En una audiencia ante el Senado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, puso a Paraguay en el centro de una estrategia energética global. Dijo que, ante la creciente demanda de electricidad que impondrán los centros de datos para mantener operando a la inteligencia artificial, será clave asociarse con países que tengan excedentes. Según Rubio, nuestro país dispone de una porción significativa de energía hidroeléctrica que ya no exporta tras el vencimiento de un acuerdo con Brasil —en referencia al Anexo C del Tratado de Itaipú, que está pendiente de revisión—.
«Por lo tanto, alguien inteligente irá a Paraguay y abrirá una instalación de inteligencia artificial», afirmó el secretario de Estado.
Aunque la expresión inteligencia artificial parece evocar un universo abstracto, su funcionamiento depende de una infraestructura profundamente material: tierra, agua y mucha energía. Es esta misma dependencia la que conecta la visión de Rubio con Paraguay. Un estudio de la Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que los centros de datos duplicarán su demanda eléctrica global hacia 2030, alcanzando 945 teravatios hora (TWh), un poco más que el consumo eléctrico de Japón. El crecimiento, dice, estará impulsado por la expansión de la IA.
La experiencia de Paraguay con la criptominería refleja ese mismo contraste entre lo intangible y lo material. Lo que llaman minar implica que miles de computadoras funcionen sin pausa para resolver operaciones matemáticas y obtener criptomonedas. La búsqueda de “oro digital” exige un consumo constante y desmesurado de electricidad; y de eso el país todavía dispone, gracias a sus excedentes hidroeléctricos.
Esos remanentes no son menores. Paraguay cede la energía que no utiliza a Argentina y Brasil, sus socios en las hidroeléctricas binacionales Yacyretá e Itaipú, respectivamente. Les vende esa electricidad a precios preferenciales, por debajo del valor de mercado, lo que ha generado históricos cuestionamientos. Aun así, el aporte de esa venta es importante: después de la soja y la carne, la energía es la tercera exportación paraguaya.
Entre las binacionales, la central de Itaipú sobre el río Paraná destaca como una de las mayores productoras de energía renovable del mundo, cubriendo 9 % del consumo eléctrico brasileño y 86 % del paraguayo. Su magnitud también la convierte en un recurso estratégico para los criptomineros. Solo este año, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) proyecta que el sector demandará unos 950 megavatios, lo que redituará a la empresa estatal entre 200 y 250 millones de dólares. Para hacernos una idea, esa cantidad de energía sería suficiente para abastecer a unos dos millones de habitantes: un tercio de la población paraguaya.
Al consumo eléctrico intensivo y la baja generación de empleo, se suman conflictos en las comunidades. Encontramos que el ruido incesante de una criptominera estadounidense aturde a un barrio de Ayolas, mientras las autoridades locales miran hacia otro lado; tal como ocurrió con vecinos de Villarrica, cuya historia publicamos en nuestra edición de junio. Este reportaje forma parte de la investigación La mano invisible de las big tech, liderada por Agência Pública de Brasil y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reunió a diecisiete medios de quince países, con el apoyo de la organización Reporteros sin Fronteras.
En medio del interés creciente por una energía que escasea a nivel global, la criptominería parece anticipar el escenario que nos depara con el boom de los centros de datos de gran escala en la región.
La disputa por los excedentes
Las criptomineras plantean que el Gobierno les venda el remanente hidroeléctrico de Itaipú. «Le estamos vendiendo a Brasil a un precio residual de unos doce dólares más IVA, y acá nosotros pagamos en promedio cincuenta dólares por megavatio hora. No tiene ningún sentido que eso siga», le dice a El Surti Bruno Vacotti, directivo de la Cámara Paraguaya de Fintech, el gremio que aglutina a la mayoría de las empresas de criptominería.
El Gobierno de Santiago Peña coincide en que hay que vender los excedentes a las criptomineras y crear condiciones favorables para que lleguen centros de datos, con la promesa de que esto servirá para desarrollar industrias que generen puestos de trabajo. El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, ha expresado a medios que la criptominería es una «manera inteligente de monetizar en el corto plazo» el remanente hidroeléctrico; al igual que el presidente de la ANDE, Félix Sosa, quien ha afirmado este año que «tal vez no es la actividad que queríamos en Paraguay, pero sí es una buena oportunidad para nosotros».
Sin embargo, este plan no convence a todos.
«Necesitamos que la energía sea utilizada para el desarrollo y eso se logra a través de la generación de empleo», nos dice Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Históricamente, la cesión a los países socios en las hidroeléctricas ha obedecido, sobre todo, a la escasa industrialización local.
Brasil, principal socio comercial de Paraguay, no ha quedado fuera del tablero. El «acuerdo vencido» del que habló Rubio, que es el Anexo C del Tratado de Itaipú, todavía debe ser revisado. Este documento, que feneció en 2023, define las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la binacional. Las negociaciones están suspendidas desde el 1 de abril, tras conocerse que el Gobierno de Jair Bolsonaro había espiado a Paraguay, algo que continuó durante la administración de Lula da Silva.
La exviceministra de Minas y Energía del Gobierno de Fernando Lugo, Mercedes Canese, aclara que la revisión del Anexo C no implica que se dejará de ceder energía a Brasil. Y ve con preocupación el interés estadounidense.
«Nosotros ya sufrimos el extractivismo de nuestra energía eléctrica cediendo a precios miserables a Brasil y Argentina. Ahora también tenemos la criptominería y otros servicios digitales, que no generan empleo. El interés de Estados Unidos es un capítulo más en esa lógica extractiva que conocemos. No va a cambiar la realidad de Paraguay», dice.
Aunque el funcionario de Trump desinformó sobre el superávit eléctrico, el Gobierno aprovechó para atribuir la mención al intenso lobby de Peña, que busca atraer inversiones de alguna big tech. Hablan de convertir a Paraguay en el hub tecnológico de América Latina, una “Silicon Valley” regional —misma construcción que usa Nayib Bukele en El Salvador—, a fuerza de energía barata, población joven, bajos impuestos y macroeconomía estable.
«La declaración que hizo el secretario de Estado posiciona al país como un punto estratégico para implementar este tipo de inversiones», dijo a El Surti el ministro de Tecnologías, Gustavo Villate.
Pero la experiencia con las criptomineras levanta dudas sobre qué beneficios traerían los grandes centros de datos al país.
Las promesas de una bonanza de millones de dólares
El balance energético del Viceministerio de Minas y Energías del año pasado es lapidario: dice que la criptominería «no tiene un aporte directo en la creación del PIB» de Paraguay. Señala que, solo en los últimos siete meses de 2023, esta actividad consumió 479,1 GWh —un cálculo que no incluye a las criptomineras ilegales—.
En 2022, la ANDE creó un grupo de consumo intensivo especial para las criptomineras y centros de datos con una tarifa en dólares. Estos usuarios pagan entre USD 44,34 y 59,76 el megavatio hora más IVA tras el reajuste del año pasado, un aumento que fue cuestionado por los empresarios. Hasta marzo, un total de 33 clientes tenían contratos con la estatal para 46 establecimientos de este tipo, según respondió la entidad a un pedido de información de El Surti.
El uso de los excedentes de energía para centros de datos permitiría financiar parte de las obras eléctricas necesarias y generar empleo calificado, concluye un estudio del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En un escenario optimista, los investigadores estimaron que la venta a estas instalaciones generaría 1 087 156 000 dólares para la ANDE, de 2024 a 2027, además del IVA para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Como es optimista, prevé que el MEF siga percibiendo los ingresos por cesión de energía.
El doctor en Energía Victorio Oxilia Dávalos, profesor en la Facultad Politécnica de la UNA, considera viable esta propuesta, siempre que el beneficio para el país sea recíproco, algo que hoy no ocurre con la criptominería. «Necesitamos una política sobre la instalación de data centers, que apoye la generación de empleos calificados en el país y el abastecimiento de energía eléctrica a futuro. En este momento no tenemos la abundancia de energía que teníamos hace unos cinco años», dice.
Los centros de datos —bien sean los llamados de hiperescala, que se usan para procesar IA, o bien sea para cualquier otro uso que no sea criptominería— todavía tienen el beneficio de la duda en cuanto a lo que podrían aportar al país; pero aquí la disputa, además de energética, es de terminología.
En general, son instalaciones físicas que almacenan, gestionan y procesan grandes volúmenes de datos, además de alojar los servidores e infraestructuras de la red. El doctor Luis Benítez, secretario de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, explica que tanto los centros de criptominería como de IA necesitan electricidad, conectividad y refrigeración. La principal diferencia está en los computadores que usan. Por ejemplo, los ASIC solo sirven para minar bitcoin, mientras que las máquinas de IA están diseñadas específicamente para esta función.
En su estudio sobre centros de datos, los mismos investigadores del GISE usaron una tarifa referencial de USD 44 por megavatio hora, que está basada en lo que pagan las criptomineras. Pero no todos están de acuerdo en equiparar a estas con los centros de datos.
«Esa historia de confundir las cosas, no. Una cosa son los data centers y otra la criptominería», responde el presidente del gremio industrial (UIP) cuando le consultamos sobre el uso de excedentes para «centros de datos o criptominería». Insiste en que esta última no genera empleo ni valor agregado.
Los criptomineros retrucan. Vacotti reconoce que no generan empleo, pero dice que sus proveedores de transformadores, cables y otros insumos provienen de empresas paraguayas que sí crean puestos de trabajo. Dice, además, que la criptominería proporciona ingresos para que crezca la infraestructura eléctrica del país. Según la ANDE, el sector pagó el año pasado unos 150 millones de dólares y este año calculan que llegarían a 250 millones.
«Si bien la industria electrointensiva no es intensiva en mano de obra, ¿cuánta mano de obra genera venderle la energía a Brasil? Es cero», dice Vacotti, quien también es jefe de Relaciones Públicas de Penguin Group y uno de los fundadores de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad).
Para grupos críticos a la criptominería, como Itaipú Causa Nacional, esta no compensa su alto consumo eléctrico con fuentes de trabajo. El año pasado, la organización presentó al Senado un informe que revela que solo veintidós criptomineras, de las casi cincuenta que en ese momento tenían contratos con la ANDE, registraron a 383 trabajadores en el Instituto de Previsión Social (IPS).
En ese aspecto, la industria de los centros de datos no es tan diferente. Esta alianza periodística encontró que, a pesar de las promesas de miles de empleos directos e indirectos, una vez que se construyen las instalaciones, se crean solo decenas de puestos de trabajo porque se requiere muy poco personal para operarlas. Por ejemplo, un estudio para el gobierno alemán mostró que un centro de datos genera, en promedio, tres empleos por megavatio utilizado; mientras que una empresa química grande en ese país usa 200 megavatios y crea 50 000 empleos directos.
El contraste entre el altísimo consumo de energía y los escasos beneficios laborales es otra arista a considerar para el establecimiento de estas compañías.
En Paraguay, por ahora los contratos de las criptomineras con la ANDE vencen el 31 de diciembre de 2027. Pero para Vacotti esto sería un despropósito. Sugiere que, aquellas que quieran extender sus contratos, puedan hacerlo con la condición de construir, por ejemplo, plantas fotovoltaicas (centrales que generan electricidad a partir de la luz solar) para la empresa estatal. Y que esta les descuente un monto de su factura de luz hasta cubrir parte de la inversión.
La extensión de los contratos tiene eco favorable en el Gobierno. Durante el Paraguay Blockchain Summit 2025 realizado en agosto, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, dijo que la propuesta se evaluará. «No queremos que se vaya esta industria de Paraguay», aseguró en el evento de los criptomineros. Ahí también estuvo el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, quien habló, entre otras cosas, de establecer un régimen tributario especial para criptoactivos.
Hoy las criptomineras aprovechan la inversión pública instalando sus granjas cerca de las subestaciones e incluso, en algunos casos, comienzan a construirlas antes de que estas empiecen a operar.
Por ejemplo, cuando en mayo se inauguró la subestación de 500 kV en la ciudad de Valenzuela, departamento de Cordillera, ya se estaban construyendo a pocos metros dos criptogranjas grandes. Una es de la empresa W3X S. A., y la otra de Cademot S. A., cuyo representante legal es Xinrou Zhu. Zhu también es representante de Muiden S. A., ubicada cerca de la estación del parque industrial de Hernandarias, Alto Paraná. Esta criptominera tiene garantizados 132 000 kilovatios de potencia, la mayor contratación de la ANDE. Junto a esta granja está la planta de Penguin Group, una compañía de origen suizo que tiene como copresidente a Alexander Heldt, exfuncionario de Google.
El investigador Guillermo Achucarro, doctorando en Ciencias y Tecnologías Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que las electrointensivas, como las criptomineras, se instalan cerca de las subestaciones para minimizar la pérdida de energía al acortar la línea de transmisión. En segundo lugar, esto evita las caídas de tensión que se producen a medida que aumentan las distancias. Por último, reduce costos de infraestructura.
Los límites del paraíso de la energía barata
En Paraguay, los cortes de luz son frecuentes, especialmente en verano, y la situación podría agravarse cuando la demanda supere la capacidad de producción eléctrica. Solo el año pasado, el consumo aumentó 18 %, triplicando la previsión de crecimiento anual que se hacía una década atrás. Al respecto, un estudio de la Unión Industrial Paraguaya advierte que el país podría enfrentar una «crisis energética» entre 2030 y 2035, que incluso podría desencadenarse desde 2029, si no se diversifica la matriz energética —la electricidad hoy depende de las hidroeléctricas—. Esto, dice el gremio, derivaría en un estancamiento económico.
«Lo que está acelerando el fin de nuestros excedentes hidroeléctricos es la criptominería, tanto legal como ilegal. En el 2029 ya no vamos a tener excedentes», dice la exviceministra Canese. Existe un subregistro del consumo real de esta actividad, teniendo en cuenta que hay criptomineras ilegales, que son las que no pagan la tarifa en dólares a la ANDE.
El año pasado, las criptogranjas clandestinas causaron pérdidas para la empresa estatal de 2,34 millones de dólares al mes, debido a que no abonaban la tarifa especial definida para la actividad. En julio de 2024, la ANDE consiguió que los congresistas elevaran la pena por el robo de energía de tres a diez años de prisión. Al respecto, el asesor jurídico de la entidad, Nelson Medina, dijo a esta alianza periodística que, desde la vigencia de la Ley 7300, la sustracción perpetrada por criptomineras ilegales «se redujo drásticamente». Datos de la estatal muestran que, durante los cinco primeros meses de 2024 (antes de la ley), hubo dieciocho casos; mientras que en el mismo periodo de 2025 se registraron solo siete. Hasta junio de este año, había cinco imputados y un condenado.
La crisis climática puede agravar las cosas. Paraguay depende de la electricidad de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, ambas en el río Paraná, que redujeron su producción a causa de la sequía en 2024; además de Acaray, una central más pequeña. De acuerdo con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la sequía y las olas de calor son los eventos que más afectan al sector de energía: por un lado, en la generación, y, por el otro, en el aumento del consumo que sobrecarga la red eléctrica.
Si bien el Gobierno asegura que el país está listo para recibir a grandes centros de datos de IA, además de más criptomineras, hay quienes tienen sus reservas. El experto en Energía, Oxilia Dávalos, recuerda que los planes de generación, distribución y transmisión de energía están atrasados; acciones que son urgentes ante el riesgo de crisis energética.
Canese coincide. Las obras de generación son las que llevan más tiempo y hasta ahora no hay nada. Teme que la ANDE opte por centrales termoeléctricas a gas —como sugiere la UIP en un estudio—, que son las que se pueden construir en el corto plazo. Añade que, además del impacto ambiental, le va a costar más caro al consumidor, lo que se conoce como «sobrecosto térmico».
En su plan de generación 2024–2043, la ANDE prevé estas centrales térmicas que usan combustibles fósiles (gasoil, gas) «a pesar de que producen emisiones de gases de efecto invernadero». La empresa estatal dice que utilizarán esto «en el contexto de la transición energética» como un complemento de otras fuentes de energía, entre ellas la solar. El plan contempla la instalación de paneles fotovoltaicos, además de pequeñas hidroeléctricas.
Por otro lado, la empresa estatal no descarta comprar electricidad del sector privado (así como hoy compra de Yacyretá e Itaipú) para cubrir la demanda, lo que podría amortiguar el déficit. Sobre el punto, Oxilia Dávalos también advierte que eso implicará electricidad más cara.
«Puede que el sector privado consiga financiamiento más rápido para centrales de generación. Pero esa electricidad se la va a vender a la ANDE a precios que le permitan recuperar el capital invertido. Son empresas, no tienen un fin social ni de caridad», dice.
Mientras, el Gobierno, fogoneado por las declaraciones de Rubio, insiste en que Paraguay tiene la capacidad para recibir a los centros de datos de hiperescala. Pero, por ahora, lo único concreto con una big tech es una capacitación para emprendedores que lidera Meta con apoyo oficial.
El ministro Villate pide mirar cómo se está moviendo la geopolítica respecto a la IA. «Haciendo un paralelismo con las mesas del petróleo para el establecimiento de precios, que Paraguay pueda estar sentado en una mesa estratégica a nivel global, va a marcar un hito», insiste.
El ministerio que encabeza planea construir un “Distrito digital”, que reunirá gobierno, sector privado y academia, como parte de la estrategia del hub tecnológico. Ahí también se alojará la sede de la universidad de Taiwán, principal productor de semiconductores, un insumo clave en el desarrollo de la IA. Paraguay es el único país sudamericano que reconoce a Taiwán, aunque hoy China es el origen número uno (36 %) de sus importaciones.
No se trata solo de energía abundante y barata. Luis Benítez, de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, dice que hay otros factores que limitan la instalación de infraestructura para IA en el país, como la conectividad, el personal especializado y el clima extremadamente caluroso, lo que obliga a soluciones de enfriamiento avanzadas que, a su vez, pueden implicar un consumo aún mayor de electricidad.
El vocero de los criptomineros, Bruno Vacotti, coincide en parte. Dice que al menos se tendría que triplicar el ancho de banda para que un centro de datos pueda procesar IA en el país. También hace falta un marco jurídico para este desarrollo. Además, explica que hoy la ANDE puede interrumpir el suministro a las criptomineras si necesita cubrir la demanda del sistema eléctrico.
«La energía en un data center de inteligencia artificial no puede ser interrumpida. La IA es mucho más hambrienta con respecto al uso energético», dice.
La presión de los grandes centros de datos también se da sobre otros recursos vitales, como el agua. En Chile, un tribunal ordenó a Google parar la construcción de un data center el año pasado, tras protestas de los pobladores. Denunciaron que la tecnológica usaría agua para enfriar sus servidores, lo que agravaría la sequía que atravesaban. La compañía tenía previsto usar 7,6 millones de litros de agua potable al día para su instalación. El mismo patrón se repite en otros países de la región. Esta alianza periodística halló que otras grandes tecnológicas, como Microsoft y TikTok, compiten por este recurso con comunidades de México y Brasil en zonas que padecen estrés hídrico y donde, incluso, se raciona el agua.
En Paraguay, por ahora, el problema es otro.
El ruido de un negocio intangible
Desde hace tres años, el comerciante Gastón Saint convive con el ruido de una criptominera en el barrio Cristo Rey de Ayolas, una ciudad a orillas del río Paraná, en la que se asienta parte de la hidroeléctrica que el país comparte con Argentina: Yacyretá.
La granja de bitcoin es de Delta Mining Paraguay S. A., subsidiaria de la estadounidense Delta Mining LLC que también opera en Brasil. Se define como una empresa de minería de bitcoin y colocaciones de centros de datos, que «utiliza exclusivamente energía verde». En 2024, pagó a la ANDE cerca de 2 300 000 dólares y su contrato es por 5500 kilovatios.
Saint, que trabaja en la venta de artículos de pesca, vive con su familia a unos seiscientos metros de la criptominera. Aunque en junio hace frío por el otoño, en su casa ponen el aire acondicionado en modo ventilador para amortiguar el zumbido. Solo así consiguen dormir.
«Es un sonido que se escucha adentro, no se puede ni hablar en la casa. Es como la turbina de un avión las veinticuatro horas del día».
El ruido, dice Saint, proviene de los ventiladores que usan en la criptogranja para que las máquinas no se sobrecalienten. Lo mismo ocurrió en Villarrica, donde el zumbido de una criptominera afectó a los pobladores, que durante casi seis meses tuvieron dificultades para dormir; una situación facilitada por la complicidad de autoridades locales, según una investigación de El Surti.
El 29 de agosto de 2024, Saint denunció el hecho en una nota dirigida al intendente Carlos Duarte. Pero más allá de un ida y vuelta de notificaciones, nada pasó. A través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, esta alianza periodística buscó hablar con Duarte, pero este no respondió y sus funcionarios tampoco.
El representante de Delta Mining en Paraguay es Anderson Castorino Montanaro. El empresario nos dijo que resolvieron el problema del ruido «inmediatamente» después de la denuncia.
«Lo que hace ruido es el ventilador de acuerdo con la posición. Entonces, se hizo una plataforma que cubrió el viento y la expansión del ruido. Hubo una queja de un vecino nomás e igual hicimos todo eso. Porque ahí estamos en zona industrial, está todo bajo los decibeles permitidos», dice. A pesar de lo que asegura que hizo la empresa, el ruido seguía hasta agosto de este año, si bien Saint refiere que la intensidad varía y que se escucha más cuando hace calor.
Ante la negativa de las autoridades municipales de responder sobre el caso, no es posible corroborar el dato de la zona industrial. Y Saint se cansó de reclamarles. Lo que más siente es que ya ni siquiera puede salir a tomar mate antes de ir a trabajar. La omnipresencia del ruido obliga al encierro y a dejar de compartir. Resignado, nos dice:
«Y sí, ya nos acostumbramos».
La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.
AR