La Asociación Gremial de Computación (AGC) ha presentado una denuncia formal este martes contra los unicornios Globant –legalmente se llama Sistemas Globales S.A.–, Despegar y otras 19 empresas del sector ante la autoridad de aplicación de la ley de promoción de la economía del conocimiento, es decir, desde el ministro de Economía, Luis Caputo, hastael subsecretario del área específica, Sergio Pordelanne.
El gremio acusa a la empresa dirigido por Martín Migoya, a Despegar y a las otras firmas de incumplir una de las obligaciones esenciales y materiales para acceder y mantener los grandes beneficios fiscales que otorga esa ley: el mantenimiento y/o incremento de la nómina de personal. La AGC denuncia que sólo Globant echó a 453. La empresa es considerada un uniconio porque vale más de US$1.000 millones –US$2.500 millones, tras derrumbarse 74% desde febrero–.
Pero el sindicato calcula que el número total de empresas que despidieron pese a la promoción millonaria es aún mayor y puede llegar a un centenar. Los despidos, más de 3.000. Entre las compañías denunciadas en esta primera instancia también figuran Hexacta, Biside, Atos, Arbusta, ARL, Health Management Solutions, IAFH Global, Everis, Epidata, Pragma, QServices, Axoft y Snoop. QServices pertenece al presidente de la Cámara de la Industria del Software (CESSI), Pablo Fiuza, y Snoop, a su antecesor en el cargo, Sergio Candelo.
“Globant es un caso testigo en un universo de numerosas empresas que se encuentran en la mira sindical por la misma maniobra: recibir miles de millones de pesos del Estado para subsidiar salarios a través del bono de crédito fiscal, que cubre hasta el 70% de las contribuciones patronales, y, al mismo tiempo, realizar despidos”, apuntó el gremio. “Una empresa no puede usar fondos públicos para su colchón financiero mientras deja a cientos de informáticos sin trabajo”, se quejó el secretario general de la AGC, Ezequiel Tosco. “Los subsidios fueron otorgados bajo la promesa de crear y sostener empleo de calidad, no para financiar crisis corporativas y despidos. Esto es un fraude primero a los trabajadores, a la ciudadanía y un abuso al Estado”, completó.
La AGC aclara que su denuncia no se basa en rumores sino en la tendencia a la baja de la nómina de personal afectado a las actividades promovidas por la ley. El gremio presentó como prueba documental un informe (ver abajo) que revela la constante reducción de empleados de Globant durante la primera mitad del año, incumpliendo el plazo de 60 días para cubrir las bajas.
Según los datos obtenidos por la Agencia de Acceso a la Información Pública, la plantilla de personal promovido de Globant se redujo en 453 puestos de trabajo entre enero y julio de 2025. Esta reducción objetiva viola, según el gremio, lo estipulado en el artículo 4° apartado III de la Ley 27.506, que exige “mantener y/o incrementar su nómina de personal respecto de la declarada al momento de la presentación de su solicitud de inscripción”.
El incumplimiento de este requisito esencial no es una falta administrativa menor sino una causal para la revocación de la inscripción y el decaimiento de pleno derecho de los beneficios, según el sindicato. La sanción más temida por las grandes corporaciones es el “clawback” (restitución). Si la autoridad de aplicación comprueba que la reducción de plantilla excedió el margen de excepción de 60 días, Globant se vería obligada a:
- devolver retroactivamente la totalidad del bono de crédito fiscal (70% de las contribuciones patronales) utilizado desde el inicio del incumplimiento;
- devolver los montos de reducción del impuesto a las ganancias;
- pagar las multas e intereses aplicables a la deuda fiscal.
El monto total, acumulado durante los años de vigencia del régimen, representa una “deuda fiscal monumental” que impactaría directamente en el balance de la multinacional, advierte AGC. Ya la empresa viene barranca abajo en su cotización por resultados operativos decepcionantes para los inversores, menores utilidades, caída de las expectativas, retrasos y cancelaciones de proyectos de clientes, entorno económico mundial frágil, menor demanda de tecnología y el impacto de la revolución de la inteligencia artificial en el negocio de la programación.
El sindicato subraya que la distorsión en la asignación de fondos públicos sin causa legal podría, incluso, constituir un delito de naturaleza federal. El Régimen de Economía del Conocimiento se promulgó con el objetivo explícito de promover actividades basadas en la innovación y, fundamentalmente, “fomentar el empleo de calidad” y el desarrollo de pymes.
En virtud de lo expuesto, la AGC exige a la Subsecretaría de Economía del Conocimiento que inicie las acciones de verificación y control pertinentes, en particular:
- auditoría específica: disponer el inicio de un procedimiento de auditoría a Sistemas Globales S.A.;
- pericia contable: solicitar a los organismos de recaudación la información para realizar una pericia sobre las nóminas salariales y contribuciones patronales y así determinar de forma fehaciente la reducción de personal;
- libre deuda gremial: Intimar a la empresa a presentar la acreditación del normal cumplimiento de sus obligaciones gremiales, como lo estipula la ley.
“La presentación gremial, además de buscar la sanción fiscal, tiene como objetivo restablecer la transparencia en la asignación de fondos públicos y recordar a las grandes empresas que el beneficio viene de la mano de una responsabilidad social ineludible”, sentencia la AGC. elDiarioAR consultó a Globant, Despegar y la CESSI, pero no obtuvo por ahora respuesta.
AR/MG