CIN, Oscar Alpa; y el vicerrector del CIN, Franco Bartolacci.
El reclamo de las universidades nacionales
A fines de agosto, en la provincia de Santa Fe, en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), las rectoras y los rectores de las universidades nacionales manifestaron, ante la posibilidad de un veto presidencial de la Ley N° 27.795 (que se confirmó en la madrugada de este jueves), “aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación y que expresa la voluntad de las y los representantes del pueblo argentino, no solo expresamos nuestro más enérgico rechazo, sino que, de ser así, nos movilizaremos para solicitar al Congreso la inmediata ratificación de la norma”.
Los fundamentos del rechazo al veto presidencial
- Dicha ley garantiza el funcionamiento mínimo del sistema universitario durante el 2025 y es absolutamente falso que provoque desequilibrios fiscales. Por el contrario, asegura la continuidad de una política pública esencial para la educación superior y para la sociedad argentina en su conjunto.
- El millón de firmas que acompañamos en la Cámara de Diputados refleja, claramente, lo que nuestra sociedad espera del gobierno nacional: el reconocimiento del derecho a una educación pública de calidad y el compromiso del Estado con su financiamiento.
- Hace más de dos años, en esta misma ciudad de Rosario, antes de las elecciones nacionales, advertimos sobre la necesidad de consolidar y proteger al sistema universitario público. Hoy reiteramos aquellas convicciones.
- La educación pública constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad de nuestra nación. Desde los primeros pasos de la Argentina independiente, surgieron escuelas públicas para difundir la educación y fortalecer la identidad nacional. Reafirmamos que:
- “La educación es un derecho humano universal y un bien social que debe ser garantizado por políticas públicas. La educación no puede ser un negocio para pocos. La educación forma mujeres y hombres en valores democráticos y universales, preparándolos para su inserción en el sistema productivo y en el tejido social, para contribuir al desarrollo y al crecimiento inclusivo de nuestra nación.”
- Por eso ratificamos que “este sistema es fruto del esfuerzo de la Argentina, construido por generaciones de jóvenes y adultos mayores, con la convicción de que el estudio, el esfuerzo y la educación son una herramienta de transformación y de inclusión, un canal de movilidad social ascendente que mejora a las personas y, fundamentalmente, a la sociedad”.
- En consecuencia, exigimos a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la nación la inmediata puesta en funcionamiento de la Ley N° 27.795, Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, herramienta indispensable para evitar un mayor deterioro del sistema universitario público argentino y, en definitiva, para no comprometer el futuro de nuestro país.