Dos años de cárcel para el dueño del sitio web “Roja Directa”, por transmitir partidos de manera ilegal
El popular sitio "Roja Directa" sufrió un duro revés: su dueño fue acusado de emitir de forma ilegal en páginas web fútbol, películas y otros contenidos sin derechos. Esta tarde recibió una pena de dos años de prisión y deberá indemnizar en un total de 500.000 euros a la Liga de Fútbol Profesional, a Mediapro y a asociaciones de cine y de videojuegos.
El acusado, Miguel T.G., de nacionalidad española, creó entre 2013 y 2018 cinco páginas web en las que los usuarios podían ver de forma gratuita partidos de fútbol, películas o descargarse juegos y música, sin tener las correspondientes licencias, a través de las cuales obtuvo unos ingresos publicitarios por más de un millón de euros.
Fruto de un acuerdo de conformidad, por el que Miguel T.G. reconoció los hechos, el fiscal ha rebajado de cinco a dos años su petición de cárcel para él y ha retirado la acusación respecto a su madre, para la que inicialmente solicitaba la misma pena.
Al acuerdo se han adherido las acusaciones ejercidas por La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), Mediapro, la Asociación de Distribuidores e Importadores Videgráficos de Ámbito Nacional (ADIVAN) y la Asociación Española de Videojuegos (AEVI).
En virtud de este acuerdo el presidente de la Sala ha comunicado verbalmente a Miguel T.G. que es condenado a dos años de prisión y una multa de 2.160 euros como autor de un delito contra la propiedad intelectual con la circunstancia atenuante de reparación del daño, además de dos años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad con páginas web.
El magistrado advirtió de que la condición para no ejecutar su ingreso en prisión es que no delinca en cinco años y abone las indemnizaciones a los perjudicados en un plazo de siete años.
En concreto debe indemnizar en 125.000 a la LNFP, en otros 125.000 a Mediapro, en 241.000 a ADIVAN y en 9.000 a AEVI, además de poner a disposición de los perjudicados todos los bienes que se le decomisaron.
Al acusado se le devolverán los ordenadores que le fueron incautados una vez borrados todos los contenidos ilícitos.
La sentencia recogerá los hechos declarados probados por la Fiscalía, que han sido reconocidos por el acusado.
DA
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