Eliminación de impuestos y más subsidios, las estrategias de los países de la región para contener la suba en alimentos y energía “vedadas” a la Argentina

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, eliminó aranceles a la importación de una canasta de productos básicos

El efecto de los programas expansivos de la pandemia, sumados a la alteración que generó el mercado de los alimentos y la energía la guerra entre Rusia y Ucrania, dispararon la inflación en todo el mundo, que cada país intenta contener a su manera. En Latinoamérica, donde los índices de suba de precio interanual multiplican el resultado de 2021, se ensayan algunos caminos que la Argentina no ha decidido recorrer hasta el momento.

Las principales economías de la región avanzaron con decisiones que incluyen eliminación de impuestos internos, aumentos de subsidios y reducción de aranceles a la importación. Aún si la Argentina quisiera avanzar por esos caminos, que en algunos casos implican un ideario más liberalizador de la economía, se encontraría con limitaciones concretas para hacerlo: es el único país bajo un monitoreo estricto del Fondo Monetario Internacional, con el que acaba de renegociar una deuda de US$45.000 millones y frente al que se comprometió a mejorar su performance fiscal. La Argentina no puede sacrificar recaudación o reforzar gastos. 

Para Marcelo Elizondo, experto en comercio internacional y director de la consultora DNI, entre los países de la región “hay líneas de agenda muy distintas”. “Uruguay y Brasil son gobiernos más promercado, más orientados a reducir el peso del Estado e incentivar la apertura internacional y otras, como Bolivia, más de intervención gubernamental”, explicó. 

Según agrega Guido Lorenzo, economista jefe de LCG, son medidas transitorias que tratan de reducir el efecto de la redistribución que traen estos shocks de precios y que, en gran parte, funcionan porque son excepcionales. En la Argentina, en cambio, muchas estrategias antiinflacionarias ya están metabolizadas dentro del sistema por su uso recurrente o extendido.  

Ya en noviembre pasado Brasil se anticipó y anunció una baja del 10% en los aranceles a las importaciones, de aproximadamente el 87% del universo arancelario. Esta decisión, no consensuada previamente con el resto de los países que integran el Mercosur y justificada en la situación de emergencia generada por la pandemia, perforó el Arancel Externo Común (AEC) y le dio argumentos a Uruguay para avanzar con su pedido de negociar unilateralmente con otros países.

“Brasil tiene una búsqueda de mayor apertura de la economía y le vino bárbaro la suba de alimentos para bajar aranceles a las importaciones, algo que vía Mercosur no hubiera podido hacer. Es algo que el gobierno quería hacer desde antes, aprovechó la ocasión”, apuntó Elizondo.  

¿Afectará esto la relación entre los países que integran esta alianza comercial? Para el especialista,  la relación intra Mercosur ya estaba afectada desde antes. “Brasil ya bajó aranceles y Uruguay se cortó solo para tratar de firmar un acuerdo con China. Yo creo que en un momento de confluencia, los países hubieran resuelto el conflicto juntos, pero en un contexto de distancia como este, se agrava la diferencia entre países”, opinó. 

Adicionalmente, a fines del mes pasado Jair Bolsonaro definió suspender hasta diciembre el impuesto para importar etanol y seis alimentos de la canasta básica, con el objetivo de aumentar la oferta y frenar la creciente inflación, que en 2021 fue de 10%, más que el doble del 4,5% de 2020. Los seis productos son: café molido, azúcar, aceite de soja, margarina, queso y fideos. 

En el caso del etanol, se espera que sirva para aliviar en algún grado el precio de los combustibles, que en 2021 ya se dispararon alrededor de un 50% en Brasil y este año siguen una tendencia al alza, acelerada tras la invasión rusa de Ucrania. A mediados de marzo, presionado políticamente por los aumentos en los precios de los combustibles, Bolsonaro también había decidido desplazar al titular de Petrobras, Joaquim Silva e Luna.

No es la primera vez que Bolsonaro define una medida de este tipo. Ya en 2020, en plena pandemia, impulsó –vía la Secretaría Nacional del Consumidor, que depende del Ministerio de Justicia– el control de precios de arroz y porotos contra su propio equipo económico.  El organismo inició investigaciones en 10 grandes cadenas de supermercados y 21 redes de distribución y advirtió que, si se registran “excesos”, serían multadas, contra la voluntad de su equipo económico. Para el ministro Paulo Guedes, semejante estrategia “contradice los principios básicos del neoliberalismo”.

Uruguay, con una línea ideológica similar a la de Brasil, aprobó la semana pasada en su Parlamento un proyecto que elimina por 30 días el IVA al pan blanco, la galleta de campaña, los fideos y las pastas. Hace dos semanas también se votó la eliminación por el mismo plazo del tributo –que es, de mínima, del 10%– para el asado, el corte de carne más popular. La inflación interanual de 2021 fue de 9,4% contra el 1,8% del año anterior. 

Las medidas, impulsadas por el gobierno de  el Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, se complementaron con un acuerdo con frigoríficos para mantener el precio de otros cortes y con productores avícolas para regular el precio de los huevos. Por otro lado, el Gobierno anticipó que analiza la eliminación temporal de los tributos que gravan las importaciones de algunos productos alimenticios que no se elaboran en el país, como el aceite. 

En México –donde la inflación de 2021 fue 7,4%, más de 4 puntos porcentuales por encima de 2020– el presidente Andrés Manuel López Obrador definió otorgar en marzo un subsidio adicional del precio de los combustibles, lo que permitió que los valores en los surtidores aumentaran menos que lo que marca la fuerte suba internacional del precio del barril de petróleo. En realidad, se trata de la eliminación del 100% de la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre la gasolina Magra, Premium y Diésel, que ya había sido reducida. 

El mandatario también anticipó que se anunciará un paquete de incentivos a la industria para incrementar la producción de alimentos y analiza imponer precios máximos a los alimentos de la canasta básica para intentar frenar una escalada de precios desbocada. “Estamos haciendo un plan de producción de alimentos para que haya más oferta y podemos también con los alimentos controlar la inflación. Lo mejor para frenar la inflación es producir, que haya oferta, pero también ayuda el control de precios”, dijo López Obrador. 

Elizondo recuerda la crisis que generó en México, en 2010, la suba del precio de la tortilla de maíz, alimento central en la dieta de ese país. “Todavía en ningún lugar el aumento de los precios de los alimentos ha generado reacciones sociales tan grandes como ocurrió una década atrás, con la última gran suba de los commodities, y el gran desafío de los gobiernos es evitarlo”, apunta. 

En el caso de Chile, que marca una inflación interanual superior al 9%, el flamante mandatario Gabriel Boric presentó la semana pasada su primer paquete económico. Puso el acento en reforzar los ingresos de las familias (aumento del salario mínimo y continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia, por ejemplo) más que en medidas de corto plazo para contener precios. De todos modos, envió y aprobó en el Congreso un aumento del límite de los fondos destinados a estabilizar el precio de los combustibles, lo que significa un mayor desembolso de recursos del Estado. 

En Perú, en medio de un clima de tensión social y conflictos en las calles, Pedro Castillo suspendió un impuesto para algunos tipos de combustibles y también para el diésel, que explicaba entre 28% y 30% en el precio en los surtidores. Este país tuvo en 2021 una inflación de 6,4%, más que el 1,9% de 2020. Hay más casos, de economías más pequeñas. En El Salvador, por ejemplo, se congelarán los precios en los surtidores por los próximos dos meses y también se eliminará el IVA para los productos de la canasta básica.

La estrategia de la Argentina, donde el problema de la alta inflación precede a la coyuntura actual, ha ido hasta el momento por otros caminos. El ministro Martín Guzmán insiste que un ordenamiento de la macroeconomía es el trasfondo central de una mejora en este frente, por lo que el compromiso con el pacto firmado con el FMI aparece como la estrategia central, más allá de las medidas de contención que pueden articularse desde la Secretaría de Comercio Interior.  

Un informe muy difundido de la Fundación Agropecuaria por el Desarrollo de Argentina (FADA) mostró que de cada $100 que se pagan por los principales alimentos (contempla pan, leche y carne vacuna), unos $25 son impuestos, la gran mayoría nacionales. Estos datos son recogidos por economistas de la oposición que proponen eliminar el IVA para compensar la suba. Es una medida en la que el gobierno de Mauricio Macri ya incursionó entre agosto de 2019 y el cierre de ese año, que no dio los resultados esperados. En septiembre de 2019 la inflación mensual llegó a 5,9% y terminó en 53,8% anual, la inflación más alta desde la hiper de 1991. 

Por otra parte, es una medida que va en contra del cumplimiento de las metas acordadas por el FMI, que exigen una suba en la recaudación. El IVA, por caso, representa el 30% del total de recaudación tributaria. Además, es coparticipable entre las provincias, por lo que su eliminación sería motivo de conflicto –como lo fue en 2019– con los gobernadores. 

Del mismo modo, un aumento de los subsidios a la energía –un sector ya de por sí muy subsidiado– va en contra del objetivo de bajar el déficit fiscal primario del 3% que marcó en 2021 al 2,5% este año. Que el organismo internacional continúe con los desembolsos de dinero programado depende directamente de que se pueda dar cuenta de ese avance en las sucesivas revisiones. 

Por el momento, la secretaría que conduce Roberto Feletti apunta a suavizar el impacto de inflación de alimentos por la vía de los fideicomisos cruzados –se captura parte de la renta extraordinaria de los exportadores y se destina a subsidiar a quienes venden en el mercado interno– el control de precios mediante una serie de canastas reguladas, la restricciones a la exportación de carne y la mejora de los ingresos de las familias por la vía de la tarjeta Alimentar.

DT/CC

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