Fechas flexibles y margen de maniobra: los “peros” de la segmentación tarifaria

Luego de una larga espera, el viernes pasado se publicó el formulario que los usuarios de electricidad y gas de todo el país deberán llenar si quieren seguir recibiendo sus facturas con subsidio del Estado. El secretario de Energía, Darío Martínez, informó que las inscripciones se harán durante el mes en curso y el nuevo cuadro tarifario comenzará a regir a partir del 1° de agosto, pero esa es solo la idea original. En los hechos, el plan incorpora un mayor margen de maniobra.  

Santiago Yanotti, vicepresidente de Cammesa, confirmó en declaraciones a Urbana Play que si llega fin de mes y el universo de usuarios sin registrarse es demasiado amplio se extenderá el plazo. Como consecuencia, también se postergará la fecha de vigencia de los nuevos cuadros tarifarios de agosto a septiembre. 

Yanotti, que acompañó a Martínez en la conferencia de prensa en la que se presentó el formulario, dijo que estiman llegar a 13 millones de hogares con electricidad y 9 millones de hogares con gas. Para poner la segmentación en marcha, apuntan a que esté registrado al menos la mitad de ese universo. 

En un primer momento se tomará como válida la información que aporte cada usuario en el formulario –que tiene carácter de declaración jurada– y se le asignará un segmento en función de esos datos. Pero a lo largo de agosto el Estado se encargará de cruzar esa información aportada de manera voluntaria con las distintas bases oficiales disponibles para validarla y, en caso de que fuera necesario, rectificar la asignación. 

La inscripción comenzó con un buen ritmo. Antes del mediodía del viernes, primer día de disponibilidad del formulario, se inscribieron 50.000 hogares y para las 20 horas ya eran 115.000 en todas las provincias, según fuentes de Energía. Tras el fin de semana, el número ronda los 500.000 usuarios.

Si los cuadros tarifarios actualizados se implementan recién en septiembre eso se reflejaría en las boletas que llegan a los hogares en noviembre. Así el reajuste sorteará los meses de invierno, donde más energía se consume, y los argentinos y argentinas pagarán boletas subsidiadas la mayor parte del año, aún cuando las importaciones de electricidad y combustible son el concepto que más lastima las cuentas públicas actualmente. 

La decisión de retrasar –o, en todo caso, no apurar– la aplicación efectiva de la medida fue impulsada por el sector cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que ocupa los lugares de decisión en política energética. La idea de Martín Guzmán era que el aumento fuera retroactivo a junio, algo que se descartó por dos motivos que están estrechamente relacionados: para no agudizar la convulsión social y para no generar un salto en el índice de inflación. 

“Gran parte del año queda subsidiado en la Argentina. Es una decisión del Presidente”, precisó Yanotti, para quien “lo que la gente no gasta en energía no lo ahorra ni lo transforma en capitales especulativos, va al consumo”. 

El Gobierno quiere además evitar la rebelión de los gobernadores, con quienes la ministra Silvina Batakis busca acercar posiciones este lunes en una reunión. La cuestión tarifas es un tema todavía más sensible fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires dado que los elevados costos de transporte y distribución se reflejan en boletas más caras. La administración del Frente de Todos también busca no propiciar un escenario de judicialización de las tarifas como tuvo Mauricio Macri, cuando un aumento brusco de precios de los servicios generó una ola de amparos y escaló incluso a la Corte Suprema. 

Darío Martínez especificó el viernes que aquellos usuarios que queden incluidos en el segmento de mejor poder adquisitivo tendrán tres aumentos bimestrales de entre $1.200 y $1.300. Sin embargo, ese dato está calculado para una boleta en torno a los $1.900; el aumento efectivo variará de acuerdo al consumo de cada hogar y puede ser inferior o superior a ese número. Se estima que el aumento final, una vez que se pague la tarifa plena, rondará el 200%. 

El Gobierno anticipó también que el decreto que creó el formulario habilita a darle a esa base de datos para otros usos hacia adelante. Por ejemplo, se podría utilizar para segmentar tarifas de agua y transporte público.

DT