Más de la mitad de los chicos de tercer grado no entiende lo que lee. No es que no sepan leer: reconocen palabras, incluso frases. Pero no comprenden. No pueden decir de qué trata un párrafo, qué quiso decir un personaje, cuál es el problema de una historia o por qué algo sucede. El 54,9% de los alumnos de ese nivel quedó por debajo del nivel mínimo de competencia lectora, según las pruebas Aprender 2024. El dato aparece en el primer monitoreo anual del Acuerdo por la Educación, un informe publicado recientemente por la organización Argentinos por la Educación.
Tercer grado es un punto clave: los chicos tienen alrededor de 8 años y ya cursaron primero y segundo, donde deberían haber adquirido las herramientas básicas de lectura y escritura. Si llegan al tercer año sin comprender lo que leen, se rompe la base sobre la que debería construirse el resto de su aprendizaje. Sin lectura, no hay matemática, ni ciencias, ni historia. Y mucho menos ciudadanía.
El informe no señala una única causa. Habla de la falta de continuidad en las políticas, de planes de alfabetización que no se sostienen en el tiempo, de formación docente incompleta y de materiales pedagógicos insuficientes. Pero el problema es más complejo y excede a la escuela. ¿Qué pasa con los hábitos de lectura en casa? ¿Cuánto se lee hoy fuera del aula? ¿Qué lugar ocupa el libro —y no el dispositivo— en la vida de un chico de ocho años?
La Campaña Nacional por la Alfabetización, lanzada en 2023, logró compromisos de gobernadores y candidatos, y en 2024 se reactivaron las pruebas Aprender en tercer grado con un módulo específico de comprensión. Pero la situación de partida es crítica: más de la mitad no llega al nivel mínimo esperado. El objetivo declarado es ambicioso: alcanzar un 85% de comprensión sólida en 2030. Hoy, parece lejano.
Los resultados de la última prueba Aprender, tomada en 2024 a 91.000 alumnos de 3º grado de 4178 escuelas de todo el país, confirman la desigualdad: solo el 39% de los chicos de escuelas estatales alcanzó el nivel esperado en lectura, contra el 62,4% de los alumnos de privadas.
El mismo relevamiento mostró, además, que los hábitos de lectura están en crisis. Un tercio de los alumnos no lee en su tiempo libre ni recibe lectura en casa. Entre las actividades de ocio, la lectura aparece séptima, mientras seis de cada diez chicos ya tienen celular propio. A eso se suma la falta de libros: en 2024 se suspendió la compra nacional de ejemplares y recién en 2025 se aprobaron nuevas adquisiciones, aunque dos de cada tres escuelas dicen contar con bibliotecas en el aula.
La inversión destinada a evaluación e información pasó de representar el 0,29% del presupuesto educativo en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, al 0,02% en 2025, ya en el gobierno de Javier Milei.
Una de las claves para revertir este escenario es disponer de información confiable y frecuente. El informe destaca que el 91% de la matrícula escolar está ahora cubierta por la Base Nacional Homologada, un sistema que permite seguir las trayectorias educativas de manera más precisa. Hubo un avance sostenido entre 2021 y 2024: hoy 24 jurisdicciones reportan datos a la BNH. Pero esa mejora convive con un retroceso: se avanzó en cobertura, pero sin fondos, no hay monitoreo sostenible.
También se avanzó en cantidad de días de clase planificados: en 2025, el promedio fue de 187 días, superando el mínimo legal de 180. Sin embargo, aún no se llega a la meta de 190, acordada tras la pandemia. Más preocupante aún es la imposibilidad de saber cuántos de esos días se cumplen efectivamente, y con qué calidad. El indicador es formal: no contempla paros, ausencias, problemas edilicios o interrupciones varias.
Menos del 10% de los chicos tiene jornada completa
La cobertura es desigual. También lo es el tiempo escolar según la modalidad. El 73% de los chicos asiste a jornada simple, con un promedio de 782 horas anuales. En cambio, los que van a jornada completa —apenas el 9%— tienen 1.466 horas por año. Es decir, casi el doble de tiempo para aprender.
La universalización de la sala de 3 no solo ampliará derechos, sino que impactará directamente en la alfabetización inicial
Pero ¿es solo cuestión de más tiempo en la escuela? No, o no únicamente. También importa qué se hace en ese tiempo, con qué recursos y con qué objetivos. Y ahí aparece otro problema: la ausencia de metas consensuadas entre Nación y provincias. Aunque la Resolución CFE 431/24 —que aprobó el Plan Nacional de Alfabetización— exige fijar metas, al cierre del informe no se había publicado ningún documento oficial con esos compromisos. Tampoco se transparentaron los convenios firmados. En la práctica, la política educativa sigue siendo un terreno discontinuo y opaco.
La gestión escolar no escapa a esa lógica. Según el relevamiento, el 54% de los equipos directivos dedica reuniones frecuentes a tareas administrativas (cada quince días o más), pero solo un tercio acompaña semanalmente el trabajo docente. La tensión entre la burocracia y la pedagogía es vieja, pero sigue sin resolverse. Y sin liderazgo pedagógico, no hay mejora sostenida.
Garantizar más y mejor tiempo de aprendizaje es esencial para asegurar procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad [...] El desafío pendiente es avanzar hacia un sistema que no solo registre los días planificados al inicio del ciclo lectivo, sino que permita monitorear la cantidad de días y horas efectivamente cumplidos
La cuestión de los recursos también es central. En 2023, la inversión consolidada en educación fue del 5,4% del PBI, por debajo del 6% exigido por ley. Pero el problema no es solo de cantidad. El informe muestra que la Argentina tiene resultados educativos más bajos que otros países con igual o menor inversión por alumno. Se gasta, pero se gasta mal. La meta es llegar al 6%, sí, pero también usar mejor cada peso invertido.
En el centro del sistema están los docentes. Y allí aparece otro dato preocupante: Argentina ocupa el puesto 31 entre 35 países en el Índice Global de Estatus Docente. El reconocimiento social de la profesión está en el subsuelo. Y sin prestigio, sin salarios dignos y sin políticas de formación sostenida, difícilmente mejore la enseñanza.
El informe cierra con un dato que podría parecer menor, pero no lo es: el 87% de los docentes usa el diseño curricular vigente de su jurisdicción para planificar las clases. Es decir, hay alineación entre la norma y la práctica. Pero el texto advierte que eso no alcanza si no se refuerzan los contenidos fundamentales, como Lengua y Matemática, con materiales, formación y estrategias claras.
A pesar de los esfuerzos, el sistema no logra garantizar lo más básico: que un chico de 8 años pueda leer y comprender un texto. El informe ofrece una hoja de ruta. Pero sin compromiso político, recursos, formación docente y decisión sostenida, seguirá siendo solo eso: un documento con buenas intenciones.
JJD/MC