Varios días después de lo esperado, la Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió este viernes en el juicio por la expropiación de YPF determinó aceptar la la medida cautelar que suspende el traspaso del 51 % de las acciones que el Estado argentino posee en la petrolera. Den todas las opciones que tenía por delante la Corte, terminó tomando la más favorable al país.
De esta manera, el tribunal deja en suspenso lo que había dictaminado la jueza Loretta Preska el pasado 30 de junio, obligando al Estado argentino a pagar U$S 16.000 millones o, en su defecto, cancelar la deuda con el 51% de las acciones que posee en la petrolera.
Tras una cautelar presentada en julio por la defensa argentina, ahora el Estado logró que la medida ordenada por Preska se mantengamela en suspenso.
El juicio por la expropiación –ordenada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner– lleva más de 10 años. Desde entonces, el Estado mantiene una pelea contra los denunciantes: los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos.
Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales, señaló en X que “Argentina deberá comenzar a tratar los fallos de los litigios internacionales como activos y dejar de mirarlos como pasivos. Cerrar estos juicios ayudará a mostrar al mundo que, finalmente, empezamos a cumplir con los contratos y comprometernos a respetar el Estado de Derecho, pilar fundamental para atraer inversiones. Los beneficiarios de sentencias, por su lado, deberán entender que, ayudando a Argentina, se estarán ayudando a ellos mismos”.
El el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, celebró en X la decisión de la Corte: “El tribunal de apelaciones en el caso YPF ha decidido: aceptar la solicitud de Argentina, por lo que la orden del 30 de junio de 2025 queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones y que el Gobierno de Estados Unidos presente sus documentos como ”‘amigo de la corte’“.
Con la medida del tribunal el Gobierno gana tiempo mientras espera que a fines de octubre se realice la primera audiencia para definir la cuestión de fondo, es decir la apelación del fallo de Preska que favorece a los fondos.
El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% –Repsol terminó cobrando por un acuerdo con aquella administración en 2014– sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada Argentinización de YPF.
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